Ciudad de México, 24/10/26 (Más).- El Departamento de Defensa de Estados Unidos autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a probar en la frontera con México un arma militar no letal conocida como Sistema de Denegación Activa (ADS, por sus siglas en inglés), que emite un haz invisible de ondas electromagnéticas capaz de provocar ardor intenso en la piel. La tecnología, desarrollada para el control de multitudes, ha generado cuestionamientos por sus antecedentes de lesiones, los riesgos durante los cruces fronterizos y las implicaciones legales de su eventual utilización contra migrantes.
De acuerdo con información publicada por Infobae, basada en documentos obtenidos por CNN y reportes de Axios y Military.com, un memorando firmado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, autoriza el préstamo temporal de una unidad del ADS al DHS durante siete meses, a partir de septiembre de 2026. La dependencia de seguridad deberá desarrollar las tácticas, técnicas y procedimientos para evaluar su posible uso en la frontera sur estadounidense, mientras que el Pentágono estableció que su personal no operará directamente el dispositivo.
El Sistema de Denegación Activa utiliza energía electromagnética de 95 gigahercios para calentar de manera casi instantánea la superficie de la piel. Según documentación militar citada por medios estadounidenses, el haz puede alcanzar objetivos a más de 800 metros y provoca una sensación de hormigueo y ardor que puede prolongarse entre 10 y 15 minutos.
La tecnología penetra aproximadamente 1/64 de pulgada en la superficie cutánea y busca generar una reacción física que obligue a las personas expuestas a abandonar el área. Funcionarios militares han comparado la sensación con el calor que se percibe al abrir un horno, mientras que la documentación del sistema describe el efecto como un impulso intenso de alejarse de la fuente de exposición.
Aunque el dispositivo se clasifica como no letal y no utiliza proyectiles, existen antecedentes de lesiones durante su desarrollo y pruebas. Entre los incidentes documentados se encuentra un accidente de laboratorio ocurrido en 1999, que provocó una ampolla, así como un ejercicio de entrenamiento realizado en 2007 en la base aérea Moody, en Georgia, donde un aviador sufrió lesiones por errores de procedimiento, según Military.com.
El militar afectado en el incidente de 2007 se recuperó por completo. Sin embargo, estos antecedentes han alimentado las preguntas sobre las condiciones de seguridad necesarias para operar el sistema y sobre los riesgos de utilizarlo en espacios abiertos, donde las personas podrían reaccionar de manera imprevista al dolor o al calor.
El Ejército estadounidense también desplegó brevemente el ADS en Afganistán, aunque finalmente decidió no emplearlo en operaciones de combate y lo retiró en 2010. Además, se evaluó su posible utilización para controlar detenidos en instalaciones antiterroristas en el extranjero, pero esa opción no llegó a concretarse.
El memorando de Hegseth establece que el sistema no será operado por personal del Departamento de Defensa, una disposición que delimita las responsabilidades institucionales durante el préstamo. El DHS tendrá a su cargo la definición de los procedimientos de utilización y, al concluir los siete meses, podrá solicitar una extensión, según un funcionario de Defensa citado por CNN.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) indicó que evalúa de manera continua nuevas tecnologías, especialmente aquellas que puedan fortalecer su capacidad operativa. Por su parte, Patrick Weaver, jefe adjunto de gabinete de Hegseth, celebró la decisión en la red social X y describió la frontera como un espacio para probar nuevos sistemas de seguridad, incluidas armas de energía dirigida.
La decisión contrasta con las reservas expresadas por especialistas en tecnología militar y antiguos funcionarios de seguridad fronteriza. Jared Keller, autor del boletín especializado Laser Wars, cuestionó ante Axios las implicaciones éticas y legales del sistema y manifestó su oposición personal a su utilización en ese entorno.
La posibilidad de emplear el ADS en la frontera tampoco es nueva. Funcionarios de la CBP habían evaluado anteriormente su utilización como herramienta para dispersar grupos numerosos de personas en zonas con cruces migratorios irregulares, pero las propuestas no se habían traducido en un despliegue operativo.
Uno de los sectores donde se examinó la posibilidad fue El Centro, que comprende aproximadamente 113 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México. La evaluación se realizó años atrás bajo la dirección de Rodney Scott, actual comisionado de la CBP, y estuvo acompañada de preocupaciones sobre las consecuencias que podría tener el dispositivo para las personas que intentaran cruzar por el río.
