Barcelona, 13/07/2024 (Más / IA).- La oposición al alquiler de espacios particulares con fines turísticos toma fuerza en el mundo. Se trata de servicios que se pueden clasificar bajo los términos de “economía colaborativa” o “economía de compartir”.
El prototipo de este servicio es la plataforma Airbnb, fundada en 2008, que permite a las personas alquilar sus propiedades, o partes de ellas, a huéspedes que buscan alojamiento temporal. Aunque se trata de la marca más reconocida con el servicio, la verdad es que hay otras formas en las que este modelo de negocio funciona.
El modelo, que inicialmente prometía beneficios económicos y una experiencia de viaje más auténtica, está ahora bajo un escrutinio considerable debido a una serie de problemas emergentes que afectan a las comunidades locales. El éxito y la expansión de estos servicios revelaron efectos nocivos, generando protestas en múltiples destinos.
Poco a poco se extienden las protestas contra varios problemas asociados a ese tipo de alquileres, como el desplazamiento de los residentes locales. Los propietarios de viviendas, atraídos por la posibilidad de obtener mayores ingresos, optan por alquilar sus propiedades a turistas en lugar de a inquilinos a largo plazo, lo que resulta en una disminución de la disponibilidad de viviendas para los residentes y un aumento significativo de los precios de alquiler.
Además, la proliferación de alquileres turísticos lleva a la gentrificación, transformando vecindarios tradicionales para satisfacer las demandas de los turistas, a menudo a expensas de la cultura y la identidad local. Los negocios tradicionales son reemplazados por tiendas y restaurantes dirigidos a visitantes, alterando el tejido social de la comunidad.
La demanda de propiedades para alquiler turístico también eleva los precios del mercado inmobiliario, dificultando aún más el acceso a la vivienda para los residentes locales. En ciudades como Barcelona y París, esto ha llevado a una crisis de vivienda, con precios fuera del alcance para muchos ciudadanos.
La rotación constante de huéspedes genera conflictos con los residentes permanentes debido al ruido, fiestas y falta de consideración por las normas comunitarias en barrios con una alta concentración de alquileres turísticos.
Este contexto ha incubado protestas sociales que han metido presión a las autoridades, quienes poco a poco toman medidas.
En Barcelona, España, la ciudad implementó estrictas regulaciones para los alquileres turísticos. El ayuntamiento limitó el número de licencias para nuevas propiedades y aumentó las inspecciones para garantizar el cumplimiento de las normativas. Además, se han impuesto fuertes multas a los propietarios que operan sin licencia.
Madrid, también en España, prepara cambios normativos para regular el alquiler temporal y turístico, como la creación de una plataforma para el registro de todos los inmuebles con esa vocación y un cambio normativo que permita a los vecinos oponerse a que una propiedad sea utilizada con esos fines.
París, Francia, restringió el alquiler de propiedades a corto plazo a un máximo de 120 días al año, creó un registro obligatorio para los propietarios e incrementó las sanciones para aquellos que incumplen las normas.
En Ámsterdam, Países Bajos, se establecieron normas que limitan los alquileres turísticos a un máximo de 30 días al año y para un máximo de cuatro personas por propiedad. La ciudad intensificó los esfuerzos de vigilancia para garantizar que los propietarios cumplan con las restricciones.
Nueva York, Estados Unidos, implementó leyes que prohíben el alquiler de apartamentos enteros por menos de 30 días, a menos que el propietario también resida en la propiedad durante el período de alquiler. Las autoridades aumentaron las inspecciones y las sanciones para frenar el uso ilegal de propiedades para alquileres turísticos.
En Kelowna, Canadá, recién entró en vigor una normativa que elimina el uso de alojamiento a corto plazo como una opción secundaria. La nueva legislación provincial exige que los alquileres a corto plazo solo se permitan en la residencia principal del anfitrión, no en segundas propiedades.
Portugal dejó de emitir nuevas licencias para alquileres vacacionales, excepto en áreas rurales, mientras que las licencias vigentes se revisarán cada cinco años.
En Honolulu, Hawái, el ayuntamiento aprobó una ordenanza que establece un mínimo de 90 días para los alquileres a corto plazo fuera de las zonas turísticas designadas, como Waikīkī y Ko Olina. Además, la nueva legislación estatal otorga a los condados de Hawái más control sobre los alquileres a corto plazo.
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