Violenta censura contra la prensa

Adela Navarro Bello

Roxana Berenice Guzmán, periodista de Veracruz, fue sacada por la fuerza de su hogar, a la vista de sus familiares, por hombres armados que destrozaron la puerta de la casa para entrar y llevarse a la comunicadora. Eso sucedió el 2 de junio de 2026. Han pasado 22 días del violento hecho y nada se sabe del paradero de la reportera.

De hecho, la Fiscalía General de Veracruz ha dejado de informar a las organizaciones de defensa del gremio de comunicadores, como el Comité para la Protección a los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Ha habido un abandono total sobre la búsqueda de Roxana, la apatía que caracteriza al partido oficial está más presente que nunca en un caso en el que la vida de una ciudadana, dedicada a la libre expresión, está en riesgo.

La censura en México tiene muchas caras. La fatal es el asesinato de periodistas. En 26 años desde que se lleva un recuento, a 177 periodistas les han arrebatado la vida en México, de acuerdo con la organización Artículo 19; crímenes que además, viven el desprecio en fiscalías al registrar un 98 por ciento de impunidad. En México, los asesinos de periodistas rara vez terminan en prisión.

Pero hay otras formas de censura: la desaparición de periodistas. Van 33 en 26 años, siendo Roxana Berenice Guzmán la última en ser privada de su libertada, extraída de su hogar, arrancada de su familia de la forma más violenta posible ante la pasividad de las autoridades locales en Veracruz, y federales al haber la FGR atraído el caso para su investigación, dependencias que a 22 días del hecho no tienen resultados favorables a la libertad de la periodista.

En México, ante tanta impunidad, también se amenaza a los periodistas. Lo mismo lo hace un cártel de las drogas, una célula criminal o un funcionario o un Gobierno; y luego está el acoso, la difamación con intenciones de acabar con la credibilidad de un periodista y un medio. Y como si este escenario enrarecido y de riesgo para el ejercicio del periodismo de investigación en México no fuese de suyo ya peligroso, está el acoso y la persecución judicial.

En San Luis Potosí, dos periodistas fueron encarceladas, y unas siete u ocho personas más indiciadas, luego que el Gobierno de aquella entidad en manos del Partido Verde Ecologista en la persona del mandatario estatal Ricardo Gallardo Carmona, en el Congreso del E¿estado modificara el Código Penal de la entidad en noviembre de 2025 para castigar “el uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social”.

Un mes antes, en octubre de 2025, se había hecho un público un video donde supuestos miembros del Cártel del Golfo, hombres armados y encapuchados, soltaban una retaila acusando al Gobernador Gallardo Carmona de estar coludido con la competencia criminal, con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Por supuesto, el Gobernador verdecologista negó los señalamientos de los presuntos criminales, y acusó el uso de Inteligencia Artificial para hacer el video en comento. Con ese caso, un mes después de modificado el Código Penal, comenzó la persecución y cacería de periodistas. De aquellos que habían publicado el video en portales, sitios noticiosos, páginas o redes sociales. Entre ellas, las dos periodistas que estuvieron en prisión.

Jan-Albert Hootsen, del CPJ en México, explicó sobre la gravedad del caso: “Es que un grupo de varios periodistas, ocho, nueve, han sido acusados de un uso indebido de inteligencia artificial en unas coberturas sobre el Gobernador”.

Efectivamente, refieren que los periodistas señalados, todos han manejado de manera continua una línea crítica de periodismo de investigación sobre las políticas públicas del Gobernador Gallardo, y también sobre el hecho que, contrario a la premisa presidencial de no ejercer nepotismo en la asignación de candidaturas, el Gobernador de San Luis Potosí, trabaja para que la candidata del Partido Verde, aliado y coaligado a Morena, sea su esposa, la Senadora Ruth González Silva.

