Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila 14/04/26 (Más).- Una propuesta de reforma legal intenta que en Coahuila los gobiernos e instituciones públicas dejen de tener una identidad gráfica a su gusto y actualizable con los cambios de administración y, en su lugar, se utilicen sólo símbolos y elementos oficiales sujetos a reglas permanentes.
La iniciativa fue presentada por Zulmma Guerrero Cázares, diputada del partido UDC, y plantea modificar la actual Ley sobre el Escudo del Estado de Coahuila y el Himno Coahuilense para ampliar su alcance y convertirla en una norma que también regule la identidad visual institucional de los poderes públicos, los organismos autónomos y los ayuntamientos.
En concreto, la legisladora propone que la ley pase a llamarse Ley sobre el Escudo, el Himno Coahuilense y la Identidad Visual Institucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objetivo de establecer bases legales para el uso de colores, logotipos, tipografías y demás elementos gráficos en la correspondencia, instalaciones, presentaciones, publicidad y comunicaciones oficiales de los entes públicos.
El planteamiento parte de que en Coahuila no existe una regulación integral con rango de ley sobre la imagen institucional del Estado. Según la exposición de motivos, el tema se atiende principalmente mediante manuales administrativos, como el Manual de Identidad Gráfica del Gobierno del Estado, pero esos instrumentos sólo obligan al Ejecutivo y no abarcan al Legislativo, al Judicial, a los organismos públicos autónomos ni a los ayuntamientos.
Además, al no haber reglas legales permanentes, la imagen institucional puede modificarse con cada administración, lo que abre paso a cambios de logotipos, eslóganes políticos y personalización de la imagen gubernamental.
La iniciativa busca atender justamente esta situación: que la identidad visual de las instituciones públicas deje de depender del estilo, intereses o estrategia política del gobierno en turno.
La diputada sostiene en su propuesta que la falta de una regulación uniforme genera inconsistencias, debilita la percepción de orden y coordinación institucional, puede afectar la confianza ciudadana y favorece el uso indebido de la imagen oficial con fines partidistas, personales o electorales.
También argumenta que la estandarización ayudaría a evitar rediseños innecesarios y gastos públicos dispersos, además de mejorar la accesibilidad y la inclusión en la comunicación gubernamental.
Por ello, la propuesta establece que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los organismos públicos autónomos y los ayuntamientos, así como sus dependencias y entidades, utilicen únicamente la identidad visual institucional definida conforme a la ley.
Esa identidad, de acuerdo con el proyecto, tendría un carácter permanente, sin depender de cambios de administración o de titulares, y debería ser representativa del pueblo, la historia, el arte, la cultura y la naturaleza coahuilenses, además de incorporar elementos gráficos del Escudo del Estado y hacer referencia a los valores y principios constitucionales de Coahuila.
La reforma también fija límites. Plantea que en ningún caso la identidad visual institucional podrá incluir referencias o elementos gráficos de partidos políticos, de gobiernos u órganos distintos a los del Estado mexicano, de poderes extranjeros, de particulares o entidades privadas, ni de personas funcionarias o titulares actuales o recientes de los poderes, organismos autónomos o ayuntamientos.
Sin embargo, frente a la propuesta de fijar una identidad visual institucional permanente y regulada por ley, el modelo actual ofrece a los gobiernos un margen de maniobra que ofrece ventajas como la de actualizar su imagen gráfica con mayor rapidez, adaptar campañas y mensajes a nuevas prioridades de gobierno, modernizar estilos de comunicación según el contexto tecnológico y social y caracterizar las prioridades gubernamentales en cada momento.
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