Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 22/06/26 (Más).- La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila (Sefirc) mantiene en la opacidad los resultados de la evaluación del primer trimestre de 2026 sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de entidades estatales y municipales.
Al corte de este lunes 22 de junio, la información disponible en el portal de la Sefirc y del Organismo de Información y Transparencia de Coahuila (c) corresponde todavía a la evaluación del cuarto trimestre de 2025, sin que se haya publicado el concentrado actualizado del periodo enero-marzo de 2026.
La omisión contrasta con el compromiso previo de la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Elma Marisol Martínez González, de difundir a principios de junio los resultados de la primera evaluación trimestral de 2026, con la cual se conocería qué dependencias estatales, organismos descentralizados, municipios y entidades paramunicipales cumplen con la publicación de información pública de oficio y cuáles permanecen rezagados.
La evaluación no es un trámite menor. Se trata del mecanismo con el que la autoridad garante revisa si los sujetos obligados ponen a disposición de la ciudadanía información básica sobre su funcionamiento, presupuesto, gasto, nómina, estructura orgánica, programas, contratos, viáticos, informes financieros y demás datos que por ley deben estar publicados sin necesidad de que medie una solicitud de acceso a la información.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila establece como sujetos obligados, entre otros, al Poder Ejecutivo, sus dependencias y entidades, así como a los municipios, sus dependencias, organismos y entidades paramunicipales.
También dispone que estos deben cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y poner a disposición del público la información, documentos, políticas y temas señalados por la propia legislación.
Además, la norma prevé que las autoridades garantes verifiquen trimestralmente el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en los portales de internet de los sujetos obligados o en la Plataforma Nacional de Transparencia, con el objetivo de constatar que la información esté publicada, actualizada, completa, clara y accesible.
Sin embargo, mientras el concentrado general del primer trimestre de 2026 no aparece publicado, al menos un municipio ya presume públicamente haber sido evaluado. El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, difundió que su administración obtuvo 100 por ciento de cumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia comunes y específicas correspondientes al primer trimestre del año.
El caso de Ramos Arizpe evidencia que los dictámenes o resultados individuales del primer trimestre ya comenzaron a circular o fueron notificados a algunos sujetos obligados, pero la ciudadanía no cuenta aún con el reporte completo que permita comparar el desempeño de todas las entidades revisadas por la Sefirc e Intrac.
La falta de publicación del concentrado impide conocer si otros municipios, dependencias u organismos alcanzaron cumplimiento total, si fueron requeridos para solventar inconsistencias o si continúan sin publicar información pública de oficio, pese a tratarse de una obligación legal y no de una práctica voluntaria.
La última evaluación disponible, correspondiente al cierre de 2025, exhibió rezagos relevantes. De acuerdo con los resultados difundidos entonces, al menos 15 entidades públicas de Coahuila no alcanzaron ni el 30 por ciento de cumplimiento en sus obligaciones de transparencia, mientras que cinco instituciones obtuvieron calificación de cero.
Entre los entes señalados con cero cumplimiento se ubicaron el Periódico Oficial del Estado, Simas Acuña, el Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón, el Instituto Municipal del Deporte en Torreón y el Teatro Nazas. También aparecieron con bajos niveles de cumplimiento organismos de agua, municipios y dependencias estatales.
Ese antecedente vuelve relevante la evaluación del primer trimestre de 2026, pues permitiría saber si las instituciones rezagadas corrigieron sus incumplimientos o si permanecen sin publicar información pública mínima, a pesar de los requerimientos y verificaciones de la autoridad.
La opacidad resulta más grave porque proviene de la misma dependencia encargada de vigilar la rendición de cuentas y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Mientras exige a los sujetos obligados publicar información completa, clara y actualizada, la Sefirc mantiene sin hacer público el informe que permitiría evaluar el desempeño de esas mismas instituciones.
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