La persecución en contra los periodistas sería por la crítica que han vertido sobre las acciones de Gobierno y la intención de heredarle la candidatura, y probablemente el Gobierno, a la esposa del actual Gobernador. Por tanto, reflexiona Hootsen, “lo que vemos ahí es un intento muy claro de censura por parte del Gobierno estatal de San Luis Potosí. Lo que una de las periodistas nos comentó es que la acusación viene en principio desde la esposa del Gobernador y claramente tiene como intento pues vengarse, por parte del Gobernador a medios críticos”.

Las dos periodistas que fueron detenidas y encarceladas ya fueron liberadas, pero en el caso, los defensores de periodistas advierten presión, al menos por parte de la Fiscalía, dado que las mujeres se declararon responsables de los hechos para obtener su libertad. El acoso que viven los periodistas en San Luis Potosí ya ha llevado a compañeros a prisión, y lo más preocupante es que es un modelo que, al modo de Morena, se puede replicar en otros estados. Hootsen dice que en Tamaulipas se han hecho cambios similares al Código Penal.

Porque hasta donde se ha investigado por parte de los organismos en el caso San Luis Potosí, los periodistas no hicieron el video. Esa autoría se le atribuye efectivamente a un grupo de la criminalidad organizada. Los comunicadores, como suele suceder en estos casos, lo que hicieron fue difundir la videograbación, motivo por el cual el Gobierno de San Luis Potosí, con el apoyo de la Fiscalía, iniciaron la persecución. “Tenemos conocimiento de tres periodistas que fueron detenidos y encarcelados, sin embargo, el tercero no necesariamente fue detenido por el video, aunque él aparezca en la carpeta de investigación, sino posiblemente por algo más, pero no lo hemos podido confirmar todavía”, refirió Hootsen.

En dado caso, la acusación contra los periodistas no fue por la producción del video, sino por la difusión, lo que es enteramente su labor como comunicadores, es decir, se persigue y se encarcela a los periodistas por difundir información.

Artículo 19, por su parte, ha presentado una iniciativa “con proyecto de decreto con el objeto legal de derogar el artículo 187 TER, y derogar el capítulo V del título Cuarto, y derogar sus respectivos artículos 272 TER y 272 BIS del Código Penal del Estado de San Luis Potosí”. Relacionados con la “difusión dolosa de desinformación generada mediante inteligencia artificial” para castigar con de dos a cinco años de prisión “a quien de manera dolosa y con el propósito directo de generar alarma pública o alterar la paz social, fabrique, modifique o difunda, mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial, contenidos falsos o manipulados que se presenten como reales y que sean idóneos para producir un riesgo verificable a la paz pública o a la seguridad de las personas”, entre otros temas.

El caso San Luis Potosí es de harta gravedad: institucionaliza el acoso, la persecución sobre los periodistas críticos, a partir de la difusión de lo que Gobierno y Fiscalía consideren contenidos falsos o manipulados.

Otra forma de agresión a los periodistas es la impunidad. La revictimización de su dignidad y el derecho de los familiares a la justicia, a la reparación del daño. Hace unos días, el 22 de junio de 2026, se cumplieron 22 años del asesinato del periodista Francisco Javier Ortiz Franco. Él fue editor del semanario ZETA, y fue asesinado por sicarios del Cártel Arellano Félix, que en ese momento era comandado por Francisco Javier Arellano Félix y Arturo Villarreal Heredia, quienes habrían ordenado la muerte del periodista por la publicación de un reportaje que exhibía la colusión de esa mafia con la Procuraduría General de Justicia del Estado.

A 22 años del crimen, la familia de Francisco, los periodistas de Baja California y sus compañeros de ZETA, continúan exigiendo justicia en un caso cuyo expediente no ha sido integrado desde aproximadamente agosto y septiembre de 2004, cuando la investigación fue atraída por la entonces PGR.

En México no hay seguridad para los periodistas, mucho menos justicia. Lo que persiste es el acoso, la persecución, la muerte, la desaparición, todo en un entorno de censura preocupantemente más extendida, más violenta.