Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 28/04/26 (Más).- La declaración patrimonial y la revisión de cuentas públicas han sido el principal azote de los servidores públicos del Gobierno de Coahuila durante los últimos años, de acuerdo con el listado de sancionados difundido por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (Sefirc).
Un conteo realizado sobre el documento oficial de la Sefirc, denominado “Lista de sancionados derivados de procedimientos de responsabilidad administrativa”, muestra que de 280 registros incluidos entre 2016 y 2025, las irregularidades relacionadas con declaraciones patrimoniales aparecen en 123 casos, mientras que la revisión de cuenta pública figura en 61.
En conjunto, ambas causas concentran 184 registros, es decir, cerca de dos terceras partes del total.
El dato perfila una situación distinta a la de los grandes casos de corrupción pues la mayor parte de las sanciones visibles no se presenta como desvío de recursos, soborno o enriquecimiento ilícito, sino como incumplimientos vinculados con obligaciones patrimoniales, revisiones de fiscalización, auditorías y responsabilidades formales de los servidores públicos.
De hecho, el listado no informa ni un solo caso derivado de hechos o intentos de corrupción.
Después de las declaraciones patrimoniales y las cuentas públicas, el listado incorpora otras causas como auditorías federales, auditorías propias, denuncias ante órganos internos de control, investigaciones administrativas, irregularidades en documentos y, en menor medida, señalamientos específicos como actos inmorales en salón de clases.
El tipo de sanción también revela el alcance limitado de la sanción impuesta. La medida más frecuente es la amonestación privada, con 135 registros, seguida de suspensiones, amonestaciones públicas, apercibimientos privados, apercibimientos públicos e inhabilitaciones.
Estas últimas, que representan las sanciones más severas dentro del listado revisado, aparecen en 14 registros.
Entre los casos identificables de 2025 se encuentran Mario Omar Cepeda Perales, sancionado con suspensión de 15 días por revisión de cuenta pública; Víctor Manuel Tovar Méndez, con suspensión de 15 días por actos inmorales en salón de clases; Julio César Buendía de Jorge, con suspensión de 15 días por denuncia ante órgano interno de control; Gilberto Silva González, con amonestación pública por denuncia OIC; e Isaías de la Cruz Huesca, con suspensión de cinco días por auditoría propia.
Sin embargo, listado exhibe limitaciones importantes de transparencia. La tabla no incluye datos clave como cargo, dependencia, expediente, fecha de resolución o liga directa a la resolución sancionadora, lo que impide conocer con precisión quién fue sancionado, en qué área trabajaba y cuál fue la conducta concreta que motivó el procedimiento.
A ello se suma otro problema: la información no tiene una actualización reciente. Aunque se trata del listado oficial disponible para consulta pública, el archivo aparece validado al 1 de julio de 2025 y el portal reporta como última actualización el 17 de julio de ese mismo año. Es decir, la Sefirc está cerca de cumplir un año sin dar a conocer una nueva versión pública de los servidores públicos sancionados.
La falta de actualización resulta relevante porque la ley obliga a los sujetos obligados a publicar y mantener disponible el listado de personas servidoras públicas con sanciones administrativas firmes, especificando la causa de sanción y la disposición aplicable.
Sin información reciente y sin datos completos sobre cargo, dependencia, expediente y resolución, el listado sirve para identificar tendencias generales, pero no permite un escrutinio ciudadano suficiente sobre las responsabilidades administrativas dentro del Gobierno del Estado.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.