No publica FGE información de homicidios

Por Zitamar Arellano Trueba

Saltillo, Coahuila 05/08/26 (Más).- Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) informa periódicamente cuántas víctimas de homicidio registra Coahuila, no publica una relación que permita identificar los casos que integran sus cifras. La falta de fechas, municipios, reclasificaciones y datos individualizados impide comprobar si todas las muertes conocidas fueron realmente contabilizadas o por qué quedaron fuera de la estadística.

No es que la información sea falsa, sólo que su sistema de registro no permite auditar y corroborar que es cierta.

Las cifras de homicidio que reporta la Fiscalía General del Estado de Coahuila no pueden ser auditadas de manera independiente, debido a que la institución pública resultados acumulados, pero no proporciona información suficiente para reconstruir, víctima por víctima, cómo llegó a esos totales.

Esto no quiere decir que FGE oculte homicidios, ni que sus números sean necesariamente falsos, pero la información pública disponible no permite comprobar que los datos sean completos, consistentes y construidos con los mismos criterios a lo largo del tiempo.

Una revisión de los homicidios difundidos durante 2026 por medios de comunicación locales permite elaborar una relación de casos concretos: personas asesinadas, fechas aproximadas, municipios, lugares de localización, mecanismos de muerte y circunstancias generales de los hechos.

Sin embargo, esa lista periodística no puede compararse de manera directa con los registros de la Fiscalía porque la dependencia no publica las fichas que componen su estadística.

Cuando la FGE informa que durante determinado mes fueron contabilizadas cierto número de víctimas de homicidio doloso, no precisa públicamente quiénes fueron esas personas, en qué municipios ocurrieron los hechos, cuándo se produjo la agresión, cuándo murió la víctima o en qué fecha fue reclasificada la carpeta de investigación.

Por ello, no es posible determinar qué casos conocidos públicamente están incluidos en la cifra oficial y cuáles no.

La FGE ofrece totales, pero no los casos que los integran

El principal problema es la ausencia de trazabilidad. Para auditar una cifra no basta con conocer el resultado final. Es necesario disponer de los elementos que permitan reproducir el conteo y llegar al mismo total.

En el caso de los homicidios de Coahuila, una revisión independiente necesitaría, al menos, un identificador para cada víctima, el municipio, la fecha del hecho, la fecha de fallecimiento, la clasificación inicial de la carpeta, la clasificación definitiva y el mes en que el caso fue incorporado a la estadística.

Nada de esto tendría que incluir nombres de víctimas, datos personales, líneas de investigación o información que pusiera en riesgo los procesos penales. La Fiscalía podría utilizar claves anónimas para proteger las investigaciones. Sin embargo, actualmente ni siquiera existe una relación pública anonimizada que permita seguir el recorrido estadístico de cada muerte.

Esto obliga a aceptar el total comunicado por la institución sin posibilidad de verificar de manera externa los casos que lo sostienen.

Uno de los principales obstáculos para comparar los homicidios publicados por la prensa con los reportados por la FGE son las reclasificaciones.

Una persona puede resultar gravemente herida en una agresión y morir varios días después. Inicialmente, la carpeta podría investigarse como tentativa de homicidio y cambiar a homicidio doloso cuando se confirma el fallecimiento.

También puede ocurrir que una muerte se registre primero como accidente, homicidio culposo, suicidio o causa por determinar y que posteriormente los peritajes encuentren elementos para investigarla como homicidio intencional.

Esos cambios forman parte normal de una investigación penal. El problema es que la Fiscalía no ofrece información pública que permita saber cuándo se realizó la modificación y en qué mes apareció finalmente la víctima dentro de la estadística.

Por ejemplo, si una persona fue atacada a finales de enero y murió en febrero, no puede comprobarse públicamente si la FGE la contabilizó en enero, en febrero o en un mes posterior.

Lo mismo ocurre cuando una muerte reportada inicialmente como accidente termina siendo investigada como homicidio doloso. Sin una ficha de seguimiento, no puede saberse si fue incorporada retroactivamente, si permaneció en la categoría inicial o si todavía se encontraba pendiente de clasificación.

La dificultad aumenta con los cuerpos encontrados en avanzado estado de descomposición, restos óseos o víctimas cuya causa de muerte no puede establecerse inmediatamente.

La prensa puede informar sobre el hallazgo desde el primer día, pero la Fiscalía debe esperar resultados forenses para determinar si la muerte fue violenta, accidental o natural.

Si posteriormente los peritos establecen que se trató de un homicidio, el caso puede incorporarse a la estadística semanas o meses después.

También es posible que los restos correspondan a una persona desaparecida desde tiempo atrás. En esos casos, la información pública no permite conocer si la víctima fue contabilizada en la fecha probable de muerte, en el mes del hallazgo, cuando fue identificada o cuando la carpeta recibió su clasificación definitiva.

Estas diferencias pueden ser legítimas desde el punto de vista de la investigación, pero no pueden revisarse porque la FGE no publica el historial estadístico de cada caso.

Otro ejemplo son las personas que sobreviven inicialmente a un ataque y fallecen días después en un hospital.

Los medios suelen informar el hecho cuando ocurre la agresión, especialmente si se trata de una balacera, un ataque con arma blanca o una persona encontrada gravemente herida.

Sin embargo, si la víctima muere posteriormente y la Fiscalía no emite información adicional, el fallecimiento puede no aparecer en el seguimiento periodístico.

Esto explicaría que algunos homicidios sí estén en los registros de la autoridad, pero no en el recuento de la prensa.

También puede ocurrir lo contrario: que los medios informen una muerte como probable homicidio, pero que los peritajes posteriores descarten la intervención de otra persona.

Sin información individualizada, no puede saberse cuál de estas explicaciones corresponde a cada diferencia.

La prensa tampoco ofrece un registro completo

La falta de coincidencia entre los homicidios publicados por los medios y las cifras de la FGE no demuestra automáticamente una manipulación.

Los medios de comunicación no conocen todas las carpetas de investigación. Algunos casos suceden en comunidades rurales, no generan comunicados oficiales o son difundidos únicamente mediante reportes breves en redes sociales.

También existen notas duplicadas, información preliminar que después cambia y muertes descritas inicialmente como homicidios que terminan clasificadas de otra manera.

Por ello, un recuento periodístico tampoco puede presentarse como una cifra definitiva.

Pero estas limitaciones no eliminan la obligación de la autoridad de hacer auditables sus propios resultados.

La FGE es la institución que concentra las carpetas de investigación, los dictámenes periciales, las causas de muerte y las reclasificaciones. Es, por tanto, la única que puede explicar con precisión cuáles víctimas integran cada cifra mensual.

Mientras no publique esa información, las diferencias entre la prensa y los datos oficiales no podrán aclararse.

La conclusión que puede sostenerse es que la información pública de la Fiscalía de Coahuila no permite auditar caso por caso sus cifras de homicidio.

No hay elementos suficientes para afirmar que la dependencia haya eliminado deliberadamente víctimas o alterado sus números. Pero tampoco existen datos abiertos que permitan descartar errores, retrasos, diferencias de criterio o reclasificaciones no explicadas.