Ciudad de México, junio 8. Dos empresas que han tenido como socios y operadores a personas señaladas por la Fiscalía General de la República como presuntos integrantes de una red de tráfico de armas tienen a su cargo la vigilancia de puntos de inspección, salas de espera, accesos y zonas perimetrales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, reveló una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
De acuerdo con la investigación firmada por Verónica Ayala e Iván Alamillo, la Secretaría de Marina asignó contratos por más de mil 194 millones de pesos a SERPROSEP SA de CV y Armour King SA de CV para servicios de seguridad en las terminales 1 y 2 del AICM, aeropuerto que recibirá a 5.5 millones de visitantes durante el Mundial.
El caso se centra en Jorge Enrique Alberts Ponce, alias “Yoryi”, y Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga, quienes, según la investigación, aparecen en actas mercantiles de SERPROSEP y Armour King. Ambos han sido señalados por la FGR como presuntos miembros de una organización criminal encabezada por Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, vinculada con tráfico de armas e hidrocarburos.
MCCI señala que Alberts Ponce cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de armas e hidrocarburos. En el caso de SERPROSEP, las actas mercantiles revisadas por la organización muestran que Alberts Ponce y Sainz de la Maza Zúñiga asumieron como accionistas en septiembre de 2020, sin que en los registros disponibles del Registro Público de Comercio aparezca algún documento que acredite su salida posterior de la empresa.
La segunda empresa beneficiada es Armour King SA de CV. En esa compañía, Alberts Ponce aparece como apoderado y Sainz de la Maza Zúñiga figura desde su constitución como comisario. Además, Armour King comparte con SERPROSEP a otros funcionarios y representantes, lo que, según la revisión de MCCI, muestra un patrón de intercambio de socios, administradores, comisarios, apoderados y delegados entre ambas compañías.
Entre las personas que aparecen en las dos estructuras corporativas está José Ángel Gómez Hernández, socio fundador y primer administrador de ambas empresas. También figura Óscar Humberto Bistrain Tenorio, accionista inicial de SERPROSEP y designado apoderado de Armour King en la misma asamblea en la que se dieron poderes a Alberts Ponce. Otro nombre señalado es Christian Pablo Varela Escobedo, representante recurrente en asambleas de ambas compañías y representante legal en SETER, otra empresa de seguridad que, de acuerdo con la FGR, habría sido usada para traficar armas.
MCCI también reportó que SERPROSEP y Armour King han registrado como domicilio una casa ubicada en Séneca 350, en Polanco. El inmueble, según la investigación, es propiedad del hijo de Julia Abdalá Lemus, pareja de Manuel Bartlett. La misma propiedad también habría sido ocupada por Acurgen, empresa en la que son socios Alberts Ponce y Sainz de la Maza Zúñiga.
La investigación señala que MCCI revisó la totalidad de las actas inscritas por SERPROSEP y Armour King en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México y no encontró documentos disponibles que acreditaran la salida de Alberts Ponce ni de Sainz de la Maza Zúñiga de esas empresas. En Armour King, Sainz fue designado comisario desde mayo de 2019, cuando se constituyó la compañía, mientras que Alberts fue nombrado apoderado en diciembre de 2021.
En junio de 2025, la Marina otorgó a SERPROSEP un contrato por cerca de 317.3 millones de pesos para prestar servicios de seguridad y vigilancia en puntos de inspección de personas y salas de espera del área internacional de la Terminal 1. El contrato tiene una vigencia de dos años, hasta mayo de 2027. En ese documento, la empresa reportó como domicilio la casa de Séneca 350, en Polanco.
Armour King recibió también en junio de 2025 tres contratos que suman más de 877.6 millones de pesos. Dos de ellos corresponden a la vigilancia de la zona perimetral, control de accesos, puntos de inspección de personas y salas de espera del área nacional de la Terminal 1. El tercer contrato incluye seguridad de la zona perimetral y control de accesos de la Terminal 2.
Los contratos fueron otorgados casi de manera simultánea. MCCI también documentó que en noviembre de 2023 SERPROSEP recibió un contrato por 154.7 millones de pesos en el que Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga aparece como representante y administrador único de la compañía. La investigación agrega que no es la primera vez que la Marina deja en manos de ambas empresas la seguridad del aeropuerto, pues desde 2023 han recibido contratos para vigilar distintas áreas del recinto.
