La captura del exgobernador Ernesto Ruffo Appel por presunto huachicol fiscal abrió cuestionamientos sobre la actuación de la FGR, que obtuvo la orden de aprehensión con una jueza distinta después de un primer rechazo. El caso contrasta con la falta de una comparecencia formal del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, pese a testimonios y documentos que señalan que conoció denuncias sobre una red presuntamente encabezada por sus sobrinos políticos
Ciudad de México, 18/07/26 (Más).- La detención del exgobernador panista de Baja California Ernesto Ruffo Appel, acusado de delincuencia organizada y contrabando de combustibles, abrió un nuevo frente político alrededor del huachicol fiscal: mientras la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió encarcelar a una figura histórica de la oposición después de cambiar de juzgador, el exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán continúa sin ser llamado formalmente a declarar, pese a los testimonios, documentos y vínculos familiares que colocan bajo escrutinio su actuación durante el periodo en que mandos navales controlaron aduanas y puertos.
De acuerdo con información publicada por Latinus, el 22 de junio la FGR solicitó órdenes de aprehensión contra 23 personas presuntamente relacionadas con la red, pero el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio Mario Elizondo Martínez rechazó la petición al considerar que el Ministerio Público no había presentado elementos suficientes para acreditar los delitos. La Fiscalía volvió a intentarlo el 13 de julio, esta vez ante Alejandra Ramírez de la Vega, jueza electa en junio de 2025 que se encontraba de guardia, quien autorizó las capturas contra 25 personas, entre ellas Ruffo Appel.
Ramírez de la Vega concedió también la prisión preventiva solicitada contra los imputados, pero dejó asentado que intervino únicamente por encontrarse de guardia y que la causa penal corresponde al juez Elizondo Martínez, el mismo que semanas antes había negado la primera orden. Así, la Fiscalía obtuvo de una juzgadora distinta la autorización que no había conseguido del juez responsable del proceso, sin que hasta ahora se haya hecho pública una explicación detallada sobre las nuevas pruebas incorporadas, más allá de la ampliación de 23 a 25 personas investigadas.
El cambio de juzgadora no demuestra por sí mismo una manipulación judicial, pero plantea preguntas sobre el reparto de asuntos durante las guardias, la diferencia concreta entre las dos solicitudes y la posibilidad de que la Fiscalía haya buscado una resolución favorable después del primer rechazo. La legitimidad del procedimiento dependerá de que la FGR exhiba ante la defensa y el juez natural los elementos añadidos entre el 22 de junio y el 13 de julio, particularmente aquellos utilizados para incorporar a Ruffo Appel como presunto integrante o dirigente de la organización.
El exmandatario fue detenido el 16 de julio en Ensenada y trasladado a la Ciudad de México. La investigación se relaciona con Ingemar, empresa de la que fue accionista y miembro de su consejo, vinculada por las autoridades con el decomiso realizado en Coahuila durante 2025 de más de 15 millones de litros de hidrocarburos transportados en ferrotanques.
La indagatoria identifica una estructura integrada por empresas, operadores logísticos y agentes aduanales que presuntamente introducían combustible desde Estados Unidos declarándolo como otro producto o reportando cantidades menores para evadir contribuciones. Ruffo ha negado responsabilidad directa y conserva la presunción de inocencia.
La detención se produjo, además, dentro de una Fiscalía sometida durante los últimos meses a renuncias, separaciones y relevos en áreas estratégicas. Alejandro Gertz Manero dejó la titularidad de la FGR el 27 de noviembre de 2025 y, menos de 24 horas después, comenzaron a ser notificados de su separación funcionarios de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la Fiscalía Especializada de Control Regional y el Órgano Interno de Control. Entre los expedientes que entonces se encontraban en la FEMDO estaba precisamente la investigación contra mandos navales y civiles por huachicol fiscal en Tamaulipas.
Tras la salida de Gertz Manero, Alfredo Higuera Bernal fue reemplazado en la FEMDO por César Oliveros Aparicio, funcionario identificado con el equipo del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch. La reconfiguración colocó bajo una nueva conducción las investigaciones más sensibles sobre delincuencia organizada, incluidos los expedientes de contrabando de hidrocarburos. A ese escenario se añadió el 14 de julio de 2026 la renuncia de Ulises Lara como fiscal especial de Investigación de Asuntos Relevantes, aunque no existe información pública que demuestre que su salida haya modificado directamente el proceso contra Ruffo.
La pregunta central del caso, sin embargo, no termina en el cambio de jueces ni en los movimientos internos de la FGR. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Marina quedó a cargo de puertos y aduanas marítimas con el argumento de combatir la corrupción. Dentro de esa estructura operaron Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del entonces secretario José Rafael Ojeda Durán, señalados por la Fiscalía como dirigentes de una red que colocaba personal de confianza en posiciones aduanales para facilitar el ingreso de combustible sin pagar impuestos.
La defensa de los hermanos Farías Laguna solicitó formalmente que Ojeda Durán sea citado a declarar. La petición cobró relevancia después de que un testigo protegido aseguró que Miguel Ángel Solano Ruiz, identificado como uno de los operadores de la organización, pretendía recurrir al exsecretario de Marina para resolver los problemas generados por el buque Torn Agnes, que presuntamente transportaba combustible ilegal y había arribado a la aduana de Guaymas. La solicitud de comparecencia no había sido concedida hasta mediados de julio.
A ese testimonio se suma el reporte elaborado en 2024 por el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien expuso ante Ojeda Durán información sobre una red de corrupción y sobre la participación atribuida a los Farías Laguna. Guerrero Alcántar fue asesinado meses después y el documento llegó a la Fiscalía hasta julio de 2025.
Estos antecedentes no constituyen por sí solos una prueba de participación criminal del exsecretario, pero sí indican que tuvo conocimiento de señalamientos internos y que su testimonio podría resultar relevante para reconstruir las decisiones adoptadas dentro de la Marina.
El gobierno federal ha sostenido que Ojeda Durán fue quien alertó sobre irregularidades dentro de la institución y ha negado que exista una investigación en su contra. La propia FGR informó posteriormente que el almirante sostuvo reuniones con el entonces fiscal Gertz Manero, pero no presentó una denuncia formal que permitiera abrir una carpeta específica. La diferencia entre informar verbalmente, denunciar oficialmente y ordenar acciones internas mantiene abierta la interrogante sobre qué sabía, desde cuándo lo sabía y qué medidas tomó mientras sus familiares ocupaban posiciones relevantes en la estructura naval y aduanera.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que la captura de Ruffo sea una persecución política y afirmó que corresponderá a los jueces actuar con imparcialidad. El gobierno sostiene que la investigación llevaba más de un año, que existen ocho detenidos y que se preparan más órdenes de aprehensión. Sin embargo, la rapidez con que se obtuvo una nueva orden contra un opositor después del rechazo inicial contrasta con la resistencia institucional para citar al exsecretario de Marina, aun cuando sus sobrinos están acusados de encabezar otra vertiente de la misma industria criminal.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.