La organización Artículo 19 denunció que el nuevo organismo Transparencia para el Pueblo, encargado de garantizar el acceso a la información en el país, desechó el 99.6% de los recursos de revisión presentados por la ciudadanía, lo que representa un grave retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas.
De acuerdo con información difundida por el portal Animal Político, de los 2 mil 253 recursos recibidos por el organismo desde el inicio de sus funciones el pasado 12 de mayo, solo 457 han sido reportados como resueltos, y de esos, 455 fueron desechados, la mayoría por motivos estrictamente formales.
Artículo 19 advirtió que este patrón plantea serias dudas sobre la legitimidad y eficacia del nuevo órgano, cuya función es resolver los casos en los que las dependencias federales no responden a solicitudes de información. “En lugar de garantizar el derecho, Transparencia para el Pueblo se ha convertido en un muro burocrático”, expresó la organización en un comunicado público.
El problema central, señalan, radica en que el nuevo organismo no ha implementado mecanismos para ayudar a los solicitantes a corregir errores en sus trámites. Esto significa que, por tecnicismos o formalidades menores, las solicitudes son descartadas sin mayor análisis, lo que viola principios fundamentales establecidos en los artículos 148 y 169 de la Ley General de Transparencia, que exigen suplir las deficiencias de forma en favor del ciudadano.
A diferencia del desaparecido INAI, que operaba como un órgano autónomo, Transparencia para el Pueblo depende jerárquicamente del Poder Ejecutivo, lo que, según Artículo 19, pone en riesgo su imparcialidad, ya que las resoluciones podrían favorecer a las instituciones que niegan el acceso a la información.
Desde su creación, organizaciones civiles han advertido del riesgo de que el órgano encargado de revisar y resolver quejas se ubique dentro de la misma estructura gubernamental que debería vigilar. Lo que parecía una hipótesis se ha convertido en una realidad: la mayoría de los recursos presentados han sido desechados sin brindar soluciones.
El debilitamiento del acceso a la información no se limita al ámbito federal. Artículo 19 también señaló que en al menos 23 estados del país, los gobiernos locales han replicado esquemas similares, trasladando las funciones de los órganos de transparencia a contralorías estatales o secretarías anticorrupción, lo que reduce la autonomía de dichos mecanismos.
A esto se suma que 13 estados han reformado sus leyes para ampliar las causales de reserva de información, lo que incrementa la opacidad institucional en temas clave como seguridad, contrataciones públicas, uso de recursos o decisiones administrativas.
“El derecho de acceso a la información es una herramienta fundamental para la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la vigilancia del poder público. Su debilitamiento representa no solo un retroceso democrático, sino una vulneración directa a los derechos humanos”, enfatizó Artículo 19.
La organización concluyó haciendo un llamado urgente a restituir un órgano autónomo de transparencia, con capacidades técnicas y jurídicas para garantizar el derecho de acceso a la información, especialmente en un contexto donde el poder público acumula cada vez más facultades y menos controles ciudadanos.
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