Entre quienes compiten por una diputación local en Coahuila hay algunos con antecedentes de procedimientos en su contra. Entre las irregularidades hay falta de reportes de gastos y hasta peculado
Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila 28/04/26 (Más).- Entre los candidatos que buscan llegar al Congreso del Estado hay los que están sancionadas por violaciones a las reglas sobre financiamiento de campañas, los que tienen procedimientos abiertos por gastos no reportados y hasta los que tienen antecedentes judiciales por presunto peculado.
Las boletas electorales este 2026 incluyen perfiles que no sólo cargan trayectoria política, sino también expedientes ante autoridades electorales o penales.
En la revisión que realizó Más a las listas de mayoría relativa y representación proporcional aparecen aspirantes como Guillermo Ruiz Guerra, Cristina Amezcua, Esra Cavazos, Sol María Luna, Verónica Martínez, Héctor Hugo Dávila, María del Mar Arroyo y Julián Medrano, señalados en resoluciones del INE por irregularidades de fiscalización.
Además de morenistas como Delia Hernández, Eduardo Hernández, José Alberto Hurtado, Antonio Attolini, Rocío “Pily” de Aguinaga y Alfonso Almeraz, incluidos en procedimientos sancionadores de queja en materia de fiscalización.
Y el caso de Ignacio Lenin Flores Lucio, candidato plurinominal de UDC y exalcalde de Sabinas, vinculado a proceso en 2018 por un presunto peculado de 65.6 millones de pesos.
Los casos tienen alcances distintos: algunos concluyeron con multas personales, otros con sanciones a los partidos, algunos fueron desechados, sobreseídos o declarados infundados, y otros corresponden a antecedentes judiciales derivados del ejercicio de cargos públicos.
Los del PRI
En el bloque del PRI se ubica el expediente más amplio.
El 27 de abril de 2026, el Consejo General del INE resolvió el procedimiento INE/Q-COF-UTF/35/2026/COAH, iniciado a partir de una queja de Morena contra el PRI y diversos aspirantes a diputaciones locales para los comicios de este año. La denuncia señalaba presunta omisión de reportar ingresos y gastos, posibles aportaciones de entes impedidos o no identificados, publicaciones en Facebook y eventual rebase de topes de precampaña.
En esa resolución, el INE declaró fundado el procedimiento contra siete actuales candidatos priistas: Guillermo Ruiz Guerra, Cristina Amezcua González, Esra Ibn Cavazos del Bosque, Sol María Luna Adame, Verónica Martínez García, Héctor Hugo Dávila Prado y María del Mar Arroyo Peart.
En cambio, declaró infundado el procedimiento contra Felipe Eduardo González Miranda y Álvaro Moreira Valdés.
Las multas personales impuestas por el INE, de acuerdo a sus propios expedientes, fueron de 71 mil 793.72 pesos a Guillermo Ruiz Guerra; 59 mil 828.10 pesos a Cristina Amezcua González; 66 mil 749.39 pesos a Esra Ibn Cavazos del Bosque; 65 mil 107.05 pesos a Sol María Luna Adame; 64 mil 872.43 pesos a Verónica Martínez García; 146 mil 989.43 pesos a Héctor Hugo Dávila Prado, y 70 mil 034.07 pesos a María del Mar Arroyo Peart. Todos ellos participaban como candidatos a diputado local.
Además, el INE ordenó sumar montos a sus respectivos topes de gastos de precampaña, entre ellos 43 mil 820 pesos en el caso de Dávila Prado y 36 mil 595.82 pesos en el de María del Mar Arroyo.
La misma resolución también sancionó al PRI con una reducción de ministraciones hasta cubrir 1 millón 247 mil 376.34 pesos y dio vista al Instituto Electoral de Coahuila para que analizara posibles conductas de su competencia, particularmente por hechos vinculados con programas sociales, recursos públicos o promoción personalizada.
Esa vista no equivale por sí misma a una sanción local, sino al envío del caso para que otra autoridad determine lo procedente.
Otro priista aparece en un expediente separado: Julián Eduardo Medrano Aguirre, candidato por el distrito 15.
