La devolución de varias comunicaciones al embajador Roberto Lazzeri evidenció un nuevo choque diplomático entre México y Estados Unidos por la protección de connacionales bajo custodia migratoria. Washington consideró que los documentos pretendían intervenir en decisiones de sus autoridades, mientras la representación mexicana sostuvo que una de las cartas estaba dirigida a la empresa privada que administra el centro de detención de Adelanto
Ciudad de México, 18/07/26 (Más).- El gobierno de Estados Unidos devolvió al embajador mexicano en Washington, Roberto Lazzeri Montaño, las comunicaciones con las que México reclamó acciones para proteger a connacionales bajo custodia migratoria, en un gesto público que exhibió las diferencias entre ambos países sobre el alcance de la función consular, el respeto a la soberanía estadounidense y la manera en que deben tramitarse los desacuerdos diplomáticos.
De acuerdo con Aristegui Noticias, Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, recibió el 17 de julio al representante mexicano y le regresó las cartas porque, desde la perspectiva estadounidense, pretendían dirigir las acciones de personal del gobierno de ese país dentro de su propio territorio. Kozak recomendó que las inquietudes fueran planteadas mediante los canales diplomáticos acostumbrados.
La publicación estadounidense no explicó inicialmente el contenido de los documentos ni precisó qué instrucciones consideraba improcedentes. El mensaje se limitó a comunicar la devolución y a subrayar la soberanía de Estados Unidos, con lo que presentó el encuentro menos como una reunión de coordinación y más como una corrección al procedimiento empleado por la representación mexicana.
La respuesta de México ofreció una versión distinta. La embajada sostuvo que la comunicación principal era una carta de cese y desistimiento dirigida a la empresa privada encargada de operar el centro de detención migratoria de Adelanto, California, y no una orden dirigida a funcionarios estadounidenses. Según la explicación mexicana, el documento exigía el cumplimiento de los protocolos aplicables y el respeto a los derechos humanos de las personas detenidas.
La sede diplomática aseguró que la carta fue emitida como parte de las labores de protección consular reconocidas por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y con respeto a las leyes e instituciones estadounidenses. También afirmó que el documento fue presentado por la vía diplomática, precisamente el mecanismo que el Departamento de Estado acusó a México de no haber utilizado adecuadamente.
La diferencia entre las dos versiones permanece sin aclararse. Washington habló de varias cartas que pretendían intervenir en las actuaciones de personal gubernamental estadounidense, mientras México centró su explicación en una comunicación dirigida a una compañía privada. Tampoco se informó si había documentos adicionales, quiénes eran sus destinatarios ni qué partes fueron interpretadas por Estados Unidos como instrucciones incompatibles con su soberanía.
La devolución adquirió mayor peso porque fue divulgada por la cuenta oficial de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, utilizada para comunicar posiciones sobre seguridad regional, migración y crimen organizado. Al hacer público el rechazo, el Departamento de Estado convirtió una diferencia procedimental en un mensaje político dirigido tanto al gobierno mexicano como a la opinión pública.
Agustín Gutiérrez Canet, exembajador de México, interpretó el episodio como una dura lección para Lazzeri, la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nathan Wolf, quien representó a México en Singapur, consideró que la decisión estadounidense no es un hecho menor ni habitual y advirtió que el episodio reflejaba un momento de tensión bilateral que no debía minimizarse.
Lazzeri llevaba poco tiempo al frente de la embajada cuando recibió el señalamiento. Su nombramiento fue ratificado por el Senado el 10 de junio, con votos en contra de legisladores del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, por lo que el choque con el Departamento de Estado ocurrió durante las primeras semanas de su gestión diplomática.
El reclamo mexicano se originó en los fallecimientos de connacionales ocurridos durante operativos migratorios o dentro de instalaciones de detención. El 13 de julio, el gobierno federal anunció la presentación de denuncias ante el Departamento de Justicia estadounidense y fiscalías estatales por la muerte de 17 mexicanos, ante la posibilidad de que se hubieran cometido violaciones a sus derechos humanos.
En el centro de detención de Adelanto, operado por una empresa privada en California, se habían registrado cuatro muertes de mexicanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores atribuyó sus comunicaciones a denuncias sobre falta de atención médica oportuna y otras posibles omisiones en el trato a las personas retenidas, por lo que buscó exigir medidas correctivas a la compañía administradora.
La presidenta Sheinbaum informó que el canciller Roberto Velasco había comunicado las acciones al embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, y sostuvo que existía disposición para revisar los casos. Sin embargo, la devolución de las cartas mostró que la apertura expresada en público no eliminó las diferencias sobre las formas, las competencias institucionales y el límite de las exigencias mexicanas dentro de territorio estadounidense.
El incidente migratorio se agrega a otros desacuerdos recientes en materia de seguridad. La Presidencia de la República y la Fiscalía General de la República mantienen su exigencia de que Estados Unidos explique la operación que terminó con la captura y el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López el 25 de julio de 2024, después de que en 2026 se conocieron detalles de la operación Air Kings y de la participación del Buró Federal de Investigaciones.
El gobierno mexicano ha señalado que la información difundida sobre Air Kings contradice las primeras versiones estadounidenses, según las cuales las autoridades de ese país no habían intervenido en el traslado desde México. La fiscal Ernestina Godoy consideró que el material conocido implicaba una aceptación de la participación del FBI, aunque los comunicados estadounidenses han ubicado formalmente la captura en Nuevo México.
Aunque los casos de Adelanto y Air Kings son distintos, ambos exhiben el mismo punto de fricción: México reclama información, protección para sus ciudadanos y respeto a su soberanía, mientras Estados Unidos reivindica su capacidad para actuar dentro de su territorio y rechaza comunicaciones que interpreta como intentos de dirigir a sus instituciones. La controversia dejó al embajador Lazzeri en medio de una relación bilateral marcada por la cooperación indispensable y por desacuerdos cada vez más expuestos públicamente.
México sostuvo que tomó nota de la devolución y que sus preocupaciones ya habían quedado formalmente planteadas durante la reunión y en encuentros previos con el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. La representación diplomática afirmó que continuará atendiendo los casos bajo los principios de “respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”; sin embargo, el hecho concreto fue que Washington no recibió las comunicaciones en los términos propuestos y se las regresó al embajador.
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