Sobreviviente del infierno

Chilpancingo, Guerrero, 24/10/26 (Más).- Un campesino que sobrevivió a un secuestro atribuido a integrantes de La Familia Michoacana en la Sierra de Guerrero denunció haber sufrido golpes, amenazas de muerte, hambre y violencia psicológica durante las tres semanas que permaneció cautivo en un campamento donde, según su testimonio, había aproximadamente 130 personas privadas de la libertad, entre ellas mujeres, menores de edad y jóvenes presuntamente sometidos a reclutamiento forzado.

De acuerdo con información publicada por Infobae, el sobreviviente relató que formaba parte de un grupo de ocho habitantes del ejido El Balcón, ubicado en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, quienes fueron secuestrados el 24 de septiembre por hombres armados. Su testimonio, difundido por CrashOut, describe las condiciones de cautiverio y las presuntas estrategias utilizadas por la organización criminal para ampliar su control territorial en la región.

El campesino explicó que durante su permanencia en el campamento fue sometido a agresiones físicas y amenazas constantes. Según su declaración, los captores utilizaban armas de fuego para intimidar a los prisioneros, los golpeaban y los amenazaban con asesinarlos si no obedecían sus instrucciones.

“Pues la mera verdad es un infierno”, expresó durante una entrevista grabada por un periodista de Guerrero, al describir las condiciones que enfrentó junto con otras personas retenidas.

El sobreviviente señaló que los hombres armados les colocaban los rifles en la boca mientras les advertían que podían matarlos en cualquier momento. También relató que los obligaban a arrodillarse y los mantenían bajo amenazas permanentes, en un ambiente de temor que, de acuerdo con su versión, buscaba someterlos a la voluntad de sus captores.

Las condiciones de alimentación también fueron descritas como precarias. El campesino afirmó que durante el cautiverio recibían principalmente tortillas y agua, mientras algunos de los rehenes presentaban una delgadez extrema. A las agresiones físicas se sumaban las amenazas contra sus familiares, utilizadas presuntamente para presionarlos y evitar que intentaran escapar.

Según el testimonio, en el campamento permanecían alrededor de 130 personas procedentes de diferentes regiones de México. Algunas de ellas habrían señalado que venían de California, Estados Unidos. Entre los cautivos también había jóvenes que, de acuerdo con las denuncias, eran obligados a incorporarse a las filas de la organización criminal para participar en enfrentamientos con grupos rivales.

La cifra de personas retenidas fue respaldada públicamente por el sacerdote José Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, quien declaró en una entrevista con la periodista Azucena Uresti que había más de un centenar de personas en cautiverio.

El religioso explicó que, presuntamente, los integrantes del grupo criminal trasladaban a los secuestrados entre ranchos, parcelas y bodegas de la región de Tierra Caliente, e incluso a puntos del Estado de México. Los movimientos se realizarían para evitar que las autoridades localizaran los lugares de retención durante los operativos de seguridad.

Velázquez indicó que los cautivos no permanecían en un solo sitio, sino que eran transportados en camionetas cuando se desplegaban acciones de las fuerzas de seguridad en las zonas donde se encontraban. Esta movilidad habría dificultado la localización de los campamentos y la liberación de las víctimas.

No obstante, la cifra de aproximadamente 130 personas privadas de la libertad proviene de testimonios de sobrevivientes y declaraciones de representantes de organizaciones de derechos humanos, por lo que, según la información disponible, no cuenta con una verificación oficial independiente.

Respecto al motivo del secuestro de los habitantes de El Balcón, Velázquez señaló que La Familia Michoacana presuntamente buscaba establecer una base de operaciones en esa comunidad para disputar el control territorial con organizaciones criminales rivales.

El sacerdote explicó que los habitantes del ejido mantienen una organización comunitaria orientada a la protección del bosque y la vigilancia de su territorio sin recurrir a armas de fuego. De acuerdo con su interpretación, el secuestro pudo haber tenido como objetivo debilitar esa estructura comunitaria y obligar a algunos pobladores a colaborar con el grupo delictivo.

La privación de la libertad de los ocho habitantes comenzó el 24 de septiembre. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el menor de 12 años que formaba parte del grupo fue liberado el 1 de octubre, mientras que otros seis campesinos recuperaron su libertad el 16 de octubre.

El caso de Domingo Atanacio Quirino, uno de los ocho habitantes secuestrados, permanece sin resolverse. El hombre continúa desaparecido y, según los testimonios difundidos, habría presentado problemas de salud durante el cautiverio antes de ser separado de sus compañeros. Hasta la fecha referida en la información, sus familiares desconocían su paradero y no contaban con certeza sobre su estado de salud.

El 21 de octubre, el Centro Minerva Bello denunció que los sobrevivientes no habían recibido atención médica y psicológica institucional suficiente después de las agresiones que presuntamente sufrieron durante su retención. La organización también pidió que se investigaran los actos de tortura denunciados y que se establecieran medidas de protección para las comunidades expuestas a amenazas de grupos criminales.

Dos días después, el 23 de octubre, seis campesinos regresaron a El Balcón luego de rendir declaración ante las autoridades ministeriales. Su retorno permitió que se conocieran nuevos detalles sobre las condiciones en las que habrían permanecido retenidos y sobre la posible existencia de otros lugares de cautiverio en la Sierra de Guerrero.

Las denuncias también reavivaron la preocupación por la situación de seguridad en los municipios de Tierra Caliente, una región afectada por disputas entre organizaciones criminales que buscan controlar territorios, rutas y comunidades. En este escenario, los habitantes de localidades rurales pueden quedar expuestos a amenazas, desplazamientos, extorsiones y reclutamiento forzado.

La información difundida sobre el caso plantea la necesidad de esclarecer el número de personas que permanecen privadas de la libertad, identificar los sitios donde presuntamente fueron retenidas y determinar la responsabilidad de quienes participaron en los secuestros y las agresiones. La localización de Domingo Atanacio Quirino constituye, además, una de las principales preocupaciones para sus familiares y para las organizaciones que acompañan a las víctimas.

Mientras continúan las exigencias de atención y protección, los testimonios de los sobrevivientes ofrecen indicios sobre las condiciones de cautiverio que habrían enfrentado habitantes de comunidades rurales de Guerrero. Las denuncias sobre tortura, privación de alimentos y reclutamiento forzado requieren ser investigadas por las autoridades competentes para establecer los hechos y garantizar la búsqueda de las personas que continúan desaparecidas.