La entrega de dos exfuncionarios sinaloenses a la justicia de Estados Unidos complicó la postura de la presidenta ante el caso Rocha. Su discurso, centrado en soberanía y exigencia de pruebas, enfrenta ahora mayor presión política por la posible cooperación de los acusados con fiscales estadounidenses
Redacción Más
Ciudad de México, 16/05/26 (Más).- La estrategia discursiva de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses enfrenta su momento más delicado desde el inicio del conflicto bilateral por el caso del Cártel de Sinaloa.
Lo que comenzó como una defensa política sustentada en la soberanía nacional y en la exigencia de pruebas contundentes, se transformó esta semana en un problema mayor para Palacio Nacional tras la entrega voluntaria de dos de los acusados a la justicia estadounidense.
Desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación contra Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez y otros funcionarios estatales y policiales, Sheinbaum construyó una narrativa basada en dos ejes: la defensa de la soberanía mexicana y el cuestionamiento de las evidencias presentadas por Washington.
La presidenta sostuvo que las imputaciones tenían un trasfondo político y rechazó cualquier posibilidad de aceptar acciones unilaterales estadounidenses en territorio mexicano.
En una de sus conferencias matutinas más comentadas, Sheinbaum mostró públicamente una hoja presentada dentro del expediente judicial estadounidense y afirmó: “Es una hoja de papel”. La mandataria insistió en que en México no puede procesarse a una persona únicamente con señalamientos y reiteró que la Fiscalía General de la República (FGR) debía actuar sólo con pruebas suficientes conforme al sistema penal mexicano.
La postura presidencial se endureció además en términos diplomáticos.
Sheinbaum afirmó que “bajo ningún motivo” permitiría la injerencia de un gobierno extranjero y condicionó cualquier eventual extradición al resultado de investigaciones mexicanas.
El discurso retomó parte de la narrativa utilizada por Andrés Manuel López Obrador durante el caso del general Salvador Cienfuegos, cuando México acusó a Estados Unidos de vulnerar la soberanía nacional al actuar sin coordinación plena con autoridades mexicanas.
Sin embargo, el escenario cambió abruptamente esta semana con la entrega voluntaria del general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y posteriormente de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas estatal. Ambos quedaron bajo custodia estadounidense en Nueva York y, de acuerdo con reportes periodísticos, analizan colaborar con fiscales federales para buscar reducciones de pena.
La decisión de entregarse representa un golpe político para la narrativa presidencial porque desmonta parcialmente el argumento de persecución exclusivamente política. La lógica que comienza a instalarse entre analistas y opositores es simple: si las acusaciones carecieran completamente de sustento, difícilmente dos exfuncionarios de alto nivel optarían por cruzar voluntariamente la frontera y someterse a la justicia estadounidense, donde enfrentan penas potenciales de cadena perpetua.
Además, la eventual cooperación judicial de Mérida y Díaz Vega abre un escenario de alto riesgo para Morena y particularmente para el grupo político de Rocha Moya. En el sistema estadounidense, los acuerdos de culpabilidad suelen implicar entrega de información, documentación, testimonios y detalles sobre redes de corrupción o estructuras criminales. La posibilidad de que ambos acusados se conviertan en testigos cooperantes amenaza con ampliar el alcance del caso más allá de Sinaloa y elevar la presión sobre otros funcionarios mencionados en el expediente.
El problema para Sheinbaum es que cualquier endurecimiento del discurso soberanista puede ahora interpretarse como una defensa política de personajes bajo investigación internacional, mientras que un cambio brusco de postura implicaría reconocer implícitamente que Washington sí posee información sensible y sólida. Ese dilema explica el tono cada vez más cuidadoso de la Presidencia en los últimos días: insistir en la soberanía, pero al mismo tiempo repetir que nadie será protegido si existen pruebas.
Para la conferencia mañanera del lunes se perfilan varios escenarios posibles.
El primero es que Sheinbaum intente recentrar la discusión en la cooperación bilateral y subraye que México también investiga a los acusados, evitando confrontar directamente a Washington.
Un segundo escenario es que insista en exigir pruebas adicionales y denuncie filtraciones o motivaciones políticas estadounidenses, reforzando la narrativa nacionalista ante la presión interna.
Un tercer escenario, considerado el más complejo políticamente, sería que anuncie nuevas acciones de la FGR o de la Unidad de Inteligencia Financiera para mostrar que el Gobierno mexicano no está inmóvil frente al caso.
También se espera que periodistas cuestionen si el Gobierno federal sabía de las negociaciones de entrega de Mérida y Díaz Vega, si existe riesgo de nuevas entregas voluntarias y qué hará México si Estados Unidos solicita formalmente la extradición de Rocha Moya u otros funcionarios todavía en territorio nacional.
Otro punto inevitable será la posibilidad de que fiscales estadounidenses revelen nuevas pruebas derivadas de acuerdos de cooperación judicial. La crisis ocurre además en un momento particularmente sensible para la relación bilateral. Washington endureció su política contra el narcotráfico y comenzó a tratar ciertas actividades de los cárteles bajo esquemas asociados al terrorismo, mientras México enfrenta presiones económicas y comerciales crecientes desde la administración de Donald Trump.
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