Ciudad de México, 07/10/26 (Más).- El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para sancionar con mayor severidad el acoso telefónico comercial, impedir llamadas publicitarias realizadas sin consentimiento y reforzar la protección de la privacidad de quienes reciben de manera reiterada ofertas de productos o servicios que no solicitaron.
De acuerdo con información de Animal Político, el dictamen fue avalado este miércoles tanto en lo general como en lo particular y no recibió reservas durante su discusión.
La reforma modifica y adiciona los artículos 18 Bis y 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y contempla un aumento considerable en las sanciones económicas para las empresas que incumplan las nuevas disposiciones.
La iniciativa fue presentada el 21 de octubre de 2025 por la senadora panista Mayuli Latifa Martínez Simón y tiene como objetivo establecer mecanismos para que los consumidores puedan expresar de manera efectiva su negativa a recibir comunicaciones comerciales. La propuesta también busca evitar que las compañías evadan responsabilidades cuando recurran a terceros para efectuar llamadas de carácter publicitario.
Uno de los cambios más relevantes es el incremento de las multas. De acuerdo con lo expuesto durante la sesión, actualmente la sanción puede ubicarse en 760 pesos, mientras que con la modificación aprobada podría alcanzar por lo menos 56 mil 570 pesos en los casos contemplados por la legislación.
Durante la presentación del dictamen, Martínez Simón sostuvo que la intención es responder a una práctica que se ha extendido entre empresas dedicadas a promover servicios, mercancías o productos financieros mediante llamadas insistentes.
“Lo que busca atender y resolver es un problema social que creció de manera alarmante en nuestro país y es el acoso telefónico comercial”, señaló la legisladora.
La senadora explicó que la reforma pretende impedir que una persona tenga que rechazar una y otra vez las mismas ofertas para que su decisión sea respetada; afirmó que los consumidores deberán contar con una protección más efectiva frente al uso de sus números telefónicos con fines publicitarios y que las compañías tendrán que respetar expresamente la voluntad de quienes no deseen recibir ese tipo de comunicaciones.
“Esta reforma representa una herramienta que inhibirá el acoso telefónico comercial y que contribuya a la voluntad del consumidor y que se respete su privacidad, tenga una protección mucho más efectiva y que su tranquilidad no dependa de cuántas veces tenga que repetir que no esté interesado en esos productos o en esas llamadas telefónicas”, expuso Martínez Simón ante el pleno.
La reforma también busca cerrar la posibilidad de que una empresa se deslinde de responsabilidad argumentando que las llamadas fueron realizadas por una compañía externa, un centro de atención telefónica o cualquier tercero contratado para promover productos y servicios. El propósito es que la negativa expresada por el consumidor se mantenga vigente independientemente de quién realice la comunicación.
Durante la discusión intervino también la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México, quien respaldó el dictamen y destacó el endurecimiento de las sanciones.
“Este dictamen es claro, ya que la multa actualmente es de 760 pesos y con este decreto va a subir por lo menos a 56 mil 570 pesos”, afirmó.
Corona Nakamura sostuvo que las nuevas disposiciones están dirigidas particularmente a las empresas que utilizan llamadas reiteradas para presionar a los consumidores a contratar productos, comprar mercancías o aceptar tarjetas de crédito.
“Este dictamen va dirigido a todas aquellas empresas que de una u otra manera se dedican únicamente a vender, a presionar para la compra de una mercancía, de un producto o una tarjeta de crédito insistentemente, permanentemente y sin respetar ni horarios ni tiempos”, indicó.
La legisladora agregó que las restricciones no deberían limitarse exclusivamente a las llamadas telefónicas, sino abarcar también otros mecanismos de contacto utilizados con fines publicitarios, entre ellos mensajes y correos electrónicos cuando no exista consentimiento de la persona para recibirlos.
Otro de los puntos planteados durante la sesión fue el origen de los datos personales utilizados por las empresas. Corona Nakamura cuestionó la manera en que distintas compañías consiguen números telefónicos de potenciales clientes y señaló la necesidad de fortalecer los mecanismos que permitan saber cómo se obtuvo esa información.
La reforma parte del principio de que disponer del número telefónico de una persona no significa contar automáticamente con autorización para llamarla con propósitos comerciales. Con ello se pretende reforzar el derecho de los consumidores a decidir si desean recibir publicidad y evitar que deban emplear tiempo de manera reiterada para rechazar productos o servicios.
“Todas las personas tenemos derecho a que las empresas dejen de llamarnos insistentemente, constantemente, una y otra vez, sin tener ninguna misericordia y con el único propósito de como de lugar engancharlos para comprar eso que nos están vendiendo”, sostuvo Corona Nakamura durante su intervención.
La senadora añadió que los consumidores no deberían permanecer sujetos a comunicaciones comerciales no deseadas de manera permanente. “No podemos pasarnos la vida rechazando ofertas ni dando explicaciones permanentemente a quien nos quieren vender algo por teléfono”, señaló al defender las modificaciones.
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