La principal inquietud consistía en que el dolor provocado por el haz pudiera generar reacciones de pánico o movimientos repentinos hacia el agua, con riesgo de ahogamiento y necesidad de rescates de emergencia. Un exfuncionario de la CBP citado por CNN advirtió que las operaciones fronterizas no deben provocar que las personas huyan hacia el río y pierdan la vida durante el intento de alejarse de los agentes.
En 2018, funcionarios de la CBP volvieron a considerar el uso del sistema contra migrantes, pero la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, rechazó la propuesta. Un exfuncionario del DHS explicó que existía preocupación por tratar a migrantes y ciudadanos como si fueran combatientes enemigos, una distinción relevante para establecer los límites del uso de la fuerza en operaciones civiles.
Otro antecedente ocurrió en 2020, cuando el principal oficial de policía militar del Pentágono consultó a la Guardia Nacional del Distrito de Columbia si contaba con un dispositivo ADS antes de que fuerzas federales despejaran una zona de manifestaciones cerca de Lafayette Square, en Washington, según información de NPR.
En julio de 2025, la Oficina de Capacidades de Fuerza Intermedia del Pentágono publicó un artículo en el que defendió el uso de armas de energía dirigida como una herramienta para reforzar la seguridad fronteriza, de acuerdo con Axios. No obstante, algunos agentes de la Patrulla Fronteriza han cuestionado la necesidad de incorporar el sistema, debido a que los cruces irregulares se encontraban en niveles bajos y la plantilla de personal había aumentado, según los reportes citados.
La autorización también deja pendientes cuestiones legales y operativas. El memorando no especifica los lugares donde se realizarán las pruebas, los protocolos de uso de la fuerza ni los procedimientos para atender posibles lesiones. Tampoco precisa cómo se resolverían las implicaciones de soberanía si el haz alcanzara a personas que permanecieran del lado mexicano de la frontera y que todavía no hubieran ingresado a territorio estadounidense.
La legislación federal permite al secretario de Defensa ceder determinados equipos militares a organismos civiles, pero, según Military.com, esa facultad no resuelve por sí misma el marco jurídico aplicable al uso del ADS contra personas. La eventual utilización del sistema deberá ajustarse a las disposiciones que regulan las operaciones de las autoridades civiles y a los criterios establecidos para el empleo de la fuerza.
Las regulaciones del DHS exigen que sus agentes utilicen el nivel de fuerza objetivamente razonable de acuerdo con la totalidad de las circunstancias. La aplicación de ese estándar será central para determinar si el dispositivo puede utilizarse legalmente, en qué situaciones estaría permitido y qué medidas deberán adoptar los agentes para evitar daños desproporcionados.
El entorno fronterizo añade dificultades a esa evaluación, debido a la presencia de ríos, canales, caminos irregulares y zonas donde una reacción física repentina puede provocar accidentes. También será necesario establecer cómo evitar que personas ajenas al objetivo de una intervención queden expuestas al haz y qué procedimientos se seguirán para atender emergencias médicas.
Otro aspecto pendiente es la responsabilidad por el uso del dispositivo. Al asignar al DHS la definición de las tácticas y procedimientos, el memorando coloca a esa dependencia en el centro de las decisiones sobre una eventual implementación. Sin embargo, la distribución administrativa de funciones no elimina la necesidad de determinar las obligaciones legales de los agentes y las autoridades involucradas.
El posible despliegue del ADS forma parte de los esfuerzos estadounidenses por ampliar las herramientas tecnológicas destinadas a la vigilancia y el control de su frontera sur. No obstante, su incorporación dependerá de las evaluaciones técnicas, los protocolos de seguridad y la resolución de los cuestionamientos legales que han acompañado las propuestas anteriores.
Por ahora, la autorización corresponde al préstamo temporal del equipo para desarrollar y evaluar procedimientos, no a una confirmación de que el arma ya esté siendo utilizada contra migrantes. Si el DHS decide avanzar hacia su despliegue, deberá definir las condiciones de operación, las medidas para prevenir lesiones y el marco jurídico aplicable, además de atender las preocupaciones sobre posibles consecuencias para las personas que intenten cruzar la frontera.
La evaluación pondrá a prueba la viabilidad de una tecnología diseñada para provocar una respuesta física de rechazo sin recurrir a municiones, pero cuyos antecedentes y características plantean riesgos particulares en zonas de tránsito migratorio. El resultado dependerá de las pruebas y de las decisiones institucionales que se adopten durante el periodo autorizado.
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