Ciudad de México, 11/12/25 (Más).- La posibilidad de que Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, obtenga su libertad anticipada se aleja cada vez más luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una nueva acusación en su contra por el presunto desvío de 10 millones de pesos durante su gestión al frente del gobierno estatal, entre 2010 y 2016.
La nueva causa penal, que se suma a otros procesos abiertos, se considera el primer paso de una serie de cargos adicionales que la FGR planea llevar ante los tribunales en los próximos meses.
La información fue publicada por El País, que señala que esta nueva imputación responde al presunto uso indebido de recursos públicos federales destinados al sector salud, los cuales, según la Fiscalía, fueron transferidos a una cuenta concentradora sin autorización ni justificación.
La acusación fue presentada a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que además solicitó al gobierno de Guatemala –país que extraditó a Duarte en 2017– autorización para juzgar al exmandatario por delitos distintos a los originalmente establecidos en el proceso de extradición.
El abogado defensor de Duarte, Pablo Campuzano, sostiene que esta nueva ofensiva judicial responde al intento fallido de obtener la libertad anticipada en noviembre pasado, tras haber cumplido más del 70 % de su condena por lavado de dinero y asociación delictuosa.
Según el abogado, la FGR solicitó el permiso a Guatemala el 19 de noviembre, cuando aún no se resolvía la petición de preliberación, lo que a su juicio constituye una represalia política. “Es un intento desesperado para evitar su salida. Para nosotros, es un castigo por ejercer un derecho”, afirmó.
Las audiencias judiciales sobre la preliberación concluyeron el 21 de noviembre, cuando la jueza federal Ángela Zamorano rechazó la solicitud de Duarte, argumentando que el exgobernador aún enfrenta un proceso abierto por presunta obstrucción de una investigación relacionada con desapariciones forzadas. Esa resolución lo obliga a cumplir su condena completa, que vence en abril de 2026.
No obstante, el proceso judicial sigue activo. La audiencia para imputar formalmente a Duarte por el nuevo cargo fue agendada luego de recibir la autorización de Guatemala –país que extraditó a Duarte en 2017– el 26 de noviembre. Sin embargo, el exgobernador no se presentó, alegando problemas de salud, por lo que la diligencia fue pospuesta sin nueva fecha definida.
La defensa del exgobernador argumenta que, si bien la transferencia de recursos a otra cuenta pudo ser una irregularidad administrativa, no constituye un delito, ya que no hubo beneficio personal y se trató de fondos destinados al pago de salarios. La FGR, en cambio, sostiene que existió un desvío de recursos, y en la acusación también involucra a otros exfuncionarios estatales, como el extesorero Tarek Abdalá, quien ahora colabora como testigo de la Fiscalía.
La gestión de Duarte es considerada una de las más corruptas en la historia reciente del país, con un boquete financiero superior a los 60 mil millones de pesos. A pesar del cambio de titular en la FGR, la nueva fiscal, Ernestina Godoy, ha decidido continuar con la ruta trazada por su antecesor, Alejandro Gertz Manero, en el caso Duarte. La semana pasada, también se intensificó la acción judicial contra otro exgobernador priista, César Duarte, lo que indica una línea clara de actuación contra casos emblemáticos de corrupción.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.