Los contactos con policías y autoridades de seguridad concentran la mayor cantidad de actos de corrupción. Múltiples trámites y servicios públicos generan una carga económica ilegal
Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 19/05/26 (Más).- Los coahuilenses pagaron moches a servidores públicos por alrededor de 479 millones de pesos durante 2025, esto es, en promedio, casi mil 903 pesos por cada evento, según se desprende del análisis expandido de los microdatos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del Inegi.
Los mismos revelan además que los principales puntos de pago de sobornos se están en los contactos con policías y autoridades de seguridad pública, pero también aparecieron en trámites de educación pública, lo que apunta a las escuelas; gestiones vehiculares, pago de tenencia o impuestos vehiculares, juzgados y tribunales, apertura de negocios, Ministerio Público, servicios médicos, Registro Civil y solicitudes locales relacionadas con servicios municipales, agua, drenaje, vía pública o permisos.
En total, los datos de la ENCIG permiten estimar 333 mil 791 eventos de corrupción reportados por ciudadanos de Coahuila durante 2025, entendidos como situaciones en las que un servidor público, empleado de gobierno o intermediario solicitó, insinuó, intentó apropiarse o se apropió de dinero, regalos o favores para agilizar, realizar, aprobar o evitar procedimientos, trámites o multas.
El mayor costo se ubicó en el contacto con policías y autoridades de seguridad pública por incidentes de tránsito, infracciones, detenciones por riñas, faltas a la moral o faltas administrativas. En ese rubro se estimaron 198 mil 992 eventos de corrupción, equivalentes a casi 60 por ciento del total, con un costo aproximado de 293.6 millones de pesos.
La cifra convierte a las corporaciones de seguridad en el principal territorio de la mordida en Coahuila, tanto por número de eventos como por monto económico, pues concentran más de seis de cada diez pesos estimados en pagos indebidos.
Después aparecen los trámites vehiculares, como licencias de manejo, refrendos, cambios de propietario, reemplacamientos o verificaciones, con 12 mil 861 eventos estimados y un costo aproximado de 46.1 millones de pesos.
Los juzgados y tribunales también figuran entre los rubros de mayor impacto económico. En trámites vinculados con conflictos legales de tipo familiar, laboral, penal u otros, se estimaron 10 mil 955 eventos de corrupción, con un costo aproximado de 30.5 millones de pesos.
La apertura de empresas o negocios representó otro foco sensible. En ese rubro se estimaron 8 mil 719 eventos y pagos indebidos por alrededor de 23.7 millones de pesos, lo que apunta a la existencia de costos informales asociados con permisos, autorizaciones o trámites para iniciar actividades económicas.
En materia educativa, las solicitudes de trámites de educación pública, como inscripciones, becas, cambios de escuela, bajas escolares, certificados o calificaciones, concentraron 35 mil 260 eventos estimados de corrupción y un costo aproximado de 20.6 millones de pesos.
El pago de tenencia o impuesto vehicular registró 11 mil 92 eventos estimados y alrededor de 19.7 millones de pesos en pagos indebidos, mientras que la atención médica programada en hospitales públicos y clínicas del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar o del Gobierno estatal alcanzó 5 mil 164 eventos y un costo de 16.9 millones de pesos.
Otros rubros también aparecen en el mapa de los moches: el pago ordinario del servicio de luz, con 4 mil 716 eventos y 13 millones de pesos; otros trámites o solicitudes de servicios ante gobiernos o autoridades, con 14 mil 879 eventos y 9 millones de pesos; servicios municipales como pavimentación, reparación de calles, alumbrado, mantenimiento, parques, jardines o pipas de agua, con 4 mil 542 eventos y 2.3 millones de pesos; Registro Civil, con 4 mil 617 eventos y 1.9 millones de pesos; trámites fiscales ante el SAT o Hacienda, con 3 mil 288 eventos y 1.1 millones de pesos; y Ministerio Público o Fiscalía Estatal, con 5 mil 418 eventos y poco más de un millón de pesos.
En otros casos, como trámites locales relacionados con permisos para vender en vía pública, conexión o regulación de agua potable y drenaje, permisos de uso de suelo, demolición, construcción, predial, conexión de energía eléctrica, transporte público o programas sociales, la encuesta arrojó eventos de corrupción, pero no un monto válido suficiente para estimar el costo económico del pago indebido.
El cálculo 479 millones de pesos se obtuvo a partir de los registros en los que los ciudadanos sí reportaron una cantidad válida. Si esa cifra se divide entre los eventos con monto válido, el promedio ronda los mil 903 pesos por moche; si se reparte entre todos los eventos estimados de corrupción, incluidos aquellos sin cantidad reportada, el promedio baja a mil 437 pesos por evento.
Aun con esa precisión, los datos muestran que la corrupción en Coahuila no sólo se expresa como percepción ciudadana, sino como una carga económica directa para quienes se enfrentan a patrullas, ventanillas, trámites, permisos, juzgados, servicios públicos o procedimientos administrativos.
La ENCIG permite observar el fenómeno como corrupción de contacto exhibiendo el pago informal que surge cuando una persona necesita evitar una multa, destrabar un trámite, acelerar una autorización, conseguir un permiso, resolver un servicio o recibir atención de una autoridad.
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