Ciudad de México, 24/10/26 (Más).- Los operativos de control urbano, los desalojos forzados y el decomiso de pertenencias contra personas en situación de calle se intensificaron en distintas zonas turísticas y comerciales de la Ciudad de México durante los preparativos de la Copa Mundial de Futbol 2026, de acuerdo con una investigación que documentó prácticas de hostigamiento, desplazamiento y posibles violaciones a los derechos humanos en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán y Tlalpan.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, la asociación civil El Caracol realizó una investigación a partir de entrevistas con 13 personas, entre ellas diez integrantes de las poblaciones callejeras y tres educadores de calle, para documentar las consecuencias de los operativos institucionales durante la preparación de la justa deportiva. Los testimonios describen el retiro de cobijas, lonas, herramientas, documentos personales y otros artículos indispensables para la subsistencia cotidiana.
El informe señala que las intervenciones se realizaron bajo argumentos oficiales relacionados con la recuperación del espacio público, el ordenamiento urbano y la asistencia social. Sin embargo, las personas entrevistadas denunciaron que las brigadas de distintas dependencias, en ocasiones acompañadas por elementos de seguridad pública, llegaron de manera inesperada y retiraron sus pertenencias sin garantizar su devolución.
La investigación relaciona el incremento de estas acciones con los trabajos de infraestructura y rehabilitación urbana realizados para recibir a visitantes nacionales y extranjeros durante el Mundial, cuya inauguración se llevó a cabo el 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca. Las obras incluyeron intervenciones viales, adecuaciones en accesos y trabajos relacionados con la infraestructura aeroportuaria.
Durante la presentación del estudio, Volga de Pina Ravest, cuarta visitadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), señaló que los operativos contra las poblaciones callejeras forman parte de una práctica recurrente en la capital, aunque durante los preparativos del torneo se concentraron en zonas con mayor afluencia turística.
La funcionaria advirtió que retirar cobijas, herramientas, documentos de identidad e incluso animales de compañía puede representar una afectación directa a las condiciones de vida de las personas. También señaló que estas intervenciones pueden implicar el uso excesivo de la fuerza policial y la aplicación discrecional de disposiciones administrativas que sancionan distintas formas de ocupación del espacio público.
Entre los testimonios recabados, Uriel, quien vive en situación de calle en la alcaldía Cuauhtémoc, relató que las amenazas y los retiros de pertenencias aumentaron con la llegada del Mundial. Explicó que las personas afectadas tuvieron que realizar esfuerzos adicionales para recuperar artículos básicos, como lonas, cobijas y productos de limpieza, necesarios para permanecer en la vía pública.
Ezequiel, también habitante de esa demarcación, denunció que los decomisos incluyeron objetos personales y herramientas de trabajo. Según su testimonio, algunas pertenencias no fueron devueltas porque las autoridades exigían comprobantes de propiedad, documentos que muchas personas no conservan o no tienen posibilidad de obtener.
Miguel, otro de los entrevistados, describió las dificultades que enfrentan quienes dependen de actividades informales para subsistir. Señaló que conseguir sus pertenencias implica largas jornadas de trabajo bajo el sol y la exposición a insultos y humillaciones, por lo que consideró que los retiros representan la pérdida del esfuerzo acumulado para mantener sus medios de vida.
Las consecuencias también alcanzaron documentos indispensables para acceder a empleos y realizar trámites oficiales. Celeste, quien vive en situación de calle en la alcaldía Coyoacán, relató que perdió su acta de nacimiento, su Clave Única de Registro de Población (CURP) y comprobantes de estudios, entre ellos documentos relacionados con una carrera técnica industrial. La pérdida de esos papeles, explicó, afectó sus posibilidades de incorporarse al mercado laboral formal.
El estudio advierte que los desalojos no solo implican la pérdida de objetos, sino también la ruptura de redes de apoyo entre las personas que habitan las calles, los comerciantes y los vecinos. Estos vínculos se construyen en espacios de convivencia informal donde pueden intercambiar productos, desarrollar actividades económicas y establecer relaciones de confianza.
