Aunque sostienen gran parte del reciclaje en México, los trabajadores de los rellenos sanitarios operan en condiciones de informalidad, sin salario fijo ni prestaciones. Su labor es vital para reducir la contaminación y extender la vida útil de los basureros, pero enfrentan diariamente riesgos como heridas, exposición a residuos peligrosos y falta de protección
Redacción Más
En México, miles de recicladores realizan diariamente un trabajo esencial para la gestión de residuos y la protección del medio ambiente, aunque lo hacen en condiciones de precariedad laboral y sin reconocimiento legal. Estos trabajadores dedican sus jornadas a recolectar materiales reciclables en los rellenos sanitarios, espacios donde enfrentan riesgos sanitarios constantes, ausencia de salario base y carencia de prestaciones sociales.
De acuerdo con un reportaje de Animal Político, el reciclaje que llevan a cabo estas personas extiende la vida útil de los rellenos, disminuye la contaminación ambiental y alimenta la economía circular al reincorporar plásticos, metales, vidrio, cartón y hasta aparatos electrónicos al mercado. Sin embargo, pese a la relevancia de su labor, los recicladores no cuentan con protección jurídica ni laboral, lo que los coloca en situación de vulnerabilidad ante accidentes, enfermedades o incluso la pérdida de su fuente de ingreso.

En los rellenos sanitarios, los recicladores se exponen a cortaduras con vidrios y metales, contacto con jeringas usadas y desechos hospitalarios, así como a sustancias químicas desconocidas que pueden ser tóxicas. Durante la pandemia de covid-19, esta falta de seguridad se agudizó, pues estuvieron en contacto directo con residuos biológicos sin recibir equipo de protección adecuado. Muchos de ellos debieron improvisar medidas sanitarias con recursos propios, a diferencia de otros sectores formales que sí tuvieron respaldo institucional.
El ingreso económico de quienes trabajan en esta actividad depende de lo que logren recuperar y vender, lo que significa que sus percepciones varían diariamente. En promedio, sus ganancias pueden oscilar entre 300 y 400 pesos al día, es decir, entre 7 mil 200 y 9 mil 600 pesos mensuales, pero sin acceso a servicios de salud ni derechos laborales. En caso de accidentes o enfermedades, deben cubrir por su cuenta los gastos médicos, lo que refuerza la fragilidad de su situación.
Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que en México se generan 108 mil toneladas de basura cada día, de las cuales al menos el 5% corresponde a materiales reciclables. Sin embargo, gran parte de estos desechos termina enterrada junto con el resto, debido a la falta de separación desde los hogares y a la ausencia de una política pública integral que reconozca y aproveche el papel de los recicladores.
Organizaciones como Práctica, Laboratorio para la Democracia, estiman que entre 135 mil y 400 mil personas dependen de esta actividad, aunque las cifras oficiales de la Secretaría de Economía sólo contabilizan a 148 mil, el 74.9% en condiciones de informalidad. A diferencia de otros países latinoamericanos donde el reciclador ya es reconocido como trabajador formal con derechos laborales, en México no existe aún una figura legal que los respalde.

El Movimiento Nacional de Recicladores y la Unión Lázaro Cárdenas han insistido en la necesidad de legislar en favor de este sector, con el objetivo de garantizar seguridad social, salarios justos y reconocimiento a una labor que resulta indispensable para enfrentar la crisis de los residuos en el país. La exclusión de los recicladores en el diseño de políticas públicas ha generado que sus necesidades queden relegadas, pese a que son un componente central en la cadena de manejo de basura.
El debate en torno a los residuos suele centrarse en los efectos ambientales o en la viabilidad económica de los rellenos sanitarios, pero rara vez incorpora la dimensión social y laboral que representa el trabajo de miles de recicladores. Para especialistas y representantes del gremio, dignificar este oficio pasa no sólo por su reconocimiento legal, sino también por un cambio en la conciencia social que valore la importancia de separar los desechos desde el hogar y de entender que detrás de cada material recuperado hay personas que sostienen con ello su vida y la de sus familias.
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