Ciudad de México, 09/10/26 (Más).- Estados Unidos advirtió que actuará contra funcionarios públicos que presuntamente colaboren o protejan a organizaciones del crimen organizado, incluidos gobernadores, como parte de la estrategia antidrogas impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
De acuerdo con información de El Financiero, Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, reiteró que Washington mantendrá su postura de perseguir a quienes faciliten las operaciones de los cárteles, sin importar el cargo público que ocupen, y destacó la importancia de fortalecer la cooperación con el Gobierno de México.
La funcionaria sostuvo que la administración estadounidense buscará que los servidores públicos y otras personas que colaboren con organizaciones criminales enfrenten consecuencias. En una entrevista con Voz Media, afirmó que la estrategia no distinguirá entre funcionarios de alto nivel y operadores de menor rango cuando existan señalamientos de colaboración con los grupos delictivos.
“El presidente Trump ha sido muy claro. Si ayudan o son cómplices de los cárteles, si colaboran con organizaciones terroristas, no nos importa si son el gobernador o si son la persona que trabaja en la plaza, en una pequeña tienda. Los encontraremos, iremos por ustedes y nos aseguraremos de que paguen las consecuencias”, declaró Carter.
La Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas difundió el jueves 8 de octubre un mensaje en su cuenta de la red social X, en el que reafirmó la postura estadounidense frente a los cárteles y los funcionarios señalados por presuntos vínculos con estas organizaciones. También reconoció la relevancia de mantener una colaboración estrecha entre Washington y el Gobierno mexicano.
Carter llamó a México a intensificar los esfuerzos conjuntos para combatir a los grupos criminales y afirmó que ambos países pueden establecer mecanismos de cooperación para reducir sus operaciones. La funcionaria señaló que Estados Unidos no permitirá que las organizaciones delictivas mantengan sus actividades sin enfrentar acciones de las autoridades.
Las declaraciones se producen después de las acusaciones estadounidenses contra Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia como gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios de su administración, a quienes se señaló por presuntamente proteger a integrantes de la facción de Los Chapitos, vinculada al Cártel de Sinaloa.
Ante esos señalamientos, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la administración de Trump no había presentado pruebas contundentes contra el mandatario sinaloense. Las acusaciones y la respuesta mexicana colocaron la cooperación bilateral en materia de seguridad entre los asuntos relevantes de la relación entre ambos países.
En paralelo, México ha realizado tres entregas masivas de personas requeridas por autoridades estadounidenses entre febrero de 2025 y enero de 2026. En esas operaciones fueron trasladadas 92 personas que permanecían recluidas en centros penitenciarios mexicanos y que, según las autoridades, estaban vinculadas con distintas organizaciones criminales.
La primera entrega se efectuó el 27 de febrero de 2025, cuando México trasladó a 29 personas requeridas por la justicia de Estados Unidos. Entre ellas se encontraban Rafael Caro Quintero y los hermanos conocidos como El Z-40 y El Z-42, identificados como figuras relevantes dentro de organizaciones delictivas.
La segunda operación tuvo lugar el 12 de agosto de 2025, con el traslado de otras 26 personas. Entre los nombres destacados figuraron Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, exlíder de Los Caballeros Templarios; Abigael González Valencia, conocido como El Cuini, y Juan Carlos Félix Gastélum, alias El Chavo Félix, señalado como operador de la facción encabezada por Ismael El Mayo Zambada.
La tercera entrega ocurrió el 20 de enero de 2026, cuando las autoridades mexicanas trasladaron a 37 personas consideradas un riesgo para la seguridad nacional. Entre ellas estaban Pedro Inzunza Noriega, conocido como El Señor de la Silla e identificado como segundo al mando de la organización de los Beltrán Leyva, y Armando Gómez Núñez, alias Delta 1, vinculado con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Las tres operaciones incluyeron a presuntos integrantes y operadores de organizaciones como los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, de Juárez y del Noreste, además de Los Zetas y los Beltrán Leyva.
Carter sostuvo que la administración de Trump mantendrá la presión contra los integrantes de los cárteles y quienes presuntamente los apoyen durante el resto del mandato presidencial. Asimismo, insistió en que la cooperación entre México y Estados Unidos será un elemento central para combatir a estas organizaciones.
Las declaraciones estadounidenses mantienen la atención sobre el alcance de las investigaciones contra presuntos colaboradores del crimen organizado, así como sobre los mecanismos de intercambio de información y coordinación entre ambos gobiernos. Hasta el momento, los señalamientos contra funcionarios específicos deben distinguirse de las responsabilidades que, en su caso, determinen las autoridades judiciales competentes.
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¿Cuándo va a hacer eso EEUU?
Tienen meses y meses amenazando y no actúan.
Es inaudito como la Presidenta prefiere proteger a delincuentes como Rocha, Andy, Adan y muchos mas anteponiendo los al país que gobierna. Será por miedo o complicidad?