Ciudad de México, 07/07/2025 (Más) – Silvia Rodríguez tiene 57 años y la vesícula inflamada desde hace más de un año. Sabe que necesita cirugía, pero en el Hospital General de Tláhuac le dijeron que ya no hay aparatos, que ya no hacen esas operaciones. La mandaron al Hospital General, pero tampoco había cirujano. Le dijeron que se buscara uno por su cuenta. Le cotizaron entre 8 y 10 mil pesos. No tiene seguro ni ahorro. Resignada, controla el dolor con medicamentos y sigue trabajando como ayudante en un puesto de quesadillas. “Antes decían que este hospital era de especialidades, pero ahora ya no”, lamenta desde la sala de urgencias, donde espera noticias de su esposo, que llegó con un fuerte dolor de estómago.
El Hospital General de Tláhuac fue inaugurado en 2010 con promesas de atención de alta especialidad y una capacidad para atender a 240 mil personas. Hoy, sus pasillos están desgastados, con techos caídos, estantes vacíos, aparatos inservibles y personal agotado. En enero pasado se cerró el área de terapia intensiva porque renunció el último médico. Tras una protesta del personal, el área fue reabierta, pero el desabasto persiste: faltan jeringas, soluciones, tiras reactivas y medicamentos básicos como suero oral o paracetamol. Una doctora muestra las gavetas vacías en Pediatría. “Disolvemos tabletas en agua para los niños, damos dosis en jeringas. A veces ni eso tenemos”.
Animal Político recorrió el hospital y habló con trabajadores que, por temor a represalias, pidieron el anonimato. Cuentan que los geriatras y neurólogos se fueron; no hay ginecólogos los fines de semana, se suspendieron las cirugías de ortopedia. A veces, ante la falta de anestesia epidural, aplican anestesia general para los partos, con riesgos para el bebé. En una cirugía reciente, el equipo tuvo que ventilar manualmente al paciente por falta de consumibles para los concentradores de oxígeno recién adquiridos.
El hospital fue financiado originalmente con recursos del Seguro Popular, eliminado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador bajo el argumento de corrupción, aunque nunca hubo responsables sancionados. En su lugar se creó el Insabi, que también fue desaparecido. Hoy, el hospital depende del IMSS-Bienestar, un sistema aún en transición, con fallas administrativas y falta de recursos. En el proceso, el fideicomiso del Seguro Popular perdió 62% de sus recursos entre 2018 y 2023, sin que se haya explicado a dónde fue el dinero.
“No hay ni jabón para el personal”, denuncia Noemí Guerrero, del sindicato FINTRAS. Faltan medicamentos clave como gluconato de calcio o enoxaparina. En enero encabezaron una manifestación para presionar a las autoridades, que ya conocían la situación desde un diagnóstico hecho en 2024. La respuesta ha sido parcial, y los problemas continúan. Pacientes como Marisela siguen esperando. Su esposo, diabético, necesita diálisis urgentes que no pueden darse en el hospital. Cada sesión privada cuesta más de 1,800 pesos. “No sé qué hacer. Solo quiero que la presidenta nos ayude”, dice.
Los médicos se sienten atrapados. Desde que se eliminaron las cuotas de recuperación, tienen prohibido pedir a las familias que compren insumos, aunque el hospital no los tenga. “Estamos atados de manos”, explica un doctor. Otro recuerda cómo una vez se arriesgó y recetó antibióticos externos. El paciente sobrevivió, pero él puso en juego su empleo. “La gente está engañada”, agrega otra médica. “En la televisión dicen que hay megafarmacia, que no hay rechazo, pero aquí no es así. No hay con qué trabajar”.
Antes de irse, Silvia le pide a la reportera que lea la receta de su esposo. Él no puede leer. Le dieron omeprazol, pero tampoco hay en la farmacia del hospital. Lo tendrán que comprar afuera. Salen despacio. Él camina sujetándose el abdomen. Ella lo sigue, con su bolsa de tela en las piernas y la mirada cansada. Como en cada visita. Como si la salud fuera un lujo reservado solo para quien puede pagarlo.
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