Mujeres del franquismo exigen justicia

Ciudad de México 07/07/2025 (Más) – “Verdad, justicia, reparación. Ni olvido, ni perdón”. Con estas palabras, un grupo de mujeres interrumpió el pasado 9 de junio el acto oficial en el que la Conferencia Española de Religiosos pidió perdón por los abusos cometidos en instituciones religiosas durante el franquismo. Muchas de ellas pasaron su juventud encerradas en centros del Patronato de Protección a la Mujer, una red institucional creada en 1941 por el régimen de Francisco Franco para controlar y castigar a mujeres consideradas moralmente “desviadas”. Aunque el acto prometía ser un gesto de reconciliación, las supervivientes lo vivieron como una oportunidad perdida: esperaban justicia, no disculpas sin compromisos ni omisiones selectivas.

Durante más de cuatro décadas, estos centros operaron como cárceles sin juicio, gestionados por órdenes religiosas y supervisados por el Estado. Miles de mujeres —muchas menores de edad— fueron internadas por ser madres solteras, huérfanas, pobres, rebeldes, lesbianas o simplemente por no ajustarse a la moral franquista. Bastaba una denuncia del cura, un vecino o un familiar para ser encerrada. Dentro de los conventos y reformatorios, las internas eran sometidas a castigos físicos, trabajos forzados, humillaciones y aislamiento. La rutina incluía misa obligatoria, oración prolongada y jornadas laborales en cocinas, lavanderías o talleres, todo sin salario, sin libertad y sin contacto libre con el exterior.

A su llegada, muchas eran sometidas a exámenes ginecológicos invasivos para determinar su “pureza” sexual. A partir de ese diagnóstico, se decidía el tipo de trato que recibirían. Este control sobre sus cuerpos —físico, médico y moral— era parte de una ideología que justificaba la reeducación femenina mediante el sufrimiento. Varias supervivientes han roto el silencio en los últimos años. Entre ellas está Paca Blanco, entregada al Patronato por su familia a los 15 años por ser considerada “rebelde”; o Mariaje López, quien con solo ocho años fue enviada a un orfanato donde niñas pequeñas eran castigadas con ortigas en la vulva por orinarse en la cama.

Mariona Roca fue detenida en 1969 por su militancia antifranquista y sometida a trabajos forzados y terapias de electroshock en un centro psiquiátrico religioso. Churra, internada entre 1983 y 1985 —ya en democracia— por estar embarazada y no casada, recuerda el temor de que le arrebataran a su hija, como ocurrió con muchas otras mujeres cuyos bebés fueron declarados muertos sin pruebas. Consuelo García del Cid, autora del libro Las desterradas hijas de Eva, fue internada por decisión de su familia tras participar en protestas. Desde entonces ha documentado cómo muchas jóvenes trabajaban sin contrato ni sueldo para empresas como El Corte Inglés.

Uno de los testimonios más estremecedores es el de María Victoria González (“Viki”), enviada junto a su hermana a un centro del Patronato tras el encarcelamiento de su madre. Allí fue violada repetidamente por su padre durante las visitas autorizadas por las monjas, que callaban. Su hermana, al salir del centro, murió de sida tras años en la prostitución. Casos como el suyo muestran cómo la promesa de protección se convirtió en violencia institucionalizada y sistemática.

El 9 de junio, muchas de estas mujeres asistieron con la esperanza de un reconocimiento real. Pero los discursos oficiales omitieron cualquier mención directa a violaciones, adopciones ilegales o castigos extremos. Ninguna orden religiosa ha asumido públicamente su responsabilidad, ni ha ofrecido acceso a los archivos que permitirían esclarecer los hechos y reparar los daños.

Las supervivientes no quieren gestos simbólicos ni perdones abstractos. Reclaman acceso a la verdad, reconocimiento legal, reparación económica y que sus historias sean incluidas en la memoria histórica de España. Como dijeron en el acto y repiten desde hace años: sin verdad, no hay perdón. Y sin justicia, no hay reparación.