Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila 05/08/26 (Más).- Las estadísticas de homicidios pueden colocar a Coahuila entre los estados con menor violencia del país y, al mismo tiempo, mostrar incrementos o periodos críticos. La aparente contradicción surge porque el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) no miden exactamente lo mismo, no utilizan las mismas fuentes y tampoco asignan necesariamente cada muerte al mismo lugar o periodo.
Las cifras de homicidios del INEGI y las del SESNSP pueden mostrar panoramas muy diferentes sobre Coahuila sin que necesariamente una de las dos instituciones haya cometido un error.
En algunos reportes, el INEGI coloca al estado en una posición relativamente holgada, con una de las tasas de homicidio más bajas del país. En cambio, los registros mensuales del SESNSP pueden mostrar aumentos pronunciados, concentraciones de asesinatos o periodos en los que la entidad atraviesa una situación más delicada.
La explicación principal es que ambas instituciones observan fenómenos relacionados, pero distintos.
El SESNSP mide la actividad de las fiscalías que contabilizan los presuntos delitos y las víctimas registradas dentro de carpetas de investigación. El INEGI, en cambio, estudia la mortalidad contando las defunciones que, después de la certificación médica, el registro civil y la revisión estadística, fueron clasificadas como homicidios.
En términos simples, el SESNSP pregunta cuántas víctimas fueron registradas por las fiscalías dentro de investigaciones por homicidio doloso. El INEGI pregunta cuántas personas murieron y tuvieron como causa de defunción una agresión u homicidio. La diferencia parece pequeña, pero puede modificar de manera importante el resultado.
Una fuente cuenta investigaciones; la otra, defunciones
La información del SESNSP proviene de las procuradurías y fiscalías de las entidades. Esas instituciones reportan los delitos y víctimas que aparecen en las averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas por el Ministerio Público.
El INEGI, en cambio, construye sus Estadísticas de Defunciones Registradas a partir de documentos como certificados y actas de defunción, además de información aportada por las instituciones que registran las muertes. Su objetivo no es medir la actividad ministerial, sino conocer el volumen, las causas y las características de la mortalidad.
Por eso, aunque ambos reportes utilicen la palabra “homicidio”, no parten del mismo documento.
Para el SESNSP, el dato nace principalmente de una carpeta penal. Para el INEGI, nace de una defunción registrada y de la causa médica y estadística que se le asigna.
Esta diferencia permite que una muerte aparezca antes en una fuente que, en la otra, que sea incluida en años distintos o que incluso termine dentro de categorías diferentes.
Por ejemplo, una persona puede ser atacada a balazos el 29 de diciembre y quedar hospitalizada. La Fiscalía inicia ese mismo día una carpeta por tentativa de homicidio. La víctima muere el 4 de enero y la investigación cambia entonces a homicidio doloso.
Dependiendo de la forma en que se actualice la carpeta, el SESNSP podría incorporar a la víctima cuando la Fiscalía modifique la clasificación o dentro del periodo en que se reporte el cambio.
Para el INEGI, la defunción correspondería al año en que ocurrió la muerte, es decir, enero del año siguiente, porque su estadística parte del fallecimiento y no necesariamente de la fecha de la agresión.
Así, un solo caso podría fortalecer la cifra del SESNSP de un periodo y aparecer en la estadística del INEGI de otro año.
En estados con pocos homicidios, como suele ocurrir en Coahuila en comparación con entidades mucho más violentas, el desplazamiento de unas cuantas víctimas puede alterar considerablemente las variaciones porcentuales.
Si un mes se registran cinco víctimas y al siguiente diez, el aumento es de 100 por ciento, aunque la diferencia absoluta sea de sólo cinco personas. Ese incremento puede presentar una imagen crítica en el seguimiento mensual, mientras la tasa anual continúa entre las más bajas del país.