Las autoras del informe retoman el concepto de “tercer lugar” para explicar la función social de esos espacios, que permiten la convivencia fuera del hogar y del trabajo formal. Según el análisis, los cercos de seguridad y los desplazamientos forzados alteran esas dinámicas y dificultan que las poblaciones callejeras mantengan sus vínculos comunitarios, particularmente cuando las intervenciones priorizan la imagen urbana y las actividades turísticas.
El documento también identifica una contradicción entre las garantías constitucionales y las disposiciones administrativas aplicadas en la capital. El artículo 11, apartado K, de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a las poblaciones callejeras como un grupo de atención prioritaria y establece protecciones frente al desplazamiento forzado, la reclusión y los tratamientos institucionales sin consentimiento.
En contraste, la Ley de Cultura Cívica contempla infracciones administrativas relacionadas con determinadas conductas en la vía pública, entre ellas dormir, pernoctar u ocupar espacios. Estas disposiciones pueden dar lugar a sanciones y, en ciertos supuestos, a arrestos administrativos, lo que, de acuerdo con la investigación, genera tensiones entre el marco de protección de derechos y las prácticas de control urbano.
De Pina Ravest advirtió que intensificar los desalojos no resuelve las causas sociales de la vida en calle, sino que puede desplazar a las personas hacia otros puntos de la ciudad. Entre las zonas mencionadas se encuentran camellones y bajo puentes del Viaducto, donde quienes pierden sus lugares habituales de permanencia quedan expuestos a riesgos ambientales y condiciones de mayor vulnerabilidad.
En los operativos participan dependencias como la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sebien), el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP) y las alcaldías. Según los testimonios de educadores de calle incluidos en el informe, las acciones de asistencia pueden coexistir con intervenciones de desalojo, lo que genera incertidumbre entre las personas que buscan apoyo institucional.
La investigación sitúa estas prácticas dentro de un patrón observado en otros acontecimientos de gran escala. El Caracol señaló antecedentes de operativos contra poblaciones callejeras durante visitas papales realizadas en la Ciudad de México en 2002 y 2016, así como en preparativos de mundiales celebrados en Alemania en 2006, Sudáfrica en 2010 y Brasil en 2014.
El informe sostiene que los mega eventos deportivos pueden favorecer políticas urbanas que privilegian la actividad turística y comercial, mientras desplazan a sectores de la población considerados incompatibles con la imagen que se busca proyectar. Las autoras describen este fenómeno como una forma de excepcionalidad urbana, en la que las prioridades de organización y seguridad pueden reducir, en la práctica, el alcance de las garantías de las personas más vulnerables.
Frente a las afectaciones documentadas, el estudio plantea que las políticas públicas deben evaluarse por su capacidad para garantizar derechos, vivienda digna y alternativas de vida autónoma, en lugar de medir sus resultados únicamente por la cantidad de espacios despejados o los servicios asistenciales proporcionados. Entre las alternativas mencionadas se encuentra el modelo Housing First, que prioriza el acceso a una vivienda estable como punto de partida para atender otras necesidades sociales.
La investigación también identifica una posible modificación en la orientación institucional. De Pina Ravest señaló que el anuncio de una nueva política integral para las poblaciones callejeras, basada en comunidades de cuidado en lugar de esquemas tradicionales de albergues, podría representar un cambio en la atención gubernamental.
Esta propuesta contempla reconocer las circunstancias de supervivencia que enfrentan las personas en situación de calle, atender el consumo problemático de sustancias desde una perspectiva de derechos y proteger a las familias con niñas, niños y adolescentes para evitar separaciones forzadas. No obstante, la visitadora subrayó que los resultados dependerán de su implementación, de los recursos presupuestales disponibles y de la coordinación entre autoridades.
El Caracol concluye que la atención a las poblaciones callejeras requiere medidas permanentes que garanticen la restitución de derechos y eviten que los operativos de ordenamiento urbano deriven en despojos o desplazamientos. El reto para las autoridades, señala el análisis, consiste en compatibilizar la organización de grandes eventos internacionales con el respeto a las garantías constitucionales de quienes habitan y utilizan cotidianamente el espacio público.
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