El proceso electoral 2021 y los asesinatos de periodistas

Por Leopoldo Maldonado

Entre la segunda mitad de 2021 y todo 2022 ocurrió algo más que una ola de violencia contra la prensa en México. Lo que vimos fue un reacomodo territorial del poder criminal tras las elecciones locales y estatales de 2021, particularmente en la costa del Pacífico y en entidades estratégicas para el trasiego, el control político y las economías ilícitas. Y los periodistas quedaron atrapados –otra vez– en medio de esa disputa.

No es casualidad que 2022 haya sido documentado por Artículo 19 como el año más violento para la prensa desde que existen registros contemporáneos: 696 agresiones y al menos 12 periodistas asesinados posiblemente por causas vinculadas a su labor. Pero hay que tomar en cuenta que 6 de 7 asesinatos de 2021 se perpetraron después de las elecciones ese año.

Tampoco es casualidad dónde ocurrieron. Baja California, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas. En 2021 ocurrieron también en Chiapas, Guerrero y Coahuila. Estados atravesados por disputas criminales, rutas del narcotráfico, economías ilegales y, sobre todo, por procesos de transición política derivados de las elecciones intermedias.

Con esto podemos partir de una hipótesis. La violencia contra periodistas en México se hace patente cuando se alteran equilibrios locales entre poder político, económico y criminal. Eso fue exactamente lo que ocurrió tras aquellos comicios, donde Morena consolidó o expandió su presencia territorial en buena parte del país y particularmente en el Pacífico.

Ahí están los nombres. En Baja California fueron asesinados Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, ambos en Tijuana, apenas semanas después del relevo político estatal. En Michoacán asesinaron a Roberto Toledo y luego a Armando Linares en Zitácuaro, ambos de Monitor Michoacán, después de que este último denunciara públicamente amenazas derivadas de investigaciones sobre corrupción y crimen. También ocurrió después del cambio de signo político del gobierno en dicha entidad.

En Oaxaca, estado que también atravesaba reacomodos políticos regionales y municipales en plena costa del Pacífico, fue asesinado Heber López Vásquez en Salina Cruz. Particularmente denunció corrupción entre actores políticos municipales y crimen organizado en el contexto de los proyectos del Corredor Transístimico. En Sonora mataron a Jorge Luis Camero y después a Juan Arjón López, también después del cambio de gobierno. En Tamaulipas cayó Antonio de la Cruz (después de la elección de gobernador). En Zacatecas, Juan Carlos Muñiz, también después del recambio de poder político.

El mapa de la violencia letal contra la prensa coincidía demasiado con el mapa de las disputas territoriales y electorales, particularmente en el Pacífico. A eso se suma el problema estructural del dinero del crimen organizado en las elecciones y múltiples denuncias al respecto, precisamente en esa controversial elección donde persisten múltiples señalamientos que vinculan a la coalición gobernante con actos ilícitos. Dicha situación a la postre, la colocó como fuerza dominante en el mapa de poder local.

Hoy, con el caso de Rubén Rocha Moya y las revelaciones sobre las complejas relaciones entre política, crimen organizado y poder regional en Sinaloa, resulta imposible no volver la mirada hacia esos años. Ahí una facción del Cártel de Sinaloa operó abiertamente a favor de Morena. De esta forma, una hipótesis empieza a cobrar fuerza retrospectivamente: la transición política en varios estados implicó también renegociaciones criminales, nuevas alianzas, rupturas de pactos previos y reorganización de controles territoriales.

En esos momentos, los periodistas locales suelen convertirse en estorbo. Son quienes conocen las redes regionales, quienes documentan los vínculos incómodos, quienes escuchan los rumores antes de que lleguen al centro político. Por eso son también los más vulnerables.

La narrativa oficial de entonces insistía en presentar cada asesinato como un hecho aislado. Como si el problema fuera únicamente la inseguridad generalizada. Pero los patrones territoriales cuentan otra historia, una donde los cambios de poder local coinciden con el incremento de violencia letal contra quienes observan la vida pública.

Salvo casos muy documentados como los Heber López (Oaxaca), Lourdes Maldonado (Baja California), Roberto Toledo y Armando Linares (Michoacán), los indicios de autoría intelectual a manos de políticos son más complicados de encontrar. Precisamente no se trata de construir conspiraciones simples y responsabilidades directas, ciertamente el fenómeno es más complejo. Esto implica que la relación crimen y política excepcionalmente opera de manera diáfana.

Los pactos criminales en México no funcionan como estructuras monolíticas; son relaciones inestables entre actores políticos, policías, empresarios, operadores locales y organizaciones delictivas que se ajustan cuando cambia el poder y esos ajustes suelen ser violentos.

Lo más grave es que, mientras eso ocurría, desde el poder federal se alimentaba un clima hostil hacia la prensa. Las descalificaciones diarias desde Palacio Nacional, la estigmatización de periodistas críticos y espacios como “Quién es quién en las mentiras” contribuyeron a deteriorar todavía más las condiciones para ejercer el periodismo. Incluso el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH advirtió entonces que ese discurso podía agravar el ambiente de riesgo.

México llegó así a una situación brutal de periodistas atrapados entre la violencia criminal y la deslegitimación política. Los asesinatos de periodistas no son solamente ataques contra individuos, sino formas de control territorial y mecanismos para administrar el silencio. Por eso importa mirar el mapa completo.

Quizá la sangre de aquellos años también contó una historia sobre cómo se reconfiguró el poder en México y sobre quiénes pagaron el precio de haberlo contado.