Una mina que vale una guerra

En el desierto de Sonora, la reapertura de un yacimiento de oro desató una pugna entre empresarios, cárteles y el Estado, con epicentro en el yacimiento de La Ciénega. Alejandro Sánchez, empresario estadounidense con raíces locales, intentó reactivar la mina con fines altruistas, pero se topó con el dominio de Los Chapitos y la violencia de sus rivales

Redacción Más

En medio del desierto sonorense, la reactivación de una mina de oro abandonada desató una guerra soterrada entre fuerzas del Estado, inversionistas extranjeros y los cárteles más poderosos del país. El conflicto por La Ciénega, un yacimiento aurífero valorado en millones de dólares y ubicado en una ruta estratégica del narcotráfico hacia Estados Unidos, ha revelado con crudeza la simbiosis entre crimen organizado, debilidad institucional y corrupción en México.

El protagonista central de esta historia es Alejandro Sánchez, un empresario estadounidense con raíces en Hermosillo, que decidió recuperar la mina como una forma de retribuir al orfanato que lo acogió en su infancia, sin imaginar que su misión lo llevaría a enfrentarse a Los Chapitos y a la maquinaria de impunidad que protege al crimen.

La información, publicada originalmente por El País, documenta cómo Sánchez, nacido en Mexicali y criado en el Instituto Kino de Hermosillo, fue contactado en 2021 por un inversionista estadounidense cuyo yacimiento en Sonora había sido tomado por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

En un primer momento, Sánchez se mostró escéptico, pero cambió de parecer cuando se le ofreció destinar el 1% de las utilidades de la mina al orfanato donde creció. A partir de ese momento, emprendió una cruzada personal que lo llevó a tejer redes con empresarios, generales retirados y políticos, y a enfrentarse con el narcotráfico en una de las zonas más calientes del país.

Lo que Sánchez no sabía era que la mina se encontraba en el corazón de una región controlada por Los Chapitos y su brazo armado, los Deltas, un grupo paramilitar responsable de tomar al menos 200 ranchos y convertirlos en bases de operaciones. El yacimiento no solo era una fuente de oro: también funcionaba como enclave estratégico para el trasiego de armas y drogas al otro lado de la frontera.

Desde 2022, la organización criminal extraía hasta un kilo de oro por día y fundía el metal en lingotes que luego eran transportados en avionetas clandestinas. Las trabajadoras sexuales contratadas por los sicarios terminaron siendo la fuente clave de inteligencia que permitió ubicar a los líderes operativos, depósitos de armas y las rutas de tráfico.

Sánchez, que había logrado establecer contacto con un supuesto informante aliado del Ejército, terminó descubriendo que en realidad se trataba de un operador del Cártel de los Salazar, rival de Los Chapitos. A través de este canal, los Salazares comenzaron a filtrar información sobre sus enemigos, debilitándolos mientras avanzaban en la reconquista del territorio. El conflicto dejó de ser una disputa entre inversionistas y narcos, y se convirtió en una guerra entre facciones criminales, con el Estado como espectador y, en ocasiones, actor pasivo o cómplice.

En septiembre de 2024, tras meses de presión e insistencia, el gobierno de Sonora y la Secretaría de Marina desplegaron una operación conjunta para recuperar la mina. Participaron más de 100 policías, militares, helicópteros Black Hawk y un avión de combate. Para entonces, sin embargo, Los Chapitos ya habían sido advertidos y abandonaron la zona. Iván Archivaldo Guzmán, líder del grupo, ordenó la retirada de sus hombres minutos antes del operativo, evitando un enfrentamiento con las fuerzas del Estado.

Con la recuperación de La Ciénega, Sánchez volvió a la mina en junio de 2025, atravesando a toda velocidad los llamados “badenes de la muerte”, topes letales usados como trampas por los francotiradores del narco. La base policial establecida por el gobierno fue brevemente efectiva, pero poco después se redujo de 30 agentes a solo 6, hasta que una llamada directa de Sánchez al gobernador logró impedir su desmantelamiento. El proyecto volvió a andar, los inversionistas regresaron y Sánchez cumplió su promesa: empleó a jóvenes del orfanato, restauró instalaciones y garantizó que el 1% de las ganancias fueran donadas a la institución que lo formó.

Sin embargo, el riesgo persiste. Tras la salida de Los Chapitos, el Cártel de los Salazar exigió su “cuota” del 15% de las utilidades a cambio de seguridad, lo que Sánchez y su socio, Jonathan Cooper, rechazaron tajantemente. Cooper, que había invertido su fortuna personal y hasta una camiseta autografiada de Michael Jordan para sostener el proyecto, respondió con firmeza: “Váyanse a la mierda”. En represalia, el cártel ha continuado hostigando la región, enviando drones y pintando grafitis con sus iniciales en la zona de la mina.

La historia de La Ciénega es un reflejo claro de cómo el crimen organizado ha tomado el control de territorios completos donde el oro y la droga son moneda de poder. Sonora, que el gobernador Alfonso Durazo intenta convertir en un polo de atracción para inversiones estadounidenses, enfrenta una prueba crítica: demostrar que el Estado puede garantizar seguridad y justicia sin pactar con las mafias.

Hoy, mientras los trabajadores vuelven a remover tierra y extraer oro, Sánchez camina por los pasillos del Instituto Kino, marcado por la nostalgia y la convicción de que su lucha no ha terminado. En la capilla sin campanas, saqueada por ladrones, repite una frase que resume su travesía: “Quizás mi misión sea encontrarme a mí mismo, cerrar esas puertas al dolor y luego continuar con mi vida”. La mina sigue operando, pero las amenazas no cesan. En Sonora, una mina vale más que oro: vale una guerra.