Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocho personas fueron vinculadas a proceso, entre ellas escoltas y el presunto autor intelectual, mientras que el jefe del equipo de protección permanece prófugo. El agresor, un menor de edad bajo el influjo de drogas, logró acercarse al edil en tres ocasiones antes de matarlo
Redacción Más
La investigación sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sigue revelando graves omisiones en el dispositivo de seguridad que debía protegerlo.
Durante una conferencia de prensa ofrecida este 28 de noviembre, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó que ocho personas –siete escoltas y el presunto autor intelectual– fueron vinculadas a proceso, y señaló los “inexplicables” fallos que permitieron al joven atacante acercarse al mandatario en tres ocasiones antes de asesinarlo.
De acuerdo con información de Infobae, el fiscal explicó que Víctor Manuel N, un adolescente de 17 años que actuó bajo los efectos de drogas, logró burlar el cerco de seguridad de Manzo en dos intentos previos antes de dispararle.
El agresor, que portaba una capucha blanca y ocultaba las manos en la sudadera, no fue detectado por los escoltas pese a su comportamiento sospechoso. En el tercer intento, finalmente cometió el homicidio.
Torres Piña detalló que los escoltas enfrentan cargos por homicidio calificado y lesiones calificadas bajo la figura de comisión por omisión, al no haber cumplido adecuadamente con su función de protección. Además, informó que el jefe de escoltas, el coronel José Manuel N, se encuentra prófugo y es señalado como uno de los principales responsables en el caso.
Los avances en la investigación se han sustentado en una amplia batería de pruebas. El expediente del caso incluye 234 diligencias, 145 dictámenes periciales, 128 entrevistas y 10 técnicas de análisis de datos, lo cual ha permitido sustentar las órdenes de aprehensión y vinculación a proceso de los implicados.
La Fiscalía de Michoacán también reconoció la importancia de la colaboración interinstitucional. Entre los apoyos clave, destacó la participación de la Fiscalía de Nuevo León, que aportó un equipo de peritos especializados, así como el reciente dictamen enviado por la Fiscalía General de la República, que ha fortalecido las líneas de investigación.
Mientras tanto, la opinión pública cuestiona cómo un menor de edad pudo penetrar con tanta facilidad un esquema de seguridad supuestamente diseñado para proteger a un alcalde en funciones, abriendo dudas no solo sobre las capacidades operativas de su escolta, sino también sobre posibles actos de encubrimiento o negligencia deliberada.
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