“Mi libertad depende de que no se les ocurra joderme”

Houston, Texas, 27/05/25 (Más).- El rostro de la migración irregular en Estados Unidos se ha vuelto cada vez más complejo y frágil. Andrea, Tomás y David, tres migrantes latinoamericanos, enfrentan un mismo destino con distintas historias: órdenes de deportación dictadas en medio de vacíos legales, errores administrativos o situaciones de vulnerabilidad económica. En común, los tres permanecen en el país sin rumbo claro y sin papeles, en una especie de limbo jurídico y existencial.

Andrea, venezolana de 23 años, no asistió a una cita judicial por confundir la fecha. El error le costó una orden de deportación. Vive escondida en un tráiler sin dirección fija junto a su hija menor de edad. “Estoy aquí, pero no estoy haciendo nada. No tengo papeles, no tengo abogado, no tengo dirección, no tengo escuela para mi niña. No tengo nada”, relata. Renunció a su empleo fijo y ahora depende del padre de su hija y del apoyo de amistades.

En condiciones similares se encuentra Tomás, cubano de 30 años, quien perdió su residencia legal tras una condena menor por posesión de marihuana. Luego de meses en detención, obtuvo una liberación condicional bajo supervisión de ICE. “Estoy en un limbo. Cuba no acepta deportaciones. Entonces te sueltan y quedas como propiedad del ICE”, explica. Cada seis meses firma una máquina que registra su permanencia en el país. Mientras tanto, sobrevive tomando fotografías y evitando cualquier error que pueda volverlo a colocar en custodia. “Yo no vivo con miedo, pero sí con cuidado. Mi libertad depende de que no se les ocurra joderme”, dice. 

David, también cubano, es el ejemplo más claro de una brecha sistémica. Fue liberado tras una crisis de ansiedad en la frontera sin recibir estatus migratorio ni registro oficial de entrada. Descubrió semanas atrás que tiene una orden de deportación inmediata. “No lo notificaron. No tuve oportunidad de contar mi historia”, afirma. Vive con sus padres, pero sin trabajo, sin papeles y sin posibilidad de tramitar una licencia de conducir. “No soy nadie. Ni en Estados Unidos ni en Cuba”, sentencia.

La abogada Danay Rodríguez, especialista en migración, advierte que este tipo de situaciones, comunes entre personas sin recursos legales, pueden derivar en consecuencias graves y permanentes. “Una persona con orden de deportación que no actúa rápidamente puede ser expulsada forzosamente y vetada para volver legalmente a EE.UU. en el futuro”, explica. Aconseja buscar ayuda legal urgente a través de organizaciones que brindan asesoría gratuita o a bajo costo.

En 2024, el gobierno federal aumentó los incentivos económicos para las llamadas “deportaciones voluntarias”, ofreciendo hasta mil dólares a quienes acepten salir del país por cuenta propia. Sin embargo, los testimonios recabados señalan desconfianza en esos procedimientos. “Eso es mentira. Te hacen firmar y ponen lo que les dé la gana en el sistema”, dice David.

El sistema migratorio estadounidense continúa operando bajo un modelo que, para miles de personas, es incomprensible y excluyente. En ese contexto, la vulnerabilidad se convierte en norma. Según organizaciones defensoras de derechos humanos, la falta de acceso a representación legal adecuada, combinada con el endurecimiento de las políticas migratorias, ha empujado a miles de personas a vivir en la clandestinidad, sin acceso a empleo formal, educación o servicios básicos.

Cada historia personal suma a una crisis estructural que no distingue entre nacionalidades, profesiones ni intenciones. Lo que une a estos migrantes es la voluntad de quedarse en un país donde ya construyeron parte de su vida, a pesar del rechazo administrativo. Mientras no exista una vía legal clara para regularizar su situación, seguirán siendo, como David, “personas que llegaron como si no hubieran llegado”.