El caso Plus Ultra volvió a sacudir la política española con José Luis Rodríguez Zapatero bajo investigación judicial. El juez indaga presunto tráfico de influencias, pagos encubiertos y posibles conexiones con Venezuela alrededor del rescate de 53 millones de euros a la aerolínea. La presión opositora alcanza también al gobierno de Pedro Sánchez
Redacción Más
Madrid, España, 23/05/26 (Más).- Bajo señalamientos por presunto tráfico de influencias, vínculos con el régimen venezolano y el rescate de la aerolínea Plus Ultra, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero quedó en el centro de una nueva crisis política y judicial que también ha sacudido al gobierno de Pedro Sánchez.
De acuerdo con información publicada por Infobae, la investigación contra Zapatero tomó fuerza tras un auto del juez José Luis Calama, quien indaga si el exmandatario habría encabezado una estructura organizada y estable orientada al ejercicio ilícito de influencias.
El caso se relaciona con el rescate de Plus Ultra, aerolínea que recibió 53 millones de euros de fondos públicos. Las pesquisas buscan determinar si parte de esos recursos pudieron utilizarse para blanquear dinero de origen ilegal vinculado con Venezuela, y si Zapatero recibió pagos indebidos encubiertos.
La investigación no surgió únicamente en España. Según los datos difundidos, la Fiscalía Anticorrupción recibió alertas de autoridades de Suiza y Francia, además de información de la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que también habría detectado elementos relevantes en torno a la aerolínea.
La cercanía de Zapatero con Venezuela viene de años atrás. Durante su gobierno, entre 2004 y 2011, fortaleció la relación con Hugo Chávez, impulsó contratos militares, energéticos y de infraestructura, y posteriormente mantuvo contacto con figuras del régimen de Nicolás Maduro, incluida Delcy Rodríguez.
Entre los antecedentes más controvertidos figura la venta de ocho buques de Navantia a Venezuela por más de 1,000 millones de euros, así como proyectos vinculados a Repsol y adjudicaciones como la central Termocentro, caso en el que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido sanciones contra la empresa Duro Felguera por presuntos sobornos.
En paralelo, miles de personas marcharon en Madrid para exigir la dimisión de Pedro Sánchez y elecciones anticipadas. En esa movilización, convocada por Sociedad Civil Española, participaron dirigentes del Partido Popular y Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, anunció que su partido pidió prisión provisional para Zapatero.
Zapatero ha negado cualquier intervención irregular en el rescate de Plus Ultra y afirmó que su actividad profesional privada se ha desarrollado dentro de la legalidad, con ingresos declarados y “disposición a colaborar con la Justicia”. Mientras avanza el proceso, el caso amenaza con convertirse en uno de los episodios judiciales más delicados para un expresidente español.
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