Ciudad de México, 20/08/26 (Más).- La violencia obstétrica está reconocida jurídicamente en 29 entidades federativas de México, pero su incorporación en las leyes no permite determinar por sí misma si las medidas adoptadas para prevenirla han reducido su incidencia. Especialistas advierten que la atención del problema requiere cambios en los servicios de salud, formación del personal médico, infraestructura y mecanismos de rendición de cuentas.
De acuerdo con información de Animal Político, un informe elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Uehiro Institute de la Universidad de Oxford y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM señala que la violencia obstétrica continúa siendo una experiencia frecuente durante el embarazo, el parto y el posparto. La ENDIREH 2021 reportó que 31.4% de las mujeres que tuvieron un parto entre 2016 y 2021 experimentó al menos una manifestación de este tipo de violencia.
La proporción registrada en 2021 representó una reducción de dos puntos porcentuales respecto de la medición anterior. En la ENDIREH 2016, 33.4% de las mujeres que tuvieron un parto entre 2011 y 2016 señaló haber experimentado alguna manifestación de violencia obstétrica. Sin embargo, las organizaciones que elaboraron el informe advierten que esta disminución no puede atribuirse directamente a las reformas legales.
La violencia obstétrica es considerada una forma específica de violencia contra las mujeres y otras personas con capacidad de gestar y una violación a los derechos humanos. Puede ocurrir en servicios de salud públicos o privados e incluye acciones u omisiones del personal que ocasionen daños físicos o psicológicos durante el embarazo, parto o puerperio.
Entre las conductas identificadas se encuentran el trato cruel, inhumano o degradante, la falta de consentimiento para realizar exploraciones físicas o vaginales, la ausencia de confidencialidad, la discriminación, las amenazas o coerción para aceptar determinados métodos anticonceptivos y la negación o retraso de la atención como forma de castigo.
También se consideran manifestaciones de violencia obstétrica algunas prácticas médicas que no están justificadas clínicamente, como determinadas cesáreas realizadas de manera rutinaria. Estas conductas pueden afectar la capacidad de las pacientes para tomar decisiones libres e informadas sobre sus procesos reproductivos.
El reconocimiento legal tampoco equivale a que una conducta sea considerada automáticamente un delito. De los 29 estados que contemplan la violencia obstétrica en sus legislaciones, solo ocho la establecen como conducta delictiva sancionable con prisión o multas: Chiapas, Estado de México, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Aguascalientes.
En el caso de Aguascalientes, la legislación contempla conductas delictivas reproductivas específicas sin utilizar expresamente el término “violencia obstétrica”. Las otras tres entidades federativas que no reconocen de manera explícita esta forma de violencia en sus leyes locales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia son Jalisco, Michoacán y Sinaloa.
Para Rebeca Ramos, abogada y directora de GIRE, abordar el problema exclusivamente desde una perspectiva punitiva resulta insuficiente porque se trata de una problemática estructural. La penalización, explicó, puede generar resistencias entre profesionales de la salud y favorecer prácticas defensivas ante el temor de enfrentar denuncias y procesos penales.
La especialista también señaló que parte del personal sanitario trabaja bajo condiciones de recursos limitados, sobrecarga laboral, capacitación insuficiente y falta de insumos. Por ello, las medidas para combatir la violencia obstétrica requieren atender las condiciones en las que se proporciona la atención médica.
Esta distinción también es relevante para interpretar las estadísticas. El hecho de que 31.4% de las mujeres encuestadas haya reportado alguna manifestación de violencia obstétrica no significa que ese porcentaje haya sido víctima de un delito, debido a que una encuesta estadística identifica experiencias y prácticas, mientras que la acreditación de una conducta delictiva corresponde a procedimientos jurídicos específicos.
Otro obstáculo para evaluar las políticas públicas es la periodicidad de la principal encuesta nacional utilizada para medir el fenómeno. La ENDIREH se realiza cada cinco años, por lo que permite comparar los periodos 2011-2016 y 2016-2021, pero no existe una nueva medición comparable que permita conocer cómo evolucionó la prevalencia entre 2021 y 2026.
La falta de mediciones frecuentes dificulta determinar con rapidez si las reformas legales, protocolos y políticas públicas han tenido algún efecto. Para evaluar su eficacia también se requieren datos sobre denuncias, investigaciones, sanciones, condiciones de los servicios médicos y resultados obtenidos después de que las pacientes presentan una queja.
El nivel de conocimiento sobre la violencia obstétrica constituye otro factor. Algunas mujeres pueden no identificar como violencia determinadas prácticas de maltrato, intervenciones médicas sin consentimiento o actos discriminatorios debido a que han sido normalizados durante años dentro de los servicios de salud.
El problema también alcanza la formación de los profesionales. César Palacios, investigador del Uehiro Institute de la Universidad de Oxford, explicó que el análisis de planes de estudio de medicina de distintas universidades mostró que la violencia obstétrica y de género no suele abordarse de manera específica dentro de la formación relacionada con la ética médica.
Las cifras también muestran que la violencia obstétrica no afecta de la misma manera a todas las mujeres. Según la ENDIREH 2021, 43.9% de las mujeres con discapacidad que tuvieron un parto reportó alguna manifestación de violencia obstétrica, frente a 30.4% entre mujeres sin discapacidad ni limitaciones.
Entre adolescentes de 15 a 19 años con discapacidad, la proporción alcanzó 55.4%. También existen diferencias según el lugar donde ocurrió el parto: 39.8% de las mujeres atendidas en el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó alguna manifestación, frente a 15.1% entre quienes recibieron atención en instituciones privadas.
El informe analizó además 64 casos de violencia obstétrica y 12 casos de muerte materna acompañados por GIRE. Los expedientes permitieron identificar problemas relacionados con infraestructura, traslados, respuestas clínicas tardías, deficiencias en la atención y mecanismos institucionales que pueden trasladar parte de la responsabilidad hacia las pacientes.
Entre los casos de mujeres indígenas, fueron analizados diez expedientes. En todos se identificó una respuesta clínica tardía y 88% requirió un traslado debido a la falta de infraestructura en la unidad de atención primaria.
Las organizaciones concluyeron que los datos disponibles muestran que la violencia obstétrica continúa siendo una experiencia frecuente y que aproximadamente una de cada tres mujeres que tuvo un parto durante el periodo analizado reportó alguna de sus manifestaciones.
El reto para las autoridades, de acuerdo con el informe, no consiste únicamente en incorporar la violencia obstétrica en las leyes, sino en determinar si ese reconocimiento se traduce en mejores condiciones de atención, prevención y acceso a la justicia. Para ello se requieren mediciones periódicas y mecanismos que permitan conocer los resultados de las políticas implementadas.
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