Las dos traiciones

Por Marco Campos Mena

Hay dos mujeres esta semana que deberían ocupar el mismo espacio en la conversación pública y sin embargo terminan separadas por completo, cada una arrastrada por el reflejo condicionado con el que el poder decide a quién le presta atención y a quién no. Una fue golpeada frente a su hijo y tuvo que perdonar por hambre. La otra fue grabada ofreciendo secretos de Estado y apenas si le tiembla la voz. Ese contraste retrata exactamente cómo reparte sus consecuencias el poder en este momento del país.

Empecemos por María Felicia Jiménez Lavié. Ingeniera cubana, doctora por la UNAM, casada con Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex. El 25 de junio hizo pública una grabación de cámara de seguridad donde su esposo la somete a golpes, jaloneos y amenazas con un palo dentro de su propia casa, con su hijo de seis años intentando alejarse de la escena. Días después pidió, directamente, la intervención de la presidente Sheinbaum. Y trece días más tarde, horas antes de la audiencia donde se determinaría la vinculación a proceso de su esposo, presentó un escrito de perdón.

Esta es la traición de la que casi nadie habla: no hubo, en casi dos años de un gobierno que se presenta a sí mismo como el primero encabezado por una mujer, ninguna reforma, ningún mecanismo, ningún fondo de emergencia real que le permitiera a una mujer en la situación de María Felicia sostener una denuncia sin tener que elegir entre la justicia y la comida de sus hijos. Se le pidió que hablara, se le aplaudió cuando habló, y cuando llegó el momento de que el Estado pusiera algo sobre la mesa (dinero, empleo, protección efectiva, no una frase en la mañanera) no hubo nada.

La violencia vicaria y la violencia económica no terminan cuando una mujer denuncia; terminan cuando deja de depender de su agresor para sobrevivir, y ese tramo del camino, el más largo y el más caro, ninguna institución lo camina con ella. Por eso perdonó, no porque lo quisiera, sino porque no le quedó otra salida solvente.

Por desgracia, tenemos un aparato falible que confunde el discurso de género con la política de género, que se llena la boca hablando de un “gobierno de mujeres” mientras deja que miles de ella dependan económicamente del hombre que las golpea porque el Estado nunca les ofreció una alternativa real.

Como académica de asignatura en la UNAM, el tabulador que le tocaría cobrar a María Felicia ronda entre 90 y 100 pesos la hora clase, la misma cifra que este año llevó a profesores de siete universidades públicas a exigirle a Sheinbaum, por escrito, un cambio estructural en el modelo de contratación docente. A eso no se le puede llamar sueldo, es una limosna para quienes preparan a la siguiente generación de profesionistas.

Ese es el patrón, y María Felicia solo lo hizo visible porque su esposo tenía cargo público. Las que no tienen esa suerte mediática se quedan calladas, perdonan sin cámaras ni reflectores, y ahí sigue la impunidad, intacta, sin que nadie legisle nada.

Ahora la otra traición, la de Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California. Desde mayo de 2025 arrastra la revocación de su visa estadounidense, ligada a la investigación contra su entonces esposo por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa.

En las últimas semanas se filtraron dos audios donde ella misma lo confirmó, negocia con un supuesto intermediario del FBI. En el primero admite que esas reuniones buscaban recuperar su visa. En el segundo, con el miedo de la extradición encima, ofrece algo mucho más grave: dice, textualmente, que está dispuesta a hablar de todo lo que sabe y ha escuchado en las Mesas de Paz y Seguridad, esos espacios donde convergen la Guardia Nacional, el Ejército, el CNI, las fiscalías, el C5, las órdenes de aprehensión en curso, los mapas criminales de un estado fronterizo completo.

Eso no es un intercambio institucional, por más que ella lo quiera vestir como «coordinación» bajo un supuesto principio de no subordinación.

Hay que tener muy presente que es una funcionaria pública, investida con la máxima responsabilidad de seguridad de su estado, ofreciendo información sensible de la nación a cambio de un beneficio personal y migratorio.

El Código Penal Federal, en su artículo 123, castiga con prisión de hasta cuarenta años a quien realice actos contra la soberanía o la seguridad de la nación con la finalidad de someterla a un gobierno extranjero, y contempla de manera específica la entrega de información clasificada como una de las conductas que configuran el delito. Ni siquiera es necesario forzar la ley ni estirar el concepto: hay confesión propia, hay grabación, hay reconocimiento de que se reunió múltiples veces con el FBI. Es, en el sentido más literal, una traidora confesa.

Y sin embargo, compárese la tibieza con la que Morena ha tratado este caso frente a la furia con la que se lanzó contra Maru Campos por el asunto del narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua. Ahí sí hubo juicio político, comparecencia forzada ante la FGR, movilización convocada por la propia dirigencia nacional del partido, acusaciones de hasta cuarenta años de cárcel. ¿Y la prueba central? Que agentes de la CIA participaron en un operativo de desmantelamiento sin haberse acreditado formalmente.

Pero aquí hay un dato que no se ha puesto suficientemente sobre la mesa: la acreditación de agentes extranjeros en México no pasa por los gobiernos estatales, pasa por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gabinete de Seguridad federal. Es un canal federal, no estatal. La propia Maru Campos lo señaló: la SRE tenía conocimiento del intercambio de información con agencias estadounidenses, y si ese protocolo de acreditación es competencia exclusiva del gobierno federal, entonces la pregunta que nadie en Morena quiere responder es sobre si había una falla en el registro de esos agentes, ¿de quién era la responsabilidad, de la gobernadora de un estado o de la Cancillería que reporta directamente a la presidencia?

Ahí está la impunidad y el abuso del poder político: perseguir con el peso completo del aparato del Estado a una gobernadora de oposición por una omisión que, en el mejor de los casos, es compartida y en gran medida ajena a su competencia constitucional, mientras se guarda un silencio cómodo ante una confesión propia, expresa, grabada, de una gobernadora del partido en el poder que sí ofreció entregar información de mandos militares y de seguridad nacional a un gobierno extranjero a cambio de un favor personal. Uno es sospecha politizada, el otro es traición confesa, y el trato que reciben es exactamente al revés de lo que la evidencia exige.

No hace falta ser jurista para notar el patrón: la ley se aplica con dureza cuando conviene desgastar al adversario y se diluye entre comunicados cuando toca a los propios así funciona hoy el concepto de traición a la patria en México, como instrumento de conveniencia política antes que como categoría penal. Y mientras se litiga esa hipocresía en la mañanera y en el Senado, hay una mujer en Morelos que tuvo que perdonar a su agresor porque nadie le ofreció con qué pagar los alimentos y la colegiatura de sus hijos.

Las traiciones están a la orden del día, y no hace falta elegir entre ellas: la del gobierno de mujeres que abandona a las mujeres cuando lo que necesitan es dinero para sobrevivir es exactamente tan grave como la de una gobernadora que sale beneficiada por pertenecer al partido en el poder, aun cuando el precepto legal para juzgarla por traición a la patria está ahí, completo, esperando que alguien tenga el valor de aplicarlo.