Ciudad de México, 18/06/26 (Más).- Organizaciones civiles y especialistas en derechos digitales advirtieron que la revisión del Capítulo 19 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría tener implicaciones directas en la regulación de datos personales, el desarrollo de la inteligencia artificial y la atención de la violencia digital, si México no adopta una postura estratégica en las negociaciones.
De acuerdo con la investigación de Animal Político, el T-MEC, en vigor desde el 1 de julio de 2020, establece una revisión conjunta en 2026 para evaluar su continuidad, lo que ha abierto la discusión sobre la actualización de sus disposiciones en materia de comercio digital.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, participa en reuniones en Estados Unidos como parte de la segunda ronda de conversaciones, en las que el comercio digital ha cobrado relevancia ante las posturas de los tres países involucrados.
Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y colectivos como la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales han señalado que el Capítulo 19 no ha sido revisado a profundidad y que actualmente prioriza el libre flujo transfronterizo de datos, sin incorporar mecanismos suficientes de protección a los derechos digitales.
La directora ejecutiva de R3D, Paulina Gutiérrez, explicó que una eventual renegociación del capítulo podría incluir el tratamiento de la inteligencia artificial dentro de las reglas de comercio digital, lo que plantearía desafíos en materia de regulación tecnológica y protección de datos personales.
Las organizaciones advierten que la falta de regulación adecuada podría afectar el acceso a la justicia en casos de violencia digital, debido a que las plataformas tecnológicas no siempre están obligadas a responder a requerimientos de autoridades locales cuando la información se encuentra almacenada en otros países.
Durante la presentación del posicionamiento “Digitalidad y derechos humanos: Los riesgos del T-MEC en materia de servicios digitales”, realizada el 3 de junio de 2026, activistas señalaron que la revisión del tratado representa una oportunidad para incorporar garantías más sólidas en materia de derechos digitales.
La activista Olimpia Coral Melo advirtió que la ausencia de mecanismos específicos para atender la violencia digital en el marco del T-MEC limita la posibilidad de acceso a la justicia para las víctimas, en un contexto donde este tipo de agresiones no reconoce fronteras.
Por su parte, la fundadora de la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales, Marcela Hernández Oropa, señaló que las empresas tecnológicas deben asumir responsabilidades claras en los países donde operan, incluyendo el cumplimiento de marcos regulatorios nacionales.
El investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS), Dardo Neubauer, advirtió que artículos del capítulo actual dificultan el acceso oportuno a evidencia digital, la rendición de cuentas y la auditoría de sistemas algorítmicos, elementos clave para la investigación de delitos en línea.
En este contexto, activistas han impulsado una campaña para visibilizar estas preocupaciones y promover la firma de una iniciativa pública, además del uso de la etiqueta #TMECSinDerechosNo en redes sociales.
El debate también incluye la regulación de la inteligencia artificial, ya que Estados Unidos impulsa reglas enfocadas en el libre flujo de datos y la reducción de barreras comerciales, lo que, según especialistas, podría limitar la capacidad de México para establecer controles más estrictos sobre el uso de estas tecnologías.
La Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (AMITI) ha planteado incluir temas como ciberseguridad e inteligencia artificial en la discusión del tratado, aunque especialistas advierten que el enfoque dominante podría favorecer la desregulación del sector.
Las organizaciones participantes sostienen que la revisión del T-MEC no debe limitarse a criterios comerciales, sino incorporar estándares de derechos humanos que garanticen la protección de las personas en el entorno digital frente a riesgos como la violencia en línea y el uso indebido de datos personales.
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