Ciudad de México, 4 dic. Ángel tiene seis meses y solo conoce a los perros por televisión. Nunca ha tocado uno, no sabe a qué huelen ni cómo se sienten. Su mamá, Britney, privada de la libertad desde hace cinco años en el penal de Chiconautla, en Ecatepec, Estado de México, explica que su hijo está perdiendo estímulos del mundo exterior que ayudarían a su desarrollo.
Él forma parte de las 311 infancias que viven en reclusorios mexicanos, donde hijas e hijos de mujeres internas pueden permanecer con ellas hasta los tres años. Además, 268 mujeres embarazadas o en periodo de lactancia habitan en cárceles del país. Britney relata que ser madre en prisión implica atender consultas médicas, enfrentar antojos y compartir espacios reducidos con otras mujeres y sus bebés.
Animal Político reportó que durante el embarazo Britney tenía consultas cada mes, pero el costo de los antojos y los productos básicos corría por su cuenta.
En la estancia que comparte con otras madres y bebés señala que tiene luz, televisión y agua caliente, pero fuera de esa área los niños pueden convivir con la población general y cada mamá decide si quiere exponerlos. Algunas reclusas buscan regenerarse, dice, pero otras siguen delinquiendo dentro del penal, por eso ella evita que Ángel conviva con el resto.
La vida cotidiana transcurre en espacios muy limitados: un patio interior de cuatro por dos metros y una “bebeteca”, un área infantil de aproximadamente 12 metros cuadrados con juguetes, libros, películas y tapetes de colores, el único lugar que contrasta con el gris y negro de la prisión.
En este sitio, los bebés juegan, ríen, lloran y aprenden a conocer pequeñas partes del mundo, mientras sus madres intentan ofrecerles rutinas estables. Ángel se despierta a las 6:30 de la mañana, desayuna, se baña y pasa el día entre juegos, ventas improvisadas de flanes o comida y momentos para ver palomas, los únicos animales reales que conoce.
La Ley Nacional de Ejecución Penal establece que las mujeres privadas de la libertad tienen derecho a conservar la custodia de sus hijos menores de tres años dentro del centro penitenciario, con alimentación adecuada, educación inicial, vestimenta y atención pediátrica.
También prevé instalaciones específicas para maternidad y lactancia. Cuando no existe una red de apoyo que se encargue del menor al cumplir tres años, el reclusorio canaliza el caso al DIF, aunque las visitas posteriores suelen ser escasas y la separación marca profundamente a las madres y a sus hijos.
Las dificultades económicas afectan la crianza. Britney cuenta que los pañales, fórmula y toallitas son complicados de conseguir y que no siempre tiene dinero.
En el penal solo existen dos talleres laborales: uno usa solventes dañinos para los bebés y en el otro no hay trabajo disponible.
Así, muchas madres recurren a vender comida cuando se puede, aunque no siempre hay condiciones de higiene o espacio. Las donaciones de organizaciones externas alivian momentáneamente la situación, pero no garantizan los estímulos que los niños del exterior reciben naturalmente.
El momento más difícil llega cuando los niños cumplen tres años. Britney ya enfrentó una separación anterior: dejó a una hija con su abuela cuando tenía cinco años y ahora la niña, de 10, aún resiente las consecuencias de esa distancia.
Ella espera obtener una preliberación cuando cumpla la mitad de su sentencia, aunque reconoce que es “como una moneda en el aire”. De no lograrlo, la alternativa sería que Ángel se fuera con su padre mediante un reconocimiento legal, algo que le causa angustia.
Mercedes Becker, cofundadora de La Cana, organización que trabaja con mujeres e infancias en prisión, señala que las cárceles no están diseñadas para madres ni para niños.
En muchos centros no existen áreas de maternidad, espacios verdes ni lugares seguros para la convivencia. Algunas infancias duermen junto a la población general o en condiciones de hacinamiento.
Crecen en un “entorno de concreto” sin árboles, pasto o animales. Becker explica que La Cana impulsa programas de salud, estimulación temprana, nutrición, asesoría psicológica y crianza positiva, además de apoyo con insumos esenciales.
El punto más crítico ocurre cuando los menores son separados de sus madres y enviados al DIF. Muchas mujeres privadas de libertad no reciben visitas, por lo que carecen de redes de apoyo.
Sin alguien que lleve a los niños a verlas, el vínculo materno se rompe de forma abrupta. Becker insiste en que es urgente visibilizar la situación de más de 300 niñas y niños que crecen tras las rejas y crear infraestructura específica para garantizar su derecho al desarrollo, a pesar del encierro.
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