Ciudad de México, 09/10/26 (Más).- El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó por tercera ocasión aprobar lineamientos para fiscalizar las actividades políticas que los partidos realizan antes del inicio formal de las precampañas, conocidas como “pre-precampañas”, rumbo a las elecciones de 2027, con lo que se mantiene pendiente la definición de reglas específicas para supervisar los recursos utilizados en esos procesos internos.
De acuerdo con información de Infobae, la propuesta presentada por los consejeros electorales Arturo Castillo, Martín Faz y Carla Humphrey no consiguió el respaldo mayoritario del Consejo General del organismo, en una sesión marcada por diferencias sobre las facultades de fiscalización de la autoridad electoral y los posibles efectos de la falta de regulación en la equidad de la contienda.
La votación concluyó con siete votos en contra y cuatro a favor. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, así como los consejeros Jorge Montaño, Norma de la Cruz, Uuc-kib Espadas, Frida Gómez Puga, Blanca Cruz y Arturo Chávez rechazaron el proyecto, mientras que los tres consejeros proponentes y Rita Bell López respaldaron los lineamientos.
La discusión se centró en la necesidad de establecer mecanismos para revisar los gastos que realizan los partidos políticos y sus figuras públicas antes del comienzo legal de las precampañas. Entre las actividades señaladas se encuentran recorridos territoriales, reuniones públicas, encuestas, traslados, propaganda y difusión de contenidos en redes sociales y otras plataformas digitales.
Arturo Castillo defendió la propuesta al señalar que el proceso electoral 2026-2027 comenzó formalmente el pasado 10 de septiembre y que la autoridad debe contar con herramientas para supervisar oportunamente los recursos utilizados por los partidos. Advirtió que la ausencia de disposiciones específicas podría dificultar la detección de posibles irregularidades antes de que concluyan las campañas.
El consejero, quien ha impulsado la iniciativa desde marzo y presentó una primera propuesta hace cuatro meses, sostuvo que la finalidad de los lineamientos era garantizar condiciones de competencia equitativas. También rechazó que el planteamiento tuviera como propósito favorecer a una fuerza política o beneficiar a sus promotores, al afirmar que se trata de una medida relacionada con las responsabilidades del organismo electoral.
Uno de los principales argumentos a favor de la regulación fue el desfase entre el momento en que se realizan las actividades políticas y la fecha en que se conocen los resultados de la fiscalización. Castillo explicó que los gastos correspondientes a los procesos internos se incorporarían a la contabilidad ordinaria de los partidos, cuyos resultados de revisión se conocerían hasta el segundo semestre de 2027.
De acuerdo con el planteamiento de los consejeros que respaldaron la iniciativa, ese calendario podría impedir que determinados gastos se contabilicen oportunamente dentro de los topes correspondientes a las precampañas o campañas electorales. En caso de detectarse irregularidades después de los comicios, las autoridades podrían enfrentar dificultades para corregir sus efectos sobre la competencia electoral.
Castillo aclaró que la propuesta no partía de considerar ilegales todas las actividades políticas realizadas antes de las precampañas, ni de asumir que constituyen automáticamente actos anticipados de campaña. El objetivo, explicó, era contar con mecanismos para identificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos, además de verificar su apego a la legislación vigente.
En sentido contrario, la consejera Norma de la Cruz cuestionó el contenido del proyecto y consideró que presentaba contradicciones que requerían un análisis más amplio. A su juicio, algunas de las conductas planteadas podían atenderse mediante el procedimiento especial sancionador, por lo que establecer nuevas disposiciones podría exceder las atribuciones de fiscalización del instituto.
Entre los aspectos que generaron diferencias se encontraron la revisión de propaganda, las publicaciones en redes sociales y la participación de personas servidoras públicas en actividades políticas. Las objeciones se relacionaron con los límites legales de la autoridad electoral para intervenir en los procesos internos de los partidos y determinar qué conductas requieren una revisión específica.
El debate también estuvo acompañado de señalamientos entre consejeros y representantes partidistas sobre la actuación del organismo, sus responsabilidades y la imparcialidad en la aplicación de las normas electorales. Las diferencias impidieron alcanzar un acuerdo para establecer un marco específico de supervisión de las actividades políticas previas a las precampañas.
Con el tercer rechazo de los lineamientos, el INE mantiene pendiente la aprobación de un mecanismo específico para fiscalizar esas actividades, mientras los partidos continúan sus procesos internos rumbo a la renovación de cargos de elección popular en 2027. La discusión deja abierta la cuestión sobre cómo y cuándo se revisarán los recursos empleados antes del inicio formal de las precampañas, así como el alcance de las facultades del instituto para intervenir en esas etapas.
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