La salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR dejó en evidencia las omisiones y contradicciones en torno al caso del Rancho Izaguirre, señalado como sitio de desapariciones, ejecuciones y cremación clandestina en Jalisco. La intervención en el lugar se realizó sin protocolos forenses, permitiendo la contaminación de pruebas y generando críticas
Redacción Más
La renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República dejó al descubierto una de las páginas más oscuras y cuestionadas de su gestión: el caso del Rancho Izaguirre, un predio en Jalisco señalado por colectivos de búsqueda como centro de exterminio, adiestramiento criminal y retención forzada.
El episodio, marcado por negligencias, contradicciones y una fallida conducción institucional, se convirtió en un símbolo del abandono oficial frente a la crisis de desapariciones en el país.
Según reveló Emeequis, el 20 de marzo de 2025, Gertz permitió el ingreso de medios, activistas y familias al rancho sin cumplir los protocolos mínimos de preservación del lugar del crimen. Lo que debía ser una intervención forense rigurosa se transformó en una caótica visita abierta.

Madres buscadoras caminaban entre restos óseos, objetos quemados y evidencias contaminadas. “Era una acumulación de historias de desapariciones y ejecuciones convertida en un caos donde las pruebas estaban a merced del polvo y las pisadas”, narró la periodista Sandra Romandía, testigo del operativo.
El desorden y la falta de personal especializado violaron el Protocolo de Preservación del Lugar del Hecho. No hubo peritos, fiscales ni voceros que explicaran qué zonas estaban procesadas o qué hallazgos eran relevantes.
La activista Marcela Turati cuestionó la improvisación: “Juntaron a las familias con los medios, no explicaron nada”. Por su parte, la criminóloga Yuriria Rodríguez Castro afirmó que la contaminación del sitio “puede funcionar como una estrategia deliberada para ocultar homicidios”.
Pese a las evidencias, Gertz minimizó los hallazgos. El 29 de abril, durante una conferencia de prensa, declaró que en el rancho no se encontraron cadáveres, huesos, osamentas completas ni parciales, negando también la existencia de crematorios clandestinos.

Sin embargo, transmisiones en vivo de madres buscadoras mostraban vértebras, molares y fragmentos de cráneo en distintas áreas. Raúl Servín, de Guerreros Buscadores de Jalisco, aseguró que localizaron estructuras de incineración y restos humanos en zonas señaladas por testigos.
El rancho, ubicado a 50 kilómetros de Guadalajara y cercado por la Guardia Nacional desde 2024, había sido adquirido en 2012 por la fuerza. Según Emeequis, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habrían obligado al dueño a vender bajo amenaza. En 2025, el predio apareció registrado misteriosamente como propiedad privada, sin que se conozca quién realizó los trámites ante el catastro municipal.
A lo largo del proceso, Gertz mostró desconocimiento de su propia carpeta de investigación. La activista Indira Navarro relató que, tras confrontarlo con pruebas, el fiscal admitió que no contaba con información completa. “Le dimos prendas y registros que nunca habían llegado a su oficina”, dijo a Emeequis.

En contraste con las declaraciones del exfiscal, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que personas que se oponían a ser entrenadas como sicarios eran asesinadas en el lugar, según lo confesó ‘El Lastra’, encargado del predio. Aun así, la FGR insistía en negar cremaciones y minimizar los indicios, dejando en la impunidad posibles crímenes de lesa humanidad.
Ahora, con su salida hacia una embajada en el extranjero, Gertz deja un legado marcado por la impunidad y la falta de verdad institucional. El caso Rancho Izaguirre permanece abierto, sin acusaciones firmes, sin peritajes concluyentes y con miles de familias que siguen esperando justicia.
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«no somos lo mismo» -la cuatrote.