El contrato de Altagracia

En plena crisis por los bajos precios del maíz, el gobierno federal adjudicó sin licitación un contrato de 346 millones de pesos a Minsa, empresa ligada a la asesora presidencial Altagracia Gómez. El acuerdo busca abastecer con harina nixtamalizada a zonas marginadas, pero contrasta con las protestas de campesinos que exigen precios justos

Redacción Más

En medio de una creciente ola de protestas de campesinos por el bajo precio del maíz y la falta de apoyos gubernamentales, la empresa Minsa, vinculada a Altagracia Gómez –asesora empresarial de la presidenta Claudia Sheinbaum– recibió un contrato por 346 millones de pesos por parte del gobierno federal para el suministro de harina de maíz nixtamalizada en el programa Maíz para Todos.

De acuerdo con información publicada por Emeequis, el contrato fue otorgado por adjudicación directa a Minsa Comercial, S.A. de C.V., propiedad de la familia de Altagracia Gómez Sierra, quien funge como presidenta del Consejo de Administración de Grupo Minsa.

El servicio contratado implica transformar maíz en harina nixtamalizada, empacar y distribuir el producto como parte del Programa de Abasto Rural, que busca beneficiar a comunidades de alta marginación en 13 estados del país.

El acuerdo, que abarca de marzo a diciembre de 2025, fue justificado por la urgencia de operar el programa en zonas indígenas y afromexicanas, y se fundamentó en el Artículo 41, Fracción XII de la Ley de Adquisiciones.

El monto adjudicado sin IVA asciende a 346 millones 175 mil 400 pesos, y la empresa debe garantizar su cumplimiento con una fianza o cheque certificado del 10% del valor del contrato, es decir, 34.6 millones de pesos. El costo del servicio por unidad incluye un precio fijo de maquila de 3,962.96 pesos y 249.90 pesos por concepto de empaque.

Sin embargo, este contrato millonario contrasta con el malestar que persiste en el campo mexicano. El pasado 24 de noviembre, productores de maíz intensificaron sus bloqueos y protestas en estados como Sinaloa y Jalisco, exigiendo precios justos y cumplimiento de compromisos para comercializar 700 mil toneladas de maíz blanco.

Denuncian que mientras los harineros compran el kilo de maíz a poco más de 4 pesos, la tortilla se vende hasta en 27 pesos, lo que hace inviable la producción agrícola para los pequeños productores.

En Jalisco, un campesino expresó entre lágrimas la desesperación del sector: “¿Por qué subieron la tortilla a 25, 30 pesos cuando pagan el maíz a cuatro pesos? […] Vean lo que no tenemos para comer, para comprar medicinas […] Esto es privilegio de ustedes, de los funcionarios”. Sus palabras evidencian el contraste entre los beneficios obtenidos por grandes empresas y la precariedad que enfrenta el campo.

La frase que la presidenta Sheinbaum ha repetido como consigna política “Sin maíz, no hay país” adquiere un tono amargo para quienes ven que la política pública no logra equilibrar las condiciones entre los sectores empresariales y los productores agrícolas.