Presa Endhó, Hidalgo, 12/10/26 (Más).- La presa Endhó, ubicada en Hidalgo, enfrenta una crisis ambiental caracterizada por la contaminación del agua, la proliferación de mosquitos y los riesgos para la salud de las comunidades ribereñas, mientras permanece pendiente el programa de implementación del decreto de restauración ecológica publicado en septiembre de 2024 por el Gobierno federal.
De acuerdo con información publicada El País, alrededor de 20 mil habitantes de las localidades cercanas al embalse han denunciado durante años los efectos de la degradación ambiental, que relacionan con la presencia de enfermedades crónicas, incluido el cáncer, así como con las condiciones insalubres que prevalecen en la región. A dos años del decreto, las autoridades ambientales sostienen que existen acciones en marcha, aunque el documento que debe establecer las medidas integrales de restauración continúa pendiente.
Uno de los testimonios recogidos por el medio es el de Alicia Vizuet Martínez, habitante de la comunidad General Pedro María Anaya, quien desde hace cuatro años enfrenta distintos tumores que han requerido intervenciones médicas. La mujer relató que le han retirado tumoraciones del corazón, la matriz, los senos y el hígado, aunque señaló que ningún médico le ha confirmado que su padecimiento tenga relación directa con la contaminación de la zona.
Vizuet Martínez también expresó su preocupación por las muertes por cáncer registradas entre familiares, amistades y vecinos. Su testimonio coincide con las inquietudes de otros pobladores, quienes consideran que la concentración de enfermedades en las comunidades cercanas a la presa requiere investigaciones epidemiológicas y ambientales más amplias.
Un antecedente citado en el reportaje es la investigación periodística Los Olvidados de Hidalgo, publicada en 2023, que documentó que las muertes registradas por cáncer en la región aumentaron 189 por ciento entre 2010 y 2020, frente a un incremento de 30 por ciento a nivel nacional durante el mismo periodo. Sin embargo, establecer una relación causal entre la contaminación y los casos individuales requiere estudios específicos que permitan identificar los factores involucrados.
El Estudio Técnico Justificativo elaborado para sustentar el decreto de restauración identifica diversos riesgos ambientales. Entre ellos figuran concentraciones de hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire y la presencia de arsénico en determinados pozos de agua subterránea, además de la exposición a partículas suspendidas y gases que pueden agravar enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
El documento también plantea la necesidad de realizar campañas de monitoreo de compuestos orgánicos volátiles para determinar su posible relación con los padecimientos crónico-degenerativos registrados entre la población. No obstante, el reportaje señala que no se dispone públicamente de un estudio epidemiológico integral que permita establecer con precisión la magnitud de esa relación.
La Secretaría de Salud federal y las autoridades estatales realizaron un censo en las comunidades cercanas a la presa entre finales de 2024 y principios de 2025. Sin embargo, los resultados no se han hecho públicos y, de acuerdo con las respuestas obtenidas por el medio mediante solicitudes de transparencia, las instituciones participantes señalaron no contar con registro de esos resultados.
En materia de restauración, Claudia Hernández Fernández, directora general de Restauración Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), explicó que el programa de implementación se retrasó después de que organizaciones y representantes comunitarios solicitaran una consulta indígena. La funcionaria sostuvo que existen acciones que pueden desarrollarse antes de la publicación formal del documento y afirmó que la propuesta incorpora un componente epidemiológico para conocer la problemática sanitaria de la región.
Durante una comparecencia legislativa, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, señaló que el programa se publicaría a finales de noviembre, según lo consignado en el reportaje. Sin embargó descrito por la publicación, no se había concretado su presentación oficial.
Entre los recursos destinados a las acciones ambientales, Hernández Fernández mencionó 61 millones de pesos para restauración forestal, 29 millones para restauración ecohidrológica y otros 13 millones en inversiones diversas y medidas relacionadas con la conmutación de multas. Por su parte, Mayela Godínez Alarcón, gerente de Planificación Hídrica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que se han destinado 600 millones de pesos a obras en el río Tula y la presa Endhó.
La funcionaria de Conagua explicó que se construyen colectores para conducir caudales procedentes de la ciudad de Tula de Allende hacia una planta de tratamiento de aguas ubicada en la zona. También sostuvo que los análisis efectuados durante 2023 y 2024 no identificaron concentraciones de metales pesados superiores a los límites normativos en los pozos evaluados, con excepción de uno, cuyo resultado atribuyó a condiciones geológicas naturales.
Sin embargo, el Estudio Técnico Justificativo y análisis de agua subterránea realizados en junio de 2023 por especialistas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua presentan resultados distintos. Las evaluaciones identificaron concentraciones de arsénico superiores a los límites permisibles en los pozos Manantial El Salado, Iturbide, San Francisco Bojay, Zaragoza, El Llano número 20 y V MEZ-85 Pozo Bojay.
