París, 13/07/24 (Más / IA).- El gobierno francés comenzó el traslado de miles de inmigrantes sin hogar fuera de París, colocándolos en autobuses hacia ciudades como Lyon y Marsella, en un intento de limpiar las calles de la capital antes de los Juegos Olímpicos de 2024.
A los inmigrantes se les prometió vivienda y apoyo social en sus nuevos destinos, pero muchos han terminado viviendo en las calles desconocidas lejos de casa o enfrentando la deportación.
El presidente Emmanuel Macron aseguró que los Juegos Olímpicos, que inician el 16 de julio, serán una oportunidad para mostrar la grandeza de Francia. Sin embargo, la Villa Olímpica se está construyendo en Seine-Saint-Denis, uno de los suburbios más pobres de París, donde miles de personas viven en campamentos callejeros, refugios o edificios abandonados.
Durante el último año, la policía y los tribunales han desalojado a unas 5 mil personas, en su mayoría hombres solteros, según Christophe Noël du Payrat, un alto funcionario federal en París.
“Fuimos expulsados por los Juegos Olímpicos”, dijo Mohamed Ibrahim, de Chad, quien fue desalojado de una fábrica de cemento abandonada cerca de la Villa Olímpica y trasladado a un pueblo a las afueras de Orleans.
Oumar Alamine, de la República Centroafricana, describió la experiencia de ser enviado en un autobús sin saber a dónde iría.
“Te dan un boleto al azar”, explicó Alamine.
Funcionarios del gobierno de Macron declinaron hacer comentarios directos sobre el programa, pero afirmaron que se trata de una medida voluntaria para aliviar la escasez de viviendas de emergencia en París.
Sin embargo, un correo electrónico obtenido por el periódico L’Équipe reveló que el objetivo era identificar a las personas en la calle en sitios cercanos a las sedes olímpicas y trasladarlas antes de los Juegos.
La policía incrementó las redadas en campamentos para personas sin hogar y edificios abandonados, prometiendo vivienda y ayuda social a los desalojados.
Después de ser trasladados, los inmigrantes son alojados temporalmente en refugios y sometidos a evaluaciones para determinar su elegibilidad para el asilo.
Aquellos que califican pueden recibir vivienda a largo plazo, pero aproximadamente el 60 por ciento de los alojados no obtienen viviendas permanentes y muchos reciben órdenes de deportación.
La medida ha generado críticas, destacando la falta de coordinación con las autoridades locales y la insuficiencia de recursos para atender a los desplazados.
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