Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 26/09/26 (Más).- La detención del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano y la posterior desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza colocaron al municipio del Istmo de Tehuantepec en el centro de la discusión nacional sobre la penetración del crimen organizado en instituciones locales, luego de que autoridades estatales y federales intervinieran la corporación policial y retiraran su armamento.
De acuerdo con la información publicada por medios de comunicación nacionales e internacionales, el Congreso de Oaxaca aprobó con 35 votos a favor la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán, después de la detención de Sánchez Altamirano, acusado por autoridades de presuntos vínculos con la célula delictiva Los Cromos.
La intervención ocurrió dos días después de la captura del alcalde, realizada el 23 de septiembre por elementos de la Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Guardia Nacional, de acuerdo con la información difundida sobre el operativo.
Las autoridades señalan a Sánchez Altamirano, conocido como “Quetu”, de presuntamente brindar protección y facilitar las operaciones de Los Cromos, grupo al que se atribuyen actividades como extorsión, cobro de piso y otros delitos. La acusación forma parte de las investigaciones que derivaron en su detención.
Un día después de la captura del presidente municipal también fue detenido John Keny Moreno Segura, quien se desempeñó como comisionado de la Policía Municipal de Juchitán. Las autoridades lo señalan por su presunta relación con el funcionamiento de la corporación en favor del grupo delictivo.
La crisis institucional alcanzó a la Policía Municipal el 25 de septiembre, cuando autoridades estatales realizaron una revista extraordinaria y retiraron el armamento de la corporación. El arsenal estaba integrado por 28 armas largas, 27 armas cortas y 2 mil 29 cartuchos útiles de diferentes calibres.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca explicó que el retiro tuvo carácter preventivo y obedeció a la ausencia del presidente municipal y a la falta, en ese momento, de condiciones jurídicas para que el Ayuntamiento mantuviera bajo su resguardo el armamento. El material fue trasladado al Depósito General de Armamento de la Policía Estatal, en Santa María Coyotepec.
La desaparición del Ayuntamiento fue solicitada por el gobernador Salomón Jara Cruz y aprobada por el Congreso estatal el 25 de septiembre. Con esta decisión, el gobierno municipal electo para el periodo 2025-2027 dejó de operar bajo su estructura original y el Ejecutivo estatal quedó facultado para establecer un esquema temporal de administración.
La intervención de Juchitán ocurrió después de meses de operativos contra organizaciones criminales en la zona. De acuerdo con la información proporcionada en la recopilación del caso, las autoridades habían desarrollado la llamada Operación Sable, enfocada en combatir homicidios, extorsiones y otras actividades delictivas.
Uno de los hechos que incrementó la atención sobre la situación de seguridad fue el ataque contra la vivienda de la diseñadora y poeta muxe Elvis Guerra, después de que presuntamente se negara a pagar una extorsión de 200 mil pesos. El caso derivó en una denuncia pública y en una llamada de Guerra con la presidenta Claudia Sheinbaum el 21 de septiembre.
Tras estos acontecimientos, el gobernador Salomón Jara anunció la creación de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá para reforzar las operaciones de seguridad en el Istmo de Tehuantepec. Las autoridades estatales y federales mantienen presencia en Juchitán después de la intervención de la Policía Municipal.
Los hechos en Juchitán coinciden con las declaraciones que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado durante 2025 y 2026 sobre la situación de seguridad en México. En su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas del 22 de septiembre, Trump calificó a México como el “epicentro” de la violencia de los cárteles y sostuvo que el país debe recuperar el control de su territorio.
Trump también ha descrito a los cárteles mexicanos como organizaciones equiparables a ISIS y ha planteado una participación estadounidense más directa contra esas estructuras. Sus declaraciones han generado respuestas del gobierno mexicano, que ha defendido la soberanía nacional y planteado la cooperación bilateral en materia de seguridad. El País+1
El caso de Juchitán presenta, en los hechos, una intervención de los tres niveles de seguridad para sustituir temporalmente funciones municipales y retirar el control local del armamento policial. La medida se produjo después de la detención del alcalde y de un mando policial, aunque las acusaciones contra ambos deberán seguir el procedimiento judicial correspondiente.
Tras la desaparición del Ayuntamiento, el gobernador Salomón Jara designó a Francisco Vásquez Jiménez como comisionado municipal para asumir temporalmente la administración de Juchitán.
La situación mantiene a Juchitán bajo vigilancia de fuerzas estatales y federales, mientras continúan las investigaciones relacionadas con el alcalde detenido, la Policía Municipal y los presuntos vínculos con organizaciones criminales. El proceso judicial y las determinaciones de las autoridades serán los que establezcan las responsabilidades individuales correspondientes.
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