La propuesta sostiene que se vulnera derechos como la privacidad y el acceso a las telecomunicaciones. Con iniciativa de reforma legal buscan también destruir los datos ya recopilados
Ciudad de México, 09/07/26 (Más).- Movimiento Ciudadano (MC) presentó en el Senado de la República una iniciativa para eliminar la obligación de registrar las líneas de telefonía móvil mediante la vinculación con la Clave Única de Registro de Población (CURP), además de plantear que toda la información recopilada durante ese proceso sea destruida de manera definitiva.
La propuesta surge en un contexto de controversia por la implementación del padrón, así como por los recursos legales promovidos por miles de usuarios que cuestionan la protección de sus datos personales.
De acuerdo con información publicada por Infobae, la iniciativa fue impulsada por la vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano en el Senado, Alejandra Barrales, quien propone derogar los artículos 103, 164 fracción III y el Trigésimo Transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el propósito de eliminar por completo el esquema de registro obligatorio de líneas celulares.
La legisladora argumentó que condicionar el acceso al servicio de telefonía móvil al suministro de datos personales representa una afectación a derechos fundamentales, entre ellos el acceso a las telecomunicaciones y la protección de la información privada. Asimismo, sostiene que el Estado debe privilegiar mecanismos que respeten la privacidad de los ciudadanos sin limitar el acceso a un servicio considerado esencial para la comunicación.
La propuesta también contempla que toda la información obtenida durante la implementación del registro sea eliminada de manera permanente, con el objetivo de impedir que esos datos puedan reutilizarse, transferirse o emplearse para fines distintos a los originalmente planteados, ya sea por autoridades o por particulares.
Barrales señaló además que las acciones para combatir delitos como la extorsión telefónica, el fraude o el secuestro virtual deben fortalecerse mediante labores de inteligencia e investigación especializadas, y no a través del almacenamiento masivo de información personal de millones de usuarios de telefonía móvil.
Por su parte, el Gobierno de México ha defendido la permanencia del registro obligatorio al considerar que constituye una herramienta para fortalecer la seguridad pública y facilitar las investigaciones de delitos de alto impacto. Entre los argumentos oficiales se encuentra la intención de reducir el anonimato en el uso de líneas telefónicas, agilizar la identificación de los titulares durante las investigaciones ministeriales y homologar el modelo nacional con mecanismos de identificación utilizados en otros países.
Mientras el debate continúa en el Congreso de la Unión, el Partido del Trabajo manifestó una postura distinta a la de Movimiento Ciudadano al presentar un punto de acuerdo para respaldar la continuidad del registro obligatorio. Además, planteó reforzar las campañas de información dirigidas a la población y fortalecer las medidas de protección de datos personales, así como garantizar que el procedimiento sea accesible para comunidades indígenas, habitantes de zonas rurales y personas con discapacidad.

La discusión legislativa coincide con la decisión de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones de ampliar hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo para completar el registro obligatorio de líneas celulares, luego de reconocer que millones de usuarios no concluyeron el trámite dentro del periodo inicialmente previsto. Como parte de los nuevos lineamientos, las empresas de telefonía deberán enviar mensajes SMS para recordar a sus clientes la fecha límite para registrarse y advertirles sobre una posible suspensión del servicio si no cumplen con el proceso.
Actualmente, el registro obligatorio permanece vigente.
De acuerdo con las cifras difundidas, alrededor de 63 millones de líneas ya han sido registradas, aunque el mercado mexicano supera los 144 millones de líneas móviles activas. Paralelamente, más de 10 mil personas han promovido amparos contra la medida, mientras tribunales federales analizan diversos recursos relacionados con la protección de datos personales y la legalidad del esquema, en un debate que ahora suma la propuesta legislativa de Movimiento Ciudadano para modificar el futuro del registro obligatorio de telefonía móvil en México.
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