Uruapan, Michoacán, 12/10/26 (Más).- La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, convocó a una movilización nacional, pacífica y simultánea para el próximo 1 de noviembre, fecha en que se cumplirá el primer aniversario del asesinato de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo.
La jornada, denominada Marcha por la Justicia y la Paz, busca reunir a ciudadanos de distintas regiones del país para exigir el esclarecimiento de los crímenes, denunciar la violencia y reclamar atención para las víctimas de la delincuencia y sus familias.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, la presidenta municipal difundió la convocatoria mediante sus redes sociales el domingo 11 de octubre, con un llamado a convertir el aniversario luctuoso de Manzo en una manifestación colectiva contra la impunidad.
La intención, explicó, es que la protesta no se limite al caso de su esposo, sino que represente a quienes han sufrido homicidios, desapariciones, extorsiones, desplazamientos forzados y otras expresiones de violencia que afectan a numerosas comunidades mexicanas.
La convocatoria contempla la participación de madres buscadoras, familiares de personas desaparecidas, transportistas, comerciantes, productores agrícolas, periodistas, mujeres, jóvenes y habitantes de comunidades indígenas y rurales. Quiroz planteó que estos sectores, afectados de distintas maneras por la inseguridad, encuentren en la movilización un espacio para expresar sus demandas y exigir respuestas a las instituciones responsables de garantizar la justicia.
“Debe convertirse en la voz de quienes han sufrido y durante años no han sido escuchados”, expresó la alcaldesa al explicar el propósito de la manifestación, con la que pretende ampliar el alcance de las exigencias ciudadanas más allá de Uruapan y del estado de Michoacán.
El llamado nacional ocurre en medio de las gestiones que la presidenta municipal mantiene para conseguir que la Fiscalía General de la República (FGR) asuma la investigación del homicidio de Carlos Manzo, cometido el 1 de noviembre de 2025 durante una celebración pública del Festival de las Velas, en el centro de Uruapan. A casi un año de los hechos, Quiroz sostiene que todavía existen aspectos relacionados con la planeación del crimen y sus posibles responsables que deben esclarecerse.
Una de sus principales inconformidades se relaciona con el acceso al expediente judicial. La alcaldesa ha denunciado que sus representantes legales no han podido revisar la totalidad de la carpeta de investigación, situación que, desde su perspectiva, limita la posibilidad de conocer los avances de las diligencias y verificar si las autoridades han agotado las líneas de investigación sobre el asesinato.
El 7 de octubre, Grecia Quiroz acudió a la Cámara de Diputados para acompañar a la legisladora federal independiente Guadalupe Araceli Mendoza Arias, quien presentó una proposición con punto de acuerdo para solicitar que la FGR atraiga el caso. La iniciativa plantea la necesidad de profundizar en las investigaciones sobre la organización del homicidio, los recursos utilizados para ejecutarlo, posibles actos de encubrimiento y la eventual existencia de personas que se beneficiaron del crimen.
La solicitud busca trasladar la responsabilidad principal de las indagatorias al ámbito federal, aunque esa determinación corresponde legalmente a la Fiscalía General de la República. La alcaldesa ha insistido en la importancia de que las investigaciones permitan identificar no solamente a los participantes materiales, sino también a quienes pudieron ordenar, financiar o facilitar el asesinato del entonces presidente municipal.
Al día siguiente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la eventual intervención directa de la FGR dependerá de una decisión de la propia institución. “La atracción del caso tendrá que determinarlo la propia Fiscalía General de la República”, declaró el funcionario federal al responder sobre la petición presentada por Quiroz y respaldada mediante la propuesta legislativa.
García Harfuch también aseguró que mantiene comunicación con la alcaldesa y señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó proporcionar protección federal a la funcionaria municipal. Las medidas de seguridad se desarrollan en un contexto marcado por el asesinato de su esposo y por las exigencias públicas que Quiroz ha mantenido para esclarecer los hechos.
Respecto a los avances de las investigaciones, el titular de Seguridad informó que 33 personas han sido detenidas por su presunta relación con el homicidio. Entre ellas figuran individuos señalados de participar en labores de seguimiento y vigilancia de Carlos Manzo, así como en la organización y ejecución del ataque. Las autoridades también investigan la posible colaboración de trabajadores del ayuntamiento que habrían proporcionado información sobre los movimientos del exalcalde a integrantes de una organización criminal.
