Reformas en tiempos electorales

Por Marco Campos Mena

Las reformas electorales impulsadas desde el oficialismo llegan en uno de los momentos más delicados para la vida democrática del país. Y no precisamente porque exista una intención genuina de fortalecer la legalidad o blindar los procesos electorales frente al crimen organizado, sino porque las propuestas que hoy se ponen sobre la mesa parecen diseñadas para ampliar el margen de control político sobre las elecciones.

Después de los múltiples escándalos que han golpeado a Morena por presuntos vínculos de personajes cercanos al partido con grupos criminales, ahora surge la propuesta de reformar las facultades del INE para investigar candidatos y evitar que participen perfiles ligados al narcotráfico o al crimen organizado. Sobre el papel, la idea puede sonar razonable, pero el problema aparece cuando se revisa la forma en que pretenden construirla.

La reforma contempla fortalecer áreas de investigación y fiscalización electoral, otorgándole mayores recursos y acceso a información mediante distintas dependencias e instituciones. Sin embargo, siguen existiendo dudas sobre la verdadera capacidad del INE para actuar de manera autónoma y vinculante frente a candidaturas señaladas. Es decir, quieren darle al árbitro la obligación de investigar, pero no necesariamente las herramientas suficientes para resolver con independencia y firmeza.

Y ahí es donde la propuesta comienza a volverse peligrosa.

Bajo ese esquema, el aparato de investigación puede convertirse fácilmente en una herramienta de presión política. Con funcionarios alineados al poder investigando candidatos de oposición, bastaría cualquier señalamiento, cualquier expediente construido políticamente o cualquier acusación mínimamente negativa para iniciar campañas de desgaste mediático permanentes. El objetivo no necesariamente sería impedir legalmente una candidatura, sino desacreditarla públicamente.

El mecanismo sería sencillo: etiquetar constantemente al adversario como “narcocandidato” o “vinculado al crimen organizado” hasta destruir su credibilidad política antes de la elección.

Mientras tanto, los candidatos del oficialismo podrían presumir que “ya fueron investigados” y “salieron limpios”, aun cuando sobre ellos existan señalamientos mucho más graves o evidentes. La justicia selectiva disfrazada de legalidad terminaría siendo una de las herramientas más útiles para quienes buscan conservar el poder.

El problema se vuelve todavía más delicado cuando se observa el estado actual del Poder Judicial, y ya no hablamos únicamente de sospechas aisladas. Las resoluciones polémicas, los fallos favorables al gobierno y las decisiones que sistemáticamente terminan beneficiando al oficialismo han alimentado seriamente los cuestionamientos sobre la independencia judicial, y cuando se combina un aparato de investigación electoral con un Poder Judicial cuya imparcialidad es cada vez más cuestionada, el resultado natural es un terreno fértil para los abusos de poder.

Más investigaciones selectivas, más escándalos construidos desde el aparato institucional, más protección para los cercanos al gobierno y más presión contra quienes representen un riesgo electoral. Pero esta no es la única reforma preocupante.

Desde la Presidencia también se impulsa otra iniciativa bajo el argumento de proteger la soberanía nacional y evitar injerencias extranjeras en los procesos electorales. Incluso se ha mencionado como parte del llamado plan A, junto con la eliminación de los plurinominales.

La propuesta busca abrir la puerta para anular elecciones cuando exista intervención extranjera, y, otra vez, el discurso parece correcto. Ningún país debería permitir interferencias externas en sus elecciones. El problema aparece cuando el concepto de “injerencia” puede utilizarse de forma discrecional y política.

En un escenario donde una elección resulte desfavorable para el oficialismo, bastaría construir la narrativa de que existió influencia externa para intentar desacreditar el resultado o incluso empujar hacia una anulación.

Y además, el discurso oficial cae en una contradicción evidente.

El mismo movimiento político que hoy condena la supuesta intervención extranjera ha respaldado públicamente actores y causas políticas en otros países. Ahí están las constantes defensas desde el poder mexicano hacia figuras como Raúl Castro en Cuba, Evo Morales en Bolivia, Nicolás Maduro en Venezuela o incluso Pedro Sánchez en España.

El caso venezolano resulta particularmente delicado. Aun con fuertes cuestionamientos internacionales sobre la legitimidad del proceso electoral y señalamientos de fraude por parte de distintos gobiernos y organismos, México optó por mantener una postura política favorable hacia el régimen de Nicolás Maduro.

Y también aparecen personajes cercanos ideológicamente al obradorismo participando activamente en debates políticos fuera del país, como el caso de Abraham Mendieta en España, quien constantemente interviene en asuntos públicos y electorales desde una posición claramente alineada con la narrativa del oficialismo mexicano.

Entonces, el problema no es la injerencia extranjera en sí misma. El problema es quién decide cuándo existe, cuándo se sanciona y cuándo convenientemente se ignora.

Por eso preocupa que estas reformas surjan precisamente en medio de un ambiente político y electoral tan polarizado. Lejos de fortalecer la confianza institucional, terminan alimentando la percepción de que el objetivo real es ampliar el control político sobre las elecciones.

Y la desconfianza no nace únicamente de las reformas, también nace de hechos visibles. La permanencia de las conferencias mañaneras en tiempos de campaña sigue generando cuestionamientos sobre el uso del aparato gubernamental como herramienta de propaganda política. Mientras se habla de equidad electoral, el oficialismo continúa ocupando diariamente la agenda pública desde el poder.

Todo esto coloca al país en una situación delicada en la que la democracia no se debilita solamente cuando se altera el conteo de votos, también se erosiona cuando las instituciones comienzan a utilizarse para intimidar, desacreditar o condicionar políticamente la competencia electoral y hoy, al menos en materia de seguridad y confianza electoral, México parece avanzar hacia una zona cada vez más riesgosa, más polarizada y mucho menos imparcial.