Otra diferencia se encuentra en el periodo analizado. Los datos del SESNSP se actualizan mensualmente y permiten observar cambios inmediatos. Una sucesión de ataques múltiples, feminicidios, conflictos entre grupos criminales o hallazgos de cuerpos puede provocar un salto visible en pocas semanas.
El INEGI normalmente presenta resultados anuales, primero preliminares y después definitivos. Su cifra distribuye los homicidios ocurridos a lo largo de doce meses y permite calcular una tasa por cada 100 mil habitantes.
Ambas lecturas pueden ser correctas. Coahuila puede tener un mes especialmente violento y, al mismo tiempo, cerrar el año con una tasa menor que la mayoría de las entidades. Por ejemplo, pasar de cuatro a nueve víctimas en un mes representaría un incremento de 125 por ciento. Una comunicación centrada en la variación mensual describiría una escalada preocupante.
Pero si al final del año el estado acumulara una cifra reducida respecto de su población, el INEGI podría ubicarlo nuevamente entre las entidades con menor tasa de homicidios.
La primera estadística mostraría la velocidad reciente del problema. La segunda describiría su magnitud anual.
Por otra parte, las carpetas de investigación no permanecen siempre bajo la clasificación con la que fueron abiertas.
Una muerte puede comenzar investigándose como accidente, suicidio, homicidio culposo, causa desconocida o simplemente como un hallazgo de cadáver. Después, los dictámenes forenses pueden demostrar que la persona fue asesinada.
También puede ocurrir lo contrario: un hecho que inicialmente parecía un homicidio puede terminar clasificado como suicidio, accidente o muerte natural.
Estos cambios generan diferencias temporales.
Supongamos que en marzo se encuentra un cuerpo en una brecha, sin lesiones evidentes debido al estado de descomposición. La Fiscalía abre una investigación, pero no lo reporta todavía como víctima de homicidio doloso porque desconoce la causa de muerte.
Dos meses después, los estudios forenses encuentran una fractura provocada antes del fallecimiento y concluyen que hubo intervención de otra persona.
El SESNSP podría recibir la modificación cuando la Fiscalía reclasifique la carpeta. El INEGI podría incorporar la defunción cuando se determine y codifique la causa, proceso que puede ocurrir en otro momento.
Si los cortes estadísticos ya fueron realizados, el mismo homicidio puede aparecer en actualizaciones posteriores o provocar correcciones en las cifras.
El INEGI advierte que sus resultados preliminares pasan por revisiones y confrontas antes de convertirse en cifras definitivas, lo que explica que algunos valores cambien después de su primera publicación.
Asimismo, una víctima puede estar vinculada geográficamente con más de una entidad.
Por ejemplo, una persona puede ser atacada en un municipio de Coahuila, trasladada a un hospital de Nuevo León y morir ahí. También puede residir en otra entidad o registrarse administrativamente la defunción en un sitio diferente.
Las bases del INEGI permiten organizar la información conforme a distintos criterios territoriales, entre ellos la entidad de registro, de ocurrencia o de residencia habitual de la persona fallecida.
El SESNSP, en cambio, vincula el delito con la fiscalía y la carpeta de investigación responsable del caso.
Esto significa que una muerte puede asignarse a Coahuila en la estadística ministerial porque el ataque ocurrió en el estado y la Fiscalía local abrió la carpeta, pero aparecer bajo otra entidad en una tabla del INEGI si el usuario consulta las defunciones por lugar de registro o bajo otro criterio geográfico. También puede suceder a la inversa.
Por ello, comparar una tabla del SESNSP con cualquier tabla del INEGI sin revisar la variable territorial puede producir diferencias que parecen inexplicables, aunque en realidad se trate de la misma persona ubicada con reglas distintas.
Un homicidio doloso no equivale siempre a una defunción por homicidio
El lenguaje también genera confusión. El SESNSP utiliza una clasificación jurídica. Habla de homicidio doloso cuando la Fiscalía investiga que existió intención de causar la muerte o una conducta legalmente incluida en ese delito.