En esos mismos puntos se detectaron excesos de nitratos, asociados en el documento con la infiltración de fertilizantes agrícolas y descargas de aguas residuales, además de compuestos orgánicos e industriales. Los resultados también apuntan a una posible transferencia de contaminantes desde el agua superficial hacia el acuífero, lo que mantiene abiertas las diferencias entre las evaluaciones oficiales citadas en el reportaje.
La contaminación de la presa tiene antecedentes que se remontan a varias décadas. Durante la década de 1950, el Gobierno federal construyó el embalse artificial sobre una superficie de aproximadamente mil 300 hectáreas, lo que implicó la inundación de terrenos y el desplazamiento de habitantes de la zona. En la década de 1970, la presa comenzó a recibir aguas residuales procedentes del Valle de México y de Tula de Allende, además de soportar los efectos de las actividades industriales de la región.
Entre las fuentes de contaminación señaladas figuran las descargas urbanas e industriales, los residuos de la refinería Miguel Hidalgo, la Central Termoeléctrica de ciclo combinado de Tula, el corredor industrial Tula-Atitalaquia-Tepeji y diversos tiraderos a cielo abierto. El Estudio Técnico Justificativo describe el problema como un proceso crónico de degradación que se ha prolongado durante más de 40 años.
De acuerdo con el mismo documento, la presa recibe en promedio 326 millones de metros cúbicos de aguas residuales al año, un volumen equivalente al doble de su capacidad. Parte de esa agua se utiliza posteriormente para el riego de cultivos en el Valle del Mezquital, situación que aumenta la preocupación por los posibles efectos de la contaminación sobre el suelo, los recursos hídricos y las actividades agrícolas.
A los problemas relacionados con la calidad del agua se suma la proliferación del lirio acuático, una planta que cubre amplias extensiones del embalse y favorece la reproducción de mosquitos del género Culex. Según el último monitoreo satelital citado en el reportaje, alrededor de 70 por ciento de la superficie de la presa estaba cubierta por esta vegetación durante septiembre.
Los registros muestran un crecimiento considerable de la plaga en los últimos años. En 2022 se contabilizaban aproximadamente 40 hectáreas de lirio, con una biomasa de 7 mil 700 toneladas; para 2024, la superficie alcanzaba 300 hectáreas y unas 50 mil toneladas. En el monitoreo más reciente referido por la publicación, la cobertura llegó a cerca de 860 hectáreas, con una biomasa estimada de 157 mil toneladas.
Conagua informó que desde enero había extraído alrededor de 139 mil metros cúbicos de lirio acuático, equivalentes a 56 albercas olímpicas, mediante 20 equipos de maquinaria pesada. La institución también reportó una reducción de 50 por ciento en la presencia de mosquitos tras las labores de fumigación y anunció recursos por 36 millones de pesos para mantener las acciones de control durante el próximo año.
Pese a estas medidas, habitantes y pequeños ganaderos de las comunidades ribereñas describen afectaciones cotidianas por la presencia de insectos, especialmente durante las tardes. Diego Rivela, quien mantiene un rebaño de ovejas en la localidad de Xijay de Cuauhtémoc, explicó que los mosquitos debilitan a los animales y afectan su reproducción, mientras que otros pobladores aseguran que los métodos de control disponibles no han sido suficientes.
El Movimiento Social por la Tierra y otros representantes comunitarios han mantenido durante años movilizaciones y reuniones con dependencias federales para exigir una respuesta integral. La organización considera que el decreto de septiembre de 2024 representó un reconocimiento oficial de la degradación ambiental, pero sostiene que los plazos establecidos y la falta de avances concretos han prolongado la incertidumbre de los habitantes.
Uno de los puntos centrales de las demandas sociales es que la restauración ambiental se acompañe de medidas sanitarias, estudios epidemiológicos públicos y vigilancia de las descargas industriales. Mientras Semarnat sostiene que su responsabilidad principal se concentra en la recuperación ecológica, los pobladores reclaman que las acciones también permitan esclarecer la frecuencia de las enfermedades y los posibles vínculos con los contaminantes presentes en el entorno.
La presa Endhó permanece así ante el desafío de revertir décadas de deterioro ambiental, controlar la expansión del lirio acuático y atender las preocupaciones sanitarias de las comunidades que viven en sus alrededores. La publicación del programa de restauración, la divulgación de los resultados de los estudios y la coordinación entre las autoridades ambientales y de salud figuran entre los asuntos pendientes para avanzar en la recuperación de la zona.
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