La entrega de contratos continuó a pesar de que desde finales de noviembre se dio a conocer la investigación de la FGR sobre la red de Rocha Cantú, en la que aparecen mencionados Alberts Ponce y Sainz de la Maza Zúñiga. Según MCCI, aun después de esos señalamientos, las compañías han seguido recibiendo contratos de varias dependencias federales para vigilar instalaciones públicas.
El antecedente más grave citado por MCCI ocurrió el 2 de diciembre de 2025, cuando la organización dio a conocer que la propia FGR había otorgado al menos 30 contratos por más de 300 millones de pesos a Servicios Especializados de Investigación y Custodia, SEICSA, una de las compañías que, según la fiscalía, formaba parte de la red de huachicol y tráfico de armas de Raúl Rocha Cantú, copropietario del concurso Miss Universo.
De acuerdo con el expediente citado por MCCI, SEICSA, donde Alberts Ponce funge como apoderado, es una de cinco empresas de seguridad presuntamente usadas para adquirir, rematricular y traficar armamento para grupos criminales. La FGR sostiene que Alberts Ponce y Sainz de la Maza Zúñiga operaban el contrabando de armas mediante compañías de seguridad privada que administraban.
La causa penal refiere comunicaciones intervenidas en las que presuntamente los involucrados mantenían contacto con organizaciones criminales. Según el expediente, el grupo encabezado por Alberts Ponce y Jacobo Reyes León, alias “Yaicob”, abastecía armas rematriculadas a cárteles de la droga. El armamento se recibía con licencias de portación a nombre de Comercializadora de Bienes Segurimex, Servicios Terrestres de Seguridad Privada, SETER, y SEICSA, compañías controladas por Alberts Ponce, lo que habría permitido a los criminales evitar ser detenidos en flagrancia.
En una parte del expediente se señala que Jacobo Reyes León se encargaba de operaciones en Tamaulipas para armar a una persona identificada con los alias “CAPE” o “CAFEX”, señalada como líder del Cártel del Golfo, además de apoyar entregas de armas a personas en Tijuana. La causa penal también menciona comunicaciones sobre venta y renta de armas, como revólveres y escopetas, así como tráfico de licencias de portación presuntamente obtenidas mediante colusión de miembros del Ejército.
MCCI indica que Alberts Ponce también aparece vinculado con tráfico de hidrocarburos. Conversaciones telefónicas interceptadas por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lo relacionan con la importación ilegal de hidrocarburos desde Guatemala. En septiembre de 2025, Alberts presentó una demanda de amparo contra el aseguramiento de un inmueble en Querétaro, dentro de la carpeta FED/FEMDO/FEITATA-QRO/0000082/2025. Medios locales reportaron que el predio se encontraba en El Ahorcado, municipio de Pedro Escobedo, donde la FGR incautó seis carrotanques con hidrocarburo de procedencia ilícita.
La investigación también recuerda que MCCI reveló en noviembre de 2025 que Alberts Ponce participó, a través de Acurgen, en operaciones vinculadas con los fraudes de Segalmex y la Estafa Maestra. En 2019, el empresario se asoció con Gregorio Adrián Zamora Flores y Ricardo José Lambretón López Ostolaza, empresarios también relacionados con el fraude de Segalmex, en Grupo Aura, firma desarrolladora de complejos de lujo en Yucatán.
MCCI informó que el 5 de junio contactó a la Secretaría de Marina, dependencia que opera y administra el AICM, y le envió un cuestionario para saber si tenía conocimiento de que Alberts Ponce y Sainz de la Maza Zúñiga son señalados por la FGR como presuntos operadores de una red de tráfico de armas. También preguntó si la Marina sabía de la orden de aprehensión contra Alberts Ponce y si no considera riesgoso que compañías vinculadas a presuntos traficantes de armas tengan a su cargo la seguridad aeroportuaria.
La Secretaría de Marina respondió el 6 de junio, a través de la Dirección General del Grupo Aeroportuario, que, de ser el caso, dará vista a los órganos fiscalizadores para que investiguen y determinen lo conducente. También sostuvo que, mientras no exista una determinación firme de una autoridad jurisdiccional, no puede presumirse un riesgo al cumplimiento de los derechos y obligaciones adquiridos por las partes al formalizar los contratos.
El caso coloca bajo escrutinio la seguridad del principal aeropuerto del país en vísperas del Mundial, no sólo por el monto de los contratos, sino por el perfil de las empresas contratadas y por los vínculos corporativos de personas que aparecen en expedientes federales sobre tráfico de armas, huachicol y presuntas redes de corrupción.
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