Ciudad de México, 13/11/26 (Más).- El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara una nueva ronda de cambios en su estructura administrativa, con la posible salida de cinco funcionarios identificados con la gestión de la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei, mientras otros perfiles permanecen bajo evaluación rumbo a las elecciones de 2027.
De acuerdo con información publicada por Infobae, basada en reportes periodísticos de Jannet López Ponce y Milenio, la consejera presidenta provisional, Blanca Cruz García, podría anunciar cinco nuevas renuncias, después de una reunión entre las consejerías que permitió avanzar en la revisión de los funcionarios que ocupan puestos estratégicos dentro del instituto.
La revisión se produjo después de nueve días sin acuerdos entre las consejerías sobre la continuidad de distintos perfiles directivos. Además de las cinco posibles salidas, otros tres funcionarios integrarían un siguiente paquete de separaciones, mientras que seis permanecerían bajo evaluación de su desempeño.
Entre los nombres que habrían generado mayor consenso para dejar el organismo se encuentra Jessica Alarcón Góngora, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instancia responsable de tramitar quejas y denuncias contra partidos políticos, así como de analizar la procedencia de medidas cautelares.
La posible salida de Alarcón ocurre después de cuestionamientos de representantes de partidos políticos sobre el desempeño de esa unidad. Según los reportes periodísticos, algunos de sus integrantes y representantes partidistas han señalado una presunta cercanía de la funcionaria con Morena, además de inconformidades por las resoluciones emitidas durante su gestión.
Entre los señalamientos se encuentra el incremento de denuncias desechadas contra ese partido desde su llegada al área, así como la posterior revocación de algunas decisiones por parte del Tribunal Electoral. También se han difundido cuestionamientos sobre una presunta filtración de información relacionada con partidos políticos.
La eventual separación de Alarcón tendría implicaciones administrativas y operativas debido a las atribuciones de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, particularmente ante la preparación de los comicios de 2027, cuando el INE deberá atender procedimientos relacionados con posibles infracciones electorales y garantizar el cumplimiento de las reglas de competencia entre los partidos.
La nueva revisión se suma a una serie de movimientos registrados en el organismo desde la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE. Hasta el anuncio del 3 de noviembre, el número de renuncias voluntarias y separaciones solicitadas había llegado a 30 funcionarios.
Entre quienes dejaron sus cargos se encuentran José Alberto Pérez de Acha, exdirector de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Hernández Gómez, quien encabezaba la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y Sergio Uzeta, excoordinador nacional de Comunicación Social.
También se reportaron las salidas de Alfonso Burciaga Esparza, quien estaba al frente de la Dirección de Recursos Materiales; Juan Manuel Vázquez Barajas, jefe de oficina de la Secretaría Ejecutiva, y Pedro Chirinos Benítez, quien ocupó responsabilidades en las áreas de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y de Prerrogativas y Partidos Políticos.
A estas separaciones se agregaron dos integrantes operativos de la oficina de la expresidenta del organismo y cinco funcionarios pertenecientes a distintas áreas administrativas y registrales.
El INE ha señalado que los movimientos se desarrollan conforme a los principios de legalidad y debido proceso. Asimismo, ha reiterado la importancia de preservar el Servicio Profesional Electoral Nacional, con el propósito de garantizar la continuidad de las actividades institucionales y evitar afectaciones a las funciones sustantivas del organismo.
Paralelamente, la reestructuración administrativa ocurre mientras el Órgano Interno de Control (OIC) mantiene investigaciones sobre presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de Guadalupe Taddei y con contrataciones realizadas durante ese periodo.
El 30 de octubre, el titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó ante la Cámara de Diputados que existían 18 expedientes relacionados con presuntos actos de corrupción vinculados con la administración de Taddei y el contratista Alfredo Hernández Casillas.
De acuerdo con la información presentada por el funcionario, cinco de esos expedientes habían avanzado a la etapa de procedimientos de responsabilidades administrativas. También precisó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa había asumido competencia en esos asuntos, por lo que no podía revelar los nombres de las personas involucradas.
Entre las posibles conductas bajo revisión se encuentran presuntos conflictos de interés, desvío de recursos, simulación de requisitos en procesos de contratación, abuso de funciones y posibles daños al patrimonio del organismo electoral.
Las investigaciones forman parte de los procedimientos de fiscalización y control interno sobre las decisiones administrativas adoptadas durante la gestión anterior. Sin embargo, los señalamientos permanecen sujetos a las etapas correspondientes y no representan por sí mismos una determinación definitiva de responsabilidades.
Con las nuevas salidas previstas y los funcionarios que todavía se encuentran bajo evaluación, el INE avanza hacia una reorganización de sus áreas directivas y administrativas, en momentos en que debe preparar las actividades relacionadas con el proceso electoral de 2027.
La renovación de los equipos de trabajo y la resolución de las investigaciones internas serán parte de los asuntos que deberá atender la presidencia provisional del organismo, mientras se busca mantener la operación institucional y las capacidades técnicas necesarias para organizar los próximos comicios.
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