Todos los hombres del gobernador

Una corte de Nueva York abrió un caso que sacude al poder político de Sinaloa al señalar una presunta alianza entre autoridades estatales, mandos policiacos y Los Chapitos. La investigación describe pagos, favores electorales, filtración de operativos y protección para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Rubén Rocha Moya y otros nueve señalados enfrentan imputaciones graves, aunque legalmente conservan la presunción de inocencia

Ciudad de México, 16/05/26 (Más).- La acusación abierta en Nueva York contra Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa perfila, desde la narrativa judicial de Estados Unidos, un presunto entramado de protección política, policial y financiera al Cártel de Sinaloa y, en particular, a la facción de Los Chapitos.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la acusación fue revelada el 29 de abril de 2026 ante el Distrito Sur de Nueva York y atribuye a los señalados delitos de conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer esas armas; en el caso de Juan Valenzuela Millán, también se agregan cargos por secuestro con resultado de muerte.

Las autoridades estadounidenses precisan que los cargos son acusaciones y que los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

El expediente sostiene que los funcionarios habrían facilitado el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y respaldo político. La acusación coloca al gobierno estatal, a corporaciones policiacas y a mandos municipales como piezas de una red que habría permitido a Los Chapitos operar con protección institucional, recibir alertas sobre operativos y mover cargamentos o precursores químicos sin interferencia.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y exsenador de Morena, aparece como el personaje central del caso. Estados Unidos lo acusa de haber llegado al poder en 2021 con apoyo de Los Chapitos, quienes presuntamente intimidaron opositores, robaron boletas y facilitaron su triunfo. A cambio, según el señalamiento, Rocha habría permitido que esa facción influyera en nombramientos y operara con impunidad en el estado. Rocha ha negado los cargos y pidió licencia temporal el 2 de mayo, de acuerdo con Reuters.

Enrique Inzunza Cázarez, senador por Sinaloa y exsecretario general de Gobierno, es señalado como enlace político del círculo de Rocha. La acusación afirma que se reunió con líderes de Los Chapitos y pactó mecanismos para que el gobierno estatal protegiera al grupo criminal. Antes de su paso por el gabinete, Inzunza fue magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa entre 2016 y 2021.

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, es acusado de haber entregado a Los Chapitos nombres y domicilios de opositores de Rocha antes de la elección de 2021, con el fin de que fueran presionados para abandonar la contienda. Reuters reportó que Díaz se entregó a autoridades estadounidenses el 15 de mayo de 2026.

Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de Sinaloa, es descrito por el expediente como un funcionario con trayectoria en la Fiscalía estatal desde al menos 1998. Estados Unidos afirma que recibió sobornos mensuales de Los Chapitos para proteger a sus integrantes de detenciones y avisarles sobre operativos apoyados por autoridades estadounidenses, incluidos cateos contra laboratorios de droga.

Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal, habría recibido pagos para permitir el libre tránsito de cargamentos de precursores químicos usados en la producción de fentanilo y para emitir órdenes de aprehensión contra enemigos de Los Chapitos. Su sucesor, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, es acusado de liberar a miembros de esa facción detenidos por actividades de narcotráfico.

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue el primer acusado en quedar bajo custodia estadounidense. El diario El País reportó que se entregó al cruzar por Nogales, Arizona, el 11 de mayo de 2026, y que fue enviado al Distrito Sur de Nueva York. Según la acusación, habría recibido más de 100 mil dólares mensuales para alertar a Los Chapitos sobre redadas contra laboratorios.

José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal, es señalado por permitir operaciones de Los Chapitos, colocar agentes afines al grupo en posiciones de mando y vender municiones. Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, es acusado de recibir sobornos para permitir que la facción operara en la capital sinaloense sin interferencia gubernamental.

El caso más grave en términos de violencia directa recae sobre Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán. Estados Unidos sostiene que recibió sobornos para él, sus comandantes y más de 40 policías, y lo acusa además de participar en el secuestro de una fuente de la DEA y de un familiar, hechos que habrían terminado con la muerte de las víctimas.

La acusación contempla penas que van de un mínimo obligatorio de 40 años de prisión a cadena perpetua para la mayoría de los señalados; para Valenzuela Millán, por los cargos de secuestro con resultado de muerte, la pena obligatoria sería cadena perpetua. El Departamento de Justicia insiste en que se trata todavía de imputaciones formales y no de sentencias.