Ciudad de México, 24/10/26 (Más).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos públicos, luego de los señalamientos periodísticos sobre presuntos vínculos entre proveedores y personal adscrito a la oficina de la consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, la ASF informó que ya cuenta con elementos e indicios suficientes para indagar el posible uso indebido de recursos públicos en operaciones relacionadas con el INE, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), empresas proveedoras y personas servidoras públicas. El organismo señaló que conducirá las diligencias con independencia, objetividad y rigor técnico, al amparo de sus nuevas facultades en materia de investigación.
En un comunicado, la institución fiscalizadora precisó que las indagatorias abarcarán las contrataciones y relaciones comerciales señaladas en publicaciones periodísticas, así como la posible participación de funcionarios y particulares en operaciones que pudieran representar irregularidades administrativas o financieras.
El inicio de la investigación se produjo después de que el diario Reforma publicara información sobre indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) relacionadas con contrataciones del INE y presuntos vínculos entre personal del organismo y proveedores. Los señalamientos incluyen operaciones vinculadas con la adquisición de materiales utilizados en el proceso electoral extraordinario para elegir integrantes del Poder Judicial en 2025.
Uno de los casos señalados involucra a Jonathan Navarrete Torres, quien, de acuerdo con las publicaciones periodísticas, aparecía registrado como chofer de la consejera presidenta y también como apoderado de Corporativo Zeg. Esta empresa fue vinculada con Cajas Graf y TOL Producciones, compañías que, según Reforma, obtuvieron un contrato por 197 millones de pesos para suministrar materiales destinados a la elección judicial.
Las publicaciones también señalaron una relación entre Navarrete Torres y el proveedor José Alfredo Hernández Casillas. Estos datos forman parte de los señalamientos que motivaron la atención pública sobre los procedimientos de contratación del instituto, aunque las posibles responsabilidades deberán determinarse mediante las investigaciones correspondientes.
El miércoles 21 de octubre, Guadalupe Taddei rechazó que hubiera favorecido a empresas proveedoras del INE y anunció que solicitaría a la ASF una revisión de las licitaciones del organismo. La consejera presidenta realizó estas declaraciones durante una conferencia de prensa en la que no se permitieron preguntas de los representantes de los medios de comunicación.
Taddei sostuvo que los antecedentes relacionados con posibles omisiones en las declaraciones patrimoniales y de intereses de las personas mencionadas en las publicaciones fueron enviados al Órgano Interno de Control del instituto, instancia encargada de revisar posibles faltas administrativas dentro de la institución.
Sin mencionar directamente a Navarrete Torres por su nombre, la presidenta del INE negó que la persona señalada hubiera sido su chofer, aunque reconoció que estaba adscrita a la oficina de la Presidencia. También aseguró que las personas mencionadas en las notas periodísticas ya no laboraban en el organismo, sin precisar las fechas ni las causas de sus salidas.
La consejera presidenta explicó que, durante la revisión de las declaraciones patrimoniales y de intereses, se identificó que las personas señaladas habían manifestado no tener participación en empresas, sociedades o asociaciones. Añadió que cada servidor público es responsable de la información que presenta bajo protesta de decir verdad y que corresponde al Órgano Interno de Control determinar si existieron omisiones o irregularidades.
Otro de los puntos bajo escrutinio corresponde a la adquisición de urnas y mamparas para la elección judicial de 2025. Sobre ese procedimiento, Taddei explicó que la licitación pública fue declarada desierta debido a que las propuestas recibidas no cumplían con los requisitos establecidos.
Posteriormente, el instituto recurrió a una adjudicación directa, sustentada, según la explicación de la consejera presidenta, en una investigación de mercado y en la necesidad de garantizar los tiempos de producción y entrega de los materiales electorales. Este procedimiento también quedó bajo el interés público generado por los señalamientos sobre las contrataciones.
La revisión anunciada por la ASF permitirá examinar las operaciones cuestionadas y determinar si existen elementos para establecer posibles responsabilidades. La investigación deberá distinguir entre los señalamientos publicados, las explicaciones ofrecidas por las autoridades electorales y los hechos que puedan acreditarse mediante documentación, registros financieros y procedimientos de fiscalización.
El caso coloca bajo revisión los mecanismos de contratación, transparencia y control interno del organismo responsable de organizar las elecciones federales en México. Las indagatorias también podrían abarcar la actuación de empresas y personas particulares si se identifican elementos que justifiquen examinar su participación en las operaciones señaladas.
Por su parte, el INE mantiene la posibilidad de someter sus procedimientos a nuevas revisiones, luego de que Taddei anunciara que solicitaría la intervención de la ASF. La existencia de auditorías previas, señalada por la consejera presidenta, no impide que se examinen operaciones específicas cuando surgen nuevos indicios o se identifican aspectos que requieren aclaración.
La investigación de la Auditoría Superior será relevante para establecer si las contrataciones observadas se apegaron a las disposiciones aplicables, si existieron posibles conflictos de interés y si los recursos públicos fueron ejercidos conforme a la normativa. Hasta que concluyan las diligencias y, en su caso, se emitan determinaciones formales, los señalamientos deberán considerarse presuntas irregularidades y no responsabilidades acreditadas.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.