Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 28/04/26 (Más).- Mientras la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del Inegi colocó una alerta sobre la percepción y experiencias de corrupción en Coahuila, la mayoría de los municipios del estado mantiene en la opacidad práctica la información sobre sus propios servidores públicos sancionados.
Una revisión a los apartados públicos de transparencia de los 38 ayuntamientos de Coahuila muestra que sólo Saltillo exhibe de manera clara un listado con los datos esenciales para la consulta ciudadana como el nombre del servidor público sancionado, cargo, área de adscripción, causa, fecha de resolución, disposición legal infringida y sanción impuesta.
En contraste, Torreón presenta información dispersa en archivos de difícil consulta; Monclova difunde oficios generales que no permiten identificar plenamente a los funcionarios sancionados; y en el resto de los municipios (otros 35) no se localizó, de manera directa y fácilmente visible, un listado completo que permita saber quién fue sancionado, por qué conducta, cuándo se resolvió el caso y qué castigo administrativo recibió.
La obligación legal no es optativa, pues el artículo 65, fracción XVII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ordena a los sujetos obligados publicar y mantener actualizado el listado de personas servidoras públicas con sanciones administrativas firmes, especificando la causa de la sanción y la disposición aplicable.
En Coahuila, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública incluye expresamente a los municipios, sus dependencias, organismos y entidades paramunicipales como sujetos obligados, y les exige cumplir con las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General y poner esa información a disposición del público.
El tema cobra relevancia porque, de acuerdo con la ENCIG 2025 del INEGI, en Coahuila 74.6 por ciento de la población de 18 años y más percibió que los actos de corrupción son muy frecuentes o frecuentes.
Además, 52.4 por ciento de la población señaló a la corrupción como uno de los principales problemas de la entidad y la tasa de personas que tuvieron contacto con algún servidor público y experimentaron al menos un acto de corrupción fue de 14 mil 619 por cada 100 mil habitantes.
Es decir, mientras la ciudadanía identifica la corrupción como un problema presente en su relación con autoridades, trámites, pagos, solicitudes de servicios y otros puntos de contacto gubernamental, los municipios no ofrecen una ruta clara para conocer qué servidores públicos han sido sancionados por faltas administrativas firmes.
Saltillo es la excepción más visible. Su portal de transparencia contiene un documento actualizado, aunque con cierta desactualización pues es con información hasta el 30 de noviembre de 2025 con expedientes y datos concretos de sanciones.
Ahí aparecen casos como el de Martín Nava Osorio, director de Infraestructura y Obras Públicas, sancionado con inhabilitación por tres meses; Salvador Fabela Tijerina, maquinista de Protección Civil y Bomberos, con destitución; Melani Castro Alanís, auxiliar administrativo del Instituto Municipal de Planeación, con inhabilitación por cuatro años; Francisco Javier Alvarado Valdés, chofer operativo de Servicios Públicos, con destitución; Jesús Hernández Alvizo, auxiliar operativo de Desarrollo Social, con destitución; Benito Rodríguez Cepeda, supervisor de Servicios Públicos, con destitución; y Arturo Martínez Villalpando, verificador de Protección Civil y Bomberos, también con destitución.
Torreón, por su parte, sí cuenta con archivos relacionados con sanciones a servidores públicos dentro de su portal de transparencia, pero la información aparece en hojas de cálculo o documentos separados, sin una presentación ciudadana sencilla, clara y estable que permita revisar de inmediato nombre, cargo, causa, fecha y sanción de cada caso. Por ello, su cumplimiento visible resulta parcial.
Monclova muestra un nivel todavía más limitado. En los documentos localizados aparecen oficios de la Contraloría Municipal que informan sobre periodos con o sin sanciones. En uno de ellos se reporta una suspensión de 15 días sin goce de sueldo por incumplimiento de funciones, pero no se exhibe públicamente el nombre ni el cargo del servidor sancionado, lo que impide una revisión ciudadana completa.
En los demás municipios se localizaron rubros de transparencia, páginas generales o categorías relacionadas con servidores públicos sancionados, pero no un listado detallado y fácilmente consultable con los campos mínimos exigibles.
La omisión evidencia una falla de transparencia pues en la práctica la información que debería estar disponible para cualquier ciudadano no aparece con claridad, no está concentrada o no permite identificar de manera sencilla a los funcionarios sancionados.
La opacidad resulta especialmente relevante porque las sanciones administrativas firmes son uno de los pocos mecanismos públicos para saber si los gobiernos investigan y castigan faltas cometidas por sus propios funcionarios. Sin esos listados, la ciudadanía queda sin herramientas para distinguir entre discursos contra la corrupción y consecuencias reales dentro de las administraciones municipales.
En un contexto en el que el INEGI documenta una percepción amplia de corrupción y experiencias directas de ciudadanos que tuvieron contacto con servidores públicos, la falta de información municipal sobre sanciones debilita la rendición de cuentas.
La ley obliga a publicar esos datos; la realidad, salvo contadas excepciones, muestra que en Coahuila todavía es difícil saber quién fue sancionado, por qué y con qué castigo.
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