El INEGI trabaja con una clasificación estadística de las causas de muerte. Sus reportes se refieren normalmente a defunciones por homicidio o presunto homicidio, determinadas mediante información médica, forense y registral.
El Ministerio Público puede modificar la clasificación jurídica conforme avanza una investigación. La estadística de mortalidad, por su parte, busca identificar la causa que produjo la defunción.
Un atropellamiento, por ejemplo, puede registrarse inicialmente como un hecho de tránsito y homicidio culposo. Si posteriormente se demuestra que el conductor utilizó deliberadamente el vehículo para atacar a la víctima, la Fiscalía puede reclasificarlo como homicidio doloso.
El INEGI podría haber registrado desde el principio que la persona murió por una lesión provocada con un vehículo, pero la intencionalidad dependería de la información disponible en los documentos y de las actualizaciones posteriores.
La aparente inconsistencia no surge necesariamente de que falte una muerte, sino de que una institución la ordena por su clasificación penal y otra por la causa estadística de la defunción.
Dentro del propio SESNSP existen dos cifras que pueden confundirse: carpetas de investigación y víctimas.
Un ataque en el que mueren tres personas puede generar una sola carpeta por homicidio doloso, pero contener tres víctimas. Por casos así, si se compara el número de carpetas del SESNSP con el número de defunciones del INEGI, la diferencia será inevitable.
Quien compare una carpeta contra tres defunciones podría concluir erróneamente que el INEGI triplicó la cifra, cuando en realidad sólo se utilizaron unidades de medición distintas.
Para una comparación razonable deben utilizarse las víctimas del SESNSP, no únicamente las carpetas iniciadas.
El SESNSP informa principalmente la incidencia delictiva registrada por las fiscalías estatales en delitos del fuero común, además de bases separadas relacionadas con el fuero federal.
El INEGI cuenta defunciones, independientemente de cuál autoridad investigue finalmente el caso.
Si una muerte ocurrida en Coahuila queda bajo una investigación federal, puede no aparecer de la misma manera dentro de la base estatal de incidencia delictiva que comúnmente se consulta, pero sí formar parte de las defunciones por homicidio del INEGI.
Esto puede suceder en hechos relacionados con instalaciones federales, personal federal, delincuencia organizada u otras circunstancias que determinen la intervención de la Fiscalía General de la República.
No significa necesariamente que la víctima haya sido omitida. Puede estar dentro de otro ámbito de competencia.
Otra fuente de discrepancias es comparar cifras que se encuentran en diferentes etapas de revisión.
El SESNSP publica cortes mensuales elaborados con la información remitida por las fiscalías. Las bases pueden incorporar actualizaciones o correcciones posteriores. El INEGI publica primero resultados preliminares y después datos definitivos. Entre ambos momentos realiza confrontas y revisiones para precisar la causa de determinadas defunciones.
Comparar el cierre preliminar de una institución con el dato definitivo de otra puede producir diferencias que no estaban presentes en el mismo corte temporal.
Por ejemplo, una muerte ocurrida en diciembre puede permanecer pendiente de dictamen cuando el SESNSP realiza su cierre inicial. Meses después puede incorporarse como homicidio en los registros ministeriales y también aparecer en las defunciones definitivas del INEGI.
Las dos fuentes permiten construir narrativas aparentemente opuestas.
La del INEGI puede mostrar que Coahuila posee una de las tasas anuales más bajas de defunciones por homicidio y que se encuentra lejos de los niveles de entidades con violencia extrema.
La del SESNSP puede revelar que, durante determinados meses, aumentó el número de víctimas, surgieron ataques múltiples o cambió la tendencia reciente.
Una cifra describe la posición estructural del estado frente al resto del país. La otra puede advertir movimientos inmediatos dentro de las investigaciones penales.
Por ello, afirmar simplemente que “los homicidios bajaron” o “los homicidios se dispararon” resulta insuficiente sin señalar la fuente, el periodo y el indicador utilizado.

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