Ciudad de México, 13/11/26 (Más).- El presupuesto destinado al Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y Atención de las Causas tendrá una reducción de 8.01 por ciento en términos reales durante 2027, lo que genera incertidumbre sobre la operación de los refugios que brindan alojamiento, protección y atención integral a mujeres víctimas de violencia en México.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, basada en datos del Explorador de Presupuesto Federal de la organización Fundar, los recursos asignados a este programa pasarán de 882 millones 680 mil pesos en 2026 a 812 millones de pesos para 2027, considerando la inflación proyectada para el próximo ejercicio fiscal. La disminución impactará a los 76 espacios que integran la Red Nacional de Refugios (RNR), así como otras acciones de prevención y atención a cargo de la Secretaría de las Mujeres.
La reducción ocurre mientras los refugios reportan un aumento en la demanda de sus servicios. Según la organización, las solicitudes de atención se incrementaron 26 por ciento en la modalidad remota y nueve por ciento de manera presencial, situación que exige recursos suficientes para mantener la atención especializada, el alojamiento y la protección de las mujeres y sus hijos e hijas.
Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, advirtió que las políticas especializadas para prevenir y atender las violencias enfrentan insuficiencia presupuestaria, particularmente en programas destinados a proteger a las víctimas. Señaló que las transferencias económicas de los programas sociales no sustituyen los servicios de alojamiento, atención psicológica ni las medidas de protección que ofrecen estos espacios.
Aunque el presupuesto general de la Secretaría de las Mujeres tendrá un incremento real de 1.92 por ciento para 2027, al pasar de dos mil 226 millones 630 mil pesos en 2026 a dos mil 269 millones 100 mil pesos, la distribución de los recursos muestra diferencias entre los programas que integran la dependencia.
El Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres concentrará 37 por ciento del presupuesto de la Secretaría, mientras que el Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y Atención de las Causas, donde se encuentran incluidos los refugios, recibirá 35.78 por ciento. Las actividades de apoyo administrativo contarán con 17.65 por ciento y la Política de Fortalecimiento a la Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres tendrá 9.57 por ciento.
Para Figueroa, el incremento general anunciado por las autoridades no refleja necesariamente una mejoría en la capacidad operativa de los servicios especializados, debido a que el efecto de la inflación reduce el poder adquisitivo de los recursos disponibles. Explicó que los refugios brindan atención gratuita durante las 24 horas del día y deben cubrir gastos permanentes de alimentación, personal, servicios básicos y protección.
La directora de la RNR señaló que durante varios años el presupuesto destinado a estos espacios ha permanecido estancado, mientras que los costos de operación continúan aumentando. Añadió que los retrasos en la entrega de las ministraciones agravan las dificultades financieras y ponen en riesgo la continuidad de los servicios.
A la disminución presupuestaria se suma la falta de diálogo entre la Red Nacional de Refugios y la Secretaría de las Mujeres para definir las reglas de operación correspondientes a 2027. Figueroa explicó que la organización ha enviado solicitudes formales para establecer mesas de trabajo y participar en la elaboración de los lineamientos que determinarán el acceso de los refugios al financiamiento, pero hasta el momento no ha recibido respuesta ni confirmación de recepción.
La representante consideró que la falta de comunicación institucional dificulta la planeación financiera y la distribución oportuna de los recursos, especialmente después de que los refugios fueron incorporados a un componente presupuestario más amplio. Por ello, la organización busca que se establezcan criterios transparentes para conocer cuánto dinero llegará efectivamente a cada espacio y bajo qué condiciones será entregado.
Ante esta situación, la Red Nacional de Refugios anunció que solicitará a las secretarías de Hacienda y de las Mujeres realizar adecuaciones y redistribuciones presupuestarias durante 2027. También pedirá a la Cámara de Diputados vigilar que los recursos sean entregados durante los primeros tres meses del año, con el propósito de evitar interrupciones en la atención.
Entre sus planteamientos se encuentra recuperar para 2028 un programa presupuestario autónomo destinado específicamente a los refugios. La organización también exigirá transparencia en los montos asignados, criterios claros de distribución y garantías para cubrir salarios, honorarios y servicios básicos.
La preocupación se incrementa debido al aumento de reportes relacionados con violencia sexual y abuso sexual infantil. Además, la RNR registró un crecimiento de 25 por ciento en las llamadas de mujeres adolescentes, derivadas de las brigadas informativas realizadas en territorio durante el Mundial, de acuerdo con los datos expuestos por su directora.
Figueroa también señaló que cinco de cada siete mujeres que llegan a los refugios acudieron previamente a alguna institución gubernamental, donde, según los registros de la organización, enfrentaron situaciones de revictimización o no recibieron información sobre su derecho a acceder a un espacio de protección.
Los problemas financieros de estos centros no comenzaron con la aprobación del presupuesto para 2027. Desde 2025, distintos refugios han tenido dificultades para cubrir sus gastos debido a los retrasos en las transferencias públicas, lo que ha obligado a sus responsables a recurrir a créditos, negociar pagos con proveedores y aplazar los salarios del personal.
En Tapachula, Chiapas, donde un refugio atiende tanto a mujeres mexicanas como a migrantes que llegan desde Centroamérica, Elsa, directora de uno de estos espacios, relató que desde 2025 han tenido que solicitar créditos y negociar plazos para mantener los servicios de alimentación y atención durante las 24 horas del día.
La responsable explicó que la falta de recursos oportunos ha generado compromisos financieros con proveedores y trabajadoras, quienes en ocasiones deben esperar para recibir sus pagos. También señaló que el personal especializado, integrado por psicólogas, enfermeras, trabajadoras sociales y cocineras, enfrentó complicaciones fiscales después de recibir en una sola exhibición el pago acumulado correspondiente a varios meses de trabajo.
Una situación similar fue documentada en un refugio de Morelos, cuya directora, identificada como Josefina, informó que durante 2025 llegaron a permanecer hasta seis meses sin recibir recursos públicos. Durante ese periodo, la asociación civil tuvo que cubrir los gastos de operación con fondos propios.
La falta de certeza financiera también provocó la salida de profesionistas que trabajaban en la atención a víctimas, debido a la imposibilidad de garantizarles estabilidad laboral. Josefina, quien cuenta con 18 años de experiencia en este sector, señaló que las dificultades presupuestarias contrastan con los anuncios oficiales sobre el fortalecimiento de las políticas de atención a las mujeres, particularmente en entidades con altos índices de feminicidio.
Ante el panorama financiero, la Red Nacional de Refugios informó que ya expuso sus preocupaciones ante organismos internacionales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El siguiente paso será presentar la problemática, junto con otras 40 organizaciones de México y Latinoamérica, durante la próxima sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El objetivo será exponer ante instancias internacionales las dificultades presupuestarias y operativas que enfrentan los espacios especializados en la atención de la violencia contra las mujeres.
La organización sostiene que la aprobación del presupuesto federal no elimina la responsabilidad del Estado de garantizar recursos suficientes y oportunos para proteger a las víctimas. Mientras tanto, los refugios deberán enfrentar el próximo ejercicio fiscal con una reducción presupuestaria y una demanda creciente de servicios, en espera de que las autoridades determinen posibles ajustes que permitan mantener su funcionamiento.
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