Ciudad de México, 29/07/2025 (Más). – Médicos forenses, peritos y personal de limpieza del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo) de la Ciudad de México han denunciado una década de hostigamiento laboral, acoso sexual y prácticas indebidas por parte de altos funcionarios del recinto, sin que hasta la fecha hayan recibido una respuesta efectiva de las autoridades judiciales o de derechos humanos.
El principal señalado es Enrique de la Cruz Hernández, actual coordinador administrativo del Incifo, a quien acusan de acoso sistemático contra trabajadoras de limpieza, discriminación laboral, violencia verbal y consumo reiterado de alcohol en el inmueble, incluso durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
Las denuncias, dirigidas a distintas instancias —incluidos el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, titular del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Nashieli Ramírez— han sido ignoradas, según relatan los propios trabajadores.
Las acusaciones contra De la Cruz Hernández no son aisladas. Lo vinculan con una red institucional de protección encabezada por Blanca Olimpia Patricia Crespo Arellano, quien hasta inicios de julio fungió como directora del Incifo, y Andrés Oriol Morales, actual subdirector de Tanatología, ambos señalados por generar un ambiente de acoso, nepotismo y encubrimiento.
“Enrique de la Cruz ha hostigado a las trabajadoras durante años, las ha insultado, tocado sin su consentimiento, llevado a limpiar su casa sin pagarles un peso”, se lee en el expediente CDHCM/V/122/CUAUH/23/D7541, en poder de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, que abrió una investigación en diciembre de 2023. A pesar de ello, no se ha iniciado ninguna acción legal ni administrativa contra el funcionario.
Trabajadores también han denunciado que las agresiones fueron puestas en conocimiento de las autoridades superiores del Instituto, sin obtener respuesta ni sanciones.
Además de las denuncias por acoso, se han documentado reportes internos que confirman el consumo de bebidas alcohólicas dentro del sótano del Instituto, donde De la Cruz Hernández fue sorprendido ingiriendo alcohol junto a personal de mantenimiento en al menos dos ocasiones durante 2020 y 2021, en plena pandemia.
Las actas, firmadas por el capitán Víctor Piña Herrera, dan cuenta de que los hechos fueron reportados a la Dirección de Seguridad del Poder Judicial de la CDMX, sin que se estableciera alguna sanción. Fotografías anexas a esos reportes, fechadas incluso en 2024, muestran botellas, latas de cerveza y supuestos “convivios” clandestinos en las instalaciones del Incifo.
“Se denota rebeldía, desacato y reincidencia. A pesar de todo, el licenciado De la Cruz sigue en funciones como si nada”, expresaron los trabajadores.
El 17 y 18 de septiembre de 2024, semanas antes del fin del sexenio, personal del Incifo entregó oficios a la oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia, denunciando malas prácticas internas y pidiendo una intervención urgente. Los documentos —recibidos oficialmente el 19 de septiembre— nunca fueron respondidos.
En ellos, los denunciantes señalaron también que Patricia Crespo firmó un acta de defunción del caso Wallace sin que existiera un cuerpo, y que Andrés Oriol Morales fue exhibido jugando con restos óseos durante un paro laboral. También anexaron antecedentes penales y presuntas denuncias de abuso sexual de Morales, documentadas en 1998 y 2001, las cuales tampoco han sido consideradas por las autoridades judiciales.
La gravedad de las condiciones internas del Incifo llevó a su personal a sumarse al paro activo del Poder Judicial de la CDMX en junio de 2025, en demanda de aumentos salariales, insumos de trabajo y condiciones laborales dignas. Las protestas incluyeron quejas por falta de materiales para identificación forense, un elemento clave en el sistema de justicia local.
“¿Cómo vamos a dar resultados si no tenemos ni lo mínimo?”, denunciaron entonces los trabajadores, recordando que la labor forense está directamente ligada al derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.
Al cierre de esta edición, ni el Poder Judicial de la Ciudad de México ni la Comisión de Derechos Humanos capitalina han emitido respuesta formal a los cuestionamientos sobre el estatus de las denuncias, pese a los múltiples intentos por parte de medios y de los propios afectados.
Las y los trabajadores del Incifo exigen ahora que se garantice su derecho a laborar en un entorno libre de violencia y abuso, se investigue a fondo a los funcionarios señalados y se rompa el silencio institucional que, hasta ahora, ha favorecido la impunidad.
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