Entre las personas capturadas se encuentra Jorge Armando, identificado con el alias de “El Licenciado”, detenido el 18 de noviembre de 2025 y señalado por las autoridades como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato. También fue arrestado Samuel, quien se desempeñaba como director de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Uruapan y es investigado por supuestamente proporcionar información sobre los recorridos, horarios y actividades del entonces alcalde a integrantes del grupo delictivo.
Las investigaciones continuaron durante 2026 y, el 9 de septiembre, las autoridades federales anunciaron la detención de Alexis, identificado como presunto operador regional de una organización criminal con presencia en Uruapan. Su captura ocurrió en Zapopan, Jalisco, y, según García Harfuch, el detenido habría asumido funciones de liderazgo dentro del grupo después del arresto de El Licenciado.
Otro de los puntos de controversia entre Grecia Quiroz y las autoridades ministeriales está relacionado con los teléfonos celulares que pertenecieron a Carlos Manzo. La Fiscalía de Michoacán solicitó la entrega de los dispositivos para desarrollar diligencias relacionadas con las comunicaciones del exalcalde, incluida una revisión destinada a determinar si existieron posibles alteraciones en su cuenta de WhatsApp.
El 29 de septiembre, la institución estatal advirtió sobre la posibilidad de aplicar medidas de apremio, incluido un arresto, en caso de que persistiera la negativa a entregar los aparatos. Sin embargo, esa advertencia no constituyó una orden de aprehensión contra la alcaldesa, sino una referencia a los mecanismos legales que podrían utilizarse para obtener los dispositivos requeridos durante la investigación.
Quiroz manifestó su desacuerdo con estos requerimientos y aseguró que Omar García Harfuch le había indicado que no era necesario entregar el teléfono de su esposo a la Fiscalía estatal, debido a que las autoridades federales ya disponían de la información necesaria. También sostuvo que las comunicaciones privadas están protegidas por el artículo 16 de la Constitución y cuestionó que la atención institucional se concentre en los dispositivos personales mientras permanecen pendientes aspectos relacionados con el homicidio.
La investigación ha incluido declaraciones de Yesenia Méndez Rodríguez, quien fue secretaria particular de Carlos Manzo y mencionó un presunto vínculo entre Grecia Quiroz y Samuel, el exfuncionario municipal investigado por posibles filtraciones de información. La alcaldesa rechazó esos señalamientos y manifestó que la difusión de tales versiones busca afectar su imagen pública. Las afirmaciones forman parte de las controversias alrededor del expediente y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial de responsabilidad.
El asesinato de Manzo provocó una serie de investigaciones sobre la operación de grupos delictivos en Uruapan y sus posibles vínculos con personas que tenían acceso a información de la administración municipal. Desde entonces, la exigencia de esclarecer la participación de todos los involucrados se ha mantenido como una de las principales demandas de Quiroz, quien asumió la presidencia municipal después de la muerte de su esposo.
Durante la ceremonia del Grito de Independencia celebrada en septiembre pasado, la alcaldesa también recordó al exalcalde y a las personas afectadas por la delincuencia. “Esta noche hago un grito de justicia por Carlos, por todas las víctimas de la delincuencia, por un Uruapan libre y soberano”, expresó ante los asistentes, en una intervención que reflejó la continuidad de su reclamo público por el esclarecimiento del crimen.
La movilización convocada para el próximo 1 de noviembre pretende retomar esa exigencia y extenderla a otras regiones del país. En Uruapan, la concentración está prevista a las 10:00 de la mañana en el monumento a Lázaro Cárdenas, mientras que el llamado nacional plantea la realización de manifestaciones simultáneas y pacíficas para expresar el rechazo ciudadano a la violencia y la impunidad.
Con esta convocatoria, Grecia Quiroz busca que el primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo no se limite a una conmemoración familiar o municipal, sino que se convierta en una jornada nacional de protesta y solidaridad con las víctimas. La Marcha por la Justicia y la Paz tendrá como eje la exigencia de investigaciones efectivas, atención a los afectados por la delincuencia y respuestas de las autoridades frente a los homicidios, desapariciones y extorsiones que continúan marcando la vida de numerosas comunidades mexicanas.
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