En el procedimiento INE/Q-COF-UTF/22/2026/COAH y acumulado, el INE declaró fundado el caso contra el PRI y Medrano, por la omisión de presentar informe de precampaña y gastos no reportados.
La sanción personal fue de 82 mil 117 pesos, equivalente a 700 UMA; además, el partido fue sancionado con 178 mil 196.62 pesos.
Los de Morena
En Morena, el panorama es distinto porque las resoluciones localizadas no tienen el mismo desenlace para todos los candidatos.
El INE enlistó procedimientos de fiscalización relacionados con Delia Aurora Hernández Alvarado, candidata del distrito 04; Eduardo Hernández Carrizales y José Alberto Hurtado Vera, vinculados al distrito 15; Antonio Attolini Murra, del distrito 09; Rocío Guadalupe “Pily” de Aguinaga Peraza, del distrito 10; nuevamente Eduardo Hernández Carrizales, por el distrito 14, y Alfonso de Jesús Almeraz Borjas, del distrito 05.
Uno de los casos morenistas con resolución fundada fue el de José Alberto Hurtado Vera. En el expediente INE/Q-COF-UTF/16/2026/COAH y acumulado, el INE determinó un beneficio derivado de pauta publicitaria en redes sociales y declaró fundado en parte el procedimiento contra Morena y Hurtado.
Sin embargo, la sanción económica localizada recayó en Morena, por 6 mil 379.92 pesos, y el INE ordenó cuantificar 3 mil 189.96 pesos al tope de gastos de Hurtado Vera; en esa resolución no se ubicó una multa personal contra el candidato.
En el caso de Antonio Attolini Murra, el expediente INE/Q-COF-UTF/17/2026/COAH y acumulado concluyó con desechamiento y sobreseimiento respecto de las conductas denunciadas contra Morena y el entonces precandidato.
Algo similar ocurrió con Rocío Guadalupe “Pily” de Aguinaga Peraza. En el expediente relacionado con su precandidatura, el INE desechó una parte, sobreseyó otra y declaró infundado el procedimiento contra Morena y la aspirante, al considerar que no se actualizaban las infracciones denunciadas en materia de fiscalización.
También fue revisado el caso de Alfonso de Jesús Almeraz Borjas, dentro del expediente INE/Q-COF-UTF/20/2026/COAH y acumulado. La autoridad fiscalizadora analizó publicaciones y posibles beneficios relacionados con propaganda en redes, pero la resolución terminó con desechamiento y sobreseimiento respecto de Morena y el candidato, por lo que tampoco debe presentarse como una sanción personal.
En el caso de Eduardo Hernández Carrizales, el propio INE lo vinculó a más de un procedimiento de fiscalización: primero aparece asociado con el expediente de José Alberto Hurtado Vera y, después, con otro asunto identificado como INE/Q-COF-UTF/19/2026/COAH y acumulado, correspondiente al distrito 14.
El de UDC
Fuera de los procedimientos electorales, el antecedente más relevante corresponde a Ignacio Lenin Flores Lucio, candidato de UDC por la vía plurinominal.
Flores Lucio fue alcalde de Sabinas y, en septiembre de 2018 fue vinculado a proceso junto con dos extesoreros municipales por un presunto peculado de 65.6 millones de pesos correspondiente a su administración. El proceso se siguió en libertad, aunque con medidas cautelares.
La revisión muestra que las candidaturas al Congreso local no sólo reúnen perfiles con experiencia partidista o de gobierno, sino también aspirantes que han pasado por expedientes formales ante autoridades electorales o judiciales.
En el caso del PRI, hay resoluciones del INE con multas personales; en Morena, procedimientos de fiscalización con resultados diferenciados, desde casos fundados hasta desechamientos, sobreseimientos o determinaciones infundadas, y en UDC, un antecedente penal ligado al desempeño de un exalcalde.
En todos los casos, la precisión es central: no toda denuncia equivale a sanción, pero la presencia de estos nombres en las boletas sí exhibe que los partidos postularon a perfiles con antecedentes públicos que forman parte de su trayectoria política y legal.
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