Toluca, Estado de México, 13/11/26 (Más).- La defensa legal del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos, promovió un juicio de amparo para solicitar la cancelación definitiva del proceso penal que enfrenta por el caso conocido como huachicol fiscal.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, la defensa del mando de la Secretaría de Marina (Semar) busca que se decrete el sobreseimiento de la causa penal 325/2025, luego de señalar que la jueza de control del penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, no ha respondido a una solicitud presentada el 22 de octubre de 2026 para dar por concluido el procedimiento.
En la demanda, los representantes legales argumentaron que la autoridad judicial tampoco ha convocado a la audiencia prevista en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la cual debe analizarse la petición de sobreseimiento y determinar si existen condiciones para cancelar el proceso.
El recurso fue admitido a trámite por un juzgado federal de Toluca; sin embargo, esta determinación no significa que se haya concedido el amparo ni que el procedimiento penal haya quedado sin efecto.
El órgano jurisdiccional precisó que la admisión de la demanda no suspende el desarrollo de la causa penal en Almoloya de Juárez, debido a que la defensa no solicitó expresamente la suspensión del acto reclamado y tampoco se actualizaron los supuestos legales para concederla de oficio.
Por esa razón, la investigación y el proceso impulsados por la FGR continuarán mientras se resuelve el juicio constitucional. El juzgado federal también requirió a la jueza de control para que, en un plazo máximo de tres días, informe si la persona que presentó la demanda se encuentra formalmente acreditada como defensor particular de Farías Laguna dentro del expediente penal.
El acuerdo judicial estableció el lunes 14 de diciembre de 2026 como fecha para celebrar la audiencia constitucional, en la que se determinará si se concede o se niega la protección de la justicia federal solicitada por el vicealmirante.
Farías Laguna es uno de los principales nombres relacionados con la investigación por presunto contrabando de combustibles que lleva a cabo la FGR. El mando naval tiene el grado de vicealmirante y es sobrino del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.
De acuerdo con los antecedentes del expediente, desde el 16 de enero de 2025 se encuentra adscrito a la Sexta Región Naval, con sede en Manzanillo, Colima. Su nombre figura entre las 13 personas contra quienes la Fiscalía obtuvo órdenes de aprehensión dentro de la causa penal 325/2025.
Entre las personas señaladas también se encuentra su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, quien igualmente aparece en las investigaciones relacionadas con una presunta estructura de contrabando de hidrocarburos mediante operaciones en aduanas marítimas.
En el mandamiento de captura, la jueza de control Nancy Selene Hidalgo Pérez estableció la probable participación de los hermanos Farías Laguna en el delito de delincuencia organizada para cometer ilícitos en materia de hidrocarburos. La imputación contempla agravantes relacionadas con su condición de servidores públicos y delitos que pueden ameritar prisión preventiva oficiosa.
Las investigaciones ministeriales apuntan a la presunta existencia de una red de corrupción en aduanas marítimas, mediante la cual habría ingresado combustible de manera ilegal al país, oculto en buques tanque y presentado bajo mecanismos destinados a evitar el pago de las contribuciones correspondientes.
Según los dictámenes de inteligencia incorporados por la FGR a la investigación, los involucrados habrían establecido mecanismos de operación para facilitar el ingreso de hidrocarburos mediante el aprovechamiento de posiciones estratégicas dentro de distintas dependencias de la administración pública federal.
El informe ministerial también señala que los hermanos Farías Laguna presuntamente consolidaron influencia sobre áreas clave de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), organismo encargado de la administración y vigilancia de las operaciones aduaneras del país.
El caso de huachicol fiscal ha generado investigaciones sobre posibles redes de complicidad entre servidores públicos, operadores aduaneros y particulares, presuntamente involucrados en el ingreso irregular de combustibles y la evasión de obligaciones fiscales.
La nueva acción judicial promovida por Manuel Roberto Farías Laguna busca que se revise la falta de respuesta a su solicitud de sobreseimiento, pero no representa la cancelación automática de las acusaciones ni modifica, por el momento, la continuidad del proceso penal.
La resolución del juzgado federal será relevante para determinar si procede el amparo solicitado, mientras la causa penal 325/2025 continúa su curso y la FGR mantiene las imputaciones relacionadas con la presunta estructura de contrabando de hidrocarburos.
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