Dos exempleadas de Julio Iglesias presentaron una nueva querella en España para que se investiguen presuntas agresiones sexuales, explotación laboral y trabajo forzado ocurridos en 2021 en propiedades del cantante en Bahamas y República Dominicana. La acción busca reabrir un caso archivado en enero por falta de jurisdicción, mientras la defensa del artista mantiene que las acusaciones son falsas
Madrid, España, 05/09/26 (Más).- Los señalamientos de carácter sexual contra Julio Iglesias abrieron un nuevo capítulo luego de que dos antiguas trabajadoras del cantante español presentaron una nueva querella para que sean investigadas presuntas agresiones sexuales, explotación laboral y trabajo forzado ocurridos en 2021 en propiedades del artista en República Dominicana y Bahamas.
La acción revive un caso que había sido archivado meses atrás por cuestiones de jurisdicción y se suma a una serie de controversias que desde enero han colocado bajo escrutinio la conducta del intérprete con mujeres, tanto en el ámbito privado como en episodios públicos ocurridos durante décadas anteriores.
De acuerdo con información difundida por Animal Político, las denunciantes, identificadas con los nombres ficticios de Rebeca y Laura para proteger su identidad, son una trabajadora del hogar y una fisioterapeuta que estuvieron empleadas por Iglesias.
Ambas ya habían acudido ante las autoridades españolas en enero de este año, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó aquellas diligencias al considerar que España carecía de competencia para investigar hechos que presuntamente ocurrieron en Bahamas y República Dominicana. Ahora, acompañadas nuevamente por Women’s Link Worldwide, regresaron a los tribunales con una querella presentada el 3 de septiembre.
La nueva acción legal solicita investigar si las conductas denunciadas pueden constituir trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y delitos contra los derechos de las trabajadoras.
Según Women’s Link, las dos mujeres sostienen que Iglesias habría aprovechado su posición económica y de poder, así como la situación de vulnerabilidad en que ellas se encontraban, para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus residencias bajo un ambiente de intimidación.
Rebeca y Laura señalan que durante el periodo en que trabajaron para el artista habrían sido sometidas a acoso y agresiones sexuales continuadas, además de condiciones laborales que califican de forzadas y degradantes.
La querella fue presentada ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia español, que deberá determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación. Las denunciantes solicitaron también medidas de protección mientras se resuelve la nueva petición judicial.
Women’s Link sostiene que, a diferencia de lo determinado por la Fiscalía en enero, existen fundamentos para que los tribunales españoles conozcan del asunto debido a la nacionalidad española de Iglesias y a las disposiciones que permiten perseguir determinadas conductas cometidas en el extranjero.
“Según esta ley, si una persona española comete un delito fuera de España, España puede juzgarlo, siempre que ese mismo acto también se considere delito en el país donde ocurrió”, explicó la organización al fundamentar su nueva estrategia.
Su directora ejecutiva, Jovana Ríos Cisnero, añadió: “El Estado español tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia en igualdad y sin importar quién sea la persona denunciada”.
El escándalo comenzó a adquirir dimensión internacional el pasado 13 de enero, cuando elDiario.es y Univision Noticias publicaron una investigación desarrollada durante aproximadamente tres años a partir de testimonios de antiguas trabajadoras y otras fuentes vinculadas con las residencias de Iglesias. Los medios señalaron que revisaron documentación sobre la relación laboral de las mujeres y contrastaron sus declaraciones con antiguos empleados y profesionales que tuvieron conocimiento de las consecuencias que ellas atribuían a lo sucedido.
Las acusaciones se referían a hechos ocurridos principalmente durante 2021, cuando Iglesias tenía 77 años.
Una de las trabajadoras afirmó haber sido presionada para participar en encuentros sexuales y relató penetraciones que asegura no haber consentido, así como bofetadas y vejaciones. La segunda mujer denunció tocamientos, humillaciones y un ambiente de permanente control.
