En las entrañas del huachicol

Una red de contrabando de hidrocarburos opera con apariencia legal y ha infiltrado estructuras empresariales, militares y gubernamentales, drenando recursos públicos mediante evasión fiscal. La FGR desmanteló recientemente una célula en Tampico, implicando a altos mandos, lo que evidencia el nivel de corrupción

Redacción Más

Un esquema de contrabando de hidrocarburos disfrazado de operaciones legales, pero plagado de corrupción, está drenando recursos millonarios del Estado mexicano, enriqueciendo a redes criminales y comprometiendo a empresarios, funcionarios públicos y altos mandos militares. Este fenómeno, conocido como huachicol fiscal, ha adquirido dimensiones binacionales y una sofisticación que complica su erradicación, advierten especialistas en energía y justicia fiscal.

Mediante entrevistas con expertos, datos oficiales y seguimiento a procesos judiciales abiertos en el país, Animal Político reveló cómo operan estas redes delictivas.

En el centro de estas operaciones, según Michel Levien, abogado especializado en anticorrupción y cumplimiento normativo, se encuentra la omisión deliberada de personal en aduanas y mandos de seguridad nacional, quienes permiten el paso ilegal de combustibles bajo registros falsos, como desechos petroquímicos, para evadir impuestos.

El huachicol fiscal se diferencia del robo tradicional de combustible porque involucra el transporte y venta de hidrocarburos fuera del país, principalmente hacia Estados Unidos, mediante mecanismos de evasión fiscal. Estas operaciones requieren estructuras logísticas avanzadas, como buques y conexiones aduanales, y están vinculadas a delitos financieros y de crimen organizado.

A principios de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló una importante red de huachicol fiscal tras un decomiso de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico. El operativo resultó en la detención de 14 personas, incluidos empresarios, personal de la Secretaría de Marina (Semar) y exfuncionarios aduanales. Entre los detenidos destaca el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, familiar directo de Rafael Ojeda, quien fue secretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como Francisco Javier Antonio Martínez, exdirectivo de aduanas en la misma ciudad.

Farías Laguna es, hasta el momento, el funcionario de mayor rango implicado en esta red delictiva. La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina del 8 de septiembre, afirmó que habrá “cero impunidad” en estos casos, aunque reconoció que las investigaciones pueden tomar tiempo.

Según Fluvio Ruíz, exconsejero de Pemex, el huachicol fiscal no es una problemática nueva, sino una red que se consolidó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se reportaban sustracciones masivas desde ductos y terminales. En 2018, incluso fue asesinado el jefe de seguridad de la refinería de Salamanca, Tadeo Alfonzo Rojas, por negarse a colaborar con estas organizaciones.

Durante la administración de López Obrador, en diciembre de ese mismo año, se aplicó una estrategia para contener el problema, lo que ocasionó un fuerte desabasto de combustible en varias regiones del país. Sin embargo, en lugar de disminuir, la red se sofisticó y se expandió, convirtiéndose en un negocio binacional que ahora también se vincula con el tráfico de armas, drogas y personas.

“La evasión de impuestos en estas operaciones golpea directamente a la Secretaría de Hacienda y a Pemex, por la cantidad de hidrocarburos que desaparecen del sistema legal de distribución”, subrayó Ruíz. En este sentido, el artículo 8 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos establece penas de hasta 30 años de prisión y multas superiores a los 2 millones de pesos. A esto se suman otras sanciones derivadas del contrabando y la participación de servidores públicos en la red criminal.

Desde enero de 2025, la Marina, la Guardia Nacional y el SAT han intensificado operativos conjuntos para detectar y confiscar combustible robado. Aunque los especialistas califican positivamente estos esfuerzos, advierten que sin inteligencia digital y seguimiento fiscal, las redes pueden reconstituirse fácilmente. Por ello, consideran que la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) podría ser clave para rastrear operaciones sospechosas, empresas fachada y vínculos entre funcionarios y criminales.

Finalmente, Levien subrayó que la FGR ahora tiene en sus manos información valiosa para continuar desmantelando estas redes: “Habrá que ver si la utilizan para combatir el delito o continúa triunfando la red de corrupción”.