En la documentación presentada posteriormente ante las autoridades se añadieron señalamientos relacionados con violencia psicológica, física y económica, así como exigencias sobre pruebas médicas a las empleadas.
La primera denuncia había sido interpuesta el 5 de enero ante la Fiscalía española y provocó la apertura de diligencias preprocesales. Sin embargo, el 23 de enero la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió archivarlas, al concluir que no existía un vínculo material suficiente con España: las denunciantes eran extranjeras, no residían en territorio español y los hechos señalados habían ocurrido en países con capacidad para investigarlos. El archivo, sin embargo, se produjo por razones de jurisdicción y no porque las autoridades hubieran determinado que las acusaciones eran falsas o hubieran resuelto el fondo del asunto.
Women’s Link y Amnistía Internacional rechazaron entonces interpretar el archivo como una exoneración del cantante y anunciaron que buscarían otras vías legales. La propia resolución de la Fiscalía dejaba abierta la posibilidad de que las mujeres acudieran ante otros órganos judiciales. Esa circunstancia explica la querella presentada ahora, más de siete meses después, con la que la representación de Rebeca y Laura pretende que un tribunal vuelva a estudiar si España tiene facultades para investigar las conductas denunciadas.
Julio Iglesias ha rechazado desde enero todos los señalamientos. Después de la publicación de la investigación periodística difundió un comunicado en sus redes sociales en el que calificó las acusaciones de “absolutamente falsas” y negó haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer.
La defensa del cantante también reclamó desde las primeras diligencias que España carecía de jurisdicción para investigar hechos ocurridos en el extranjero, argumento que posteriormente fue acogido por la Fiscalía al decretar el archivo.
El cantante llevó posteriormente su defensa al terreno público y difundió en Instagram capturas de mensajes de WhatsApp que atribuyó a sus exempleadas y que, según su interpretación, demostrarían que mantenían una relación cordial con él durante y después del periodo laboral cuestionado.
Iglesias utilizó esas comunicaciones para sostener que las acusaciones carecían de veracidad. La difusión de los mensajes generó a su vez otra controversia, porque ocurrió mientras las identidades de las mujeres se encontraban protegidas y el procedimiento todavía tenía repercusiones judiciales.
Pero el escándalo de 2026 también provocó que reaparecieran antecedentes públicos sobre el comportamiento del cantante con otras mujeres. Uno de los casos que nuevamente recibió atención fue el de la actriz y conductora mexicana Verónica Castro, quien había contado en una entrevista difundida en 2022 que Iglesias la tocó en un glúteo sin su consentimiento durante un evento y que, tiempo después, durante una entrevista televisiva, la sujetó y la besó pese a que ella no había aceptado ese acercamiento. Castro explicó que después del primer incidente había mostrado reticencia a entrevistarlo nuevamente porque temía quedar expuesta a situaciones incómodas.
También volvieron a circular en enero grabaciones antiguas de apariciones televisivas del cantante. Entre ellas se encuentra una entrevista de 2005 con la presentadora argentina Susana Giménez, en la que se observa a Iglesias intentando besarla repetidamente mientras ella se aparta y trata de evitar algunos de los acercamientos.
Las imágenes, que años atrás habían sido tratadas principalmente como parte del estilo seductor con el que se promocionaba públicamente al artista, fueron recuperadas en redes sociales en medio de un nuevo debate sobre consentimiento y sobre comportamientos que durante décadas fueron normalizados en programas de entretenimiento.
La controversia también trasladó la disputa a los tribunales y a los medios de comunicación. Iglesias inició acciones legales contra elDiario.es, su director y varios periodistas por la publicación de la investigación que recogió los testimonios de sus antiguas empleadas. En mayo se celebró en Madrid un acto de conciliación en el que el cantante pretendía que el medio rectificara y eliminara sus publicaciones; elDiario.es se negó a retractarse y sostuvo la veracidad de su proceso periodístico, tras lo cual la defensa del artista anunció que continuaría con acciones por presuntas injurias